En otros tiempos fue el símbolo de una Justicia valiente y la esperanza en una regeneración de la democracia española fraguada en los tribunales, pero hoy Baltasar Garzón, desprestigiado y sospechoso de alta politización, es ya un estorbo para la Justicia y todo un símbolo que refuerza la sospecha del sometimiento del poder judicial a los intereses del poder Ejecutivo.
En su causa contra la corrupción en el PP, Garzón se ha inhibido en favor de los tribunales de Madrid y Valencia, después de que la Fiscalía dijera que no encontraba indicios para juzgar a los altos cargos del PP que fueron acusados y públicamente denigrados en vísperas de las elecciones vascas y gallegas.
La operación ha puesto de relieve ante la sociedad española no sólo que la corrupción está incrustada en el tuétano de los grandes partidos políticos, sino también el posible oscuro matiz político de las acusaciones del juez, adobadas por unas ilegales filtraciones a la prensa aliada del gobierno, probablemente con el único objetivo era "desprestigiar" y "restar votos" al Partido Popular en plena campaña electoral vasca y gallega.
La situación actual es compleja y dual. Si Garzón tiene razón y los tribunales superiores de Madrid y Valencia encuentran delitos de corrupción en el Partido Popular y en los altos cargos implicados, Baltasar Garzón recuperará su fuerza como juez implacable y perseguidor de corruptos, aunque siempre bajo la sospecha de que su ideología le inclina a persiguir con especial celo a la derecha. Pero si esos tribunales no encuentran delitos en el PP, entonces lel juez quedará bajo profunda sospecha de arbitrariedad y los daños causados por Garzón al Partido Popular y al honor y a la fama de los acusados durante la campaña electoral reciente, con la ayuda del diario "El País" y la cadena "SER", receptores de las filtraciones interesadas y fustigadores de los presuntos corruptos del PP, quedarán sin reparación y se agregarán a la ya gruesa y vergonzosa alforja de la Injusticia española.
La reciente desacreditación de Garzón por parte de la Fiscalía, unida a los otros muchos "pecados" del juez, el más famoso de los cuales quizás sea su "cacería" inoportuna y escandalosa con el ya dimitido ministro de Justicia Bermejo, son motivos más que suficientes para la dimisión de un juez que, ante una parte importante de la sociedad española, está bajo sospecha.
En cualquier país democrático de nuestro entorno, Garzón quizás ya no estuviera en la nómina de los grandes jueces y mucho menos se atrevería a aspirar a presidir la Audiencia Nacional, último movimiento sorprendente del decepcionante Juez Estrella español.
En su causa contra la corrupción en el PP, Garzón se ha inhibido en favor de los tribunales de Madrid y Valencia, después de que la Fiscalía dijera que no encontraba indicios para juzgar a los altos cargos del PP que fueron acusados y públicamente denigrados en vísperas de las elecciones vascas y gallegas.
La operación ha puesto de relieve ante la sociedad española no sólo que la corrupción está incrustada en el tuétano de los grandes partidos políticos, sino también el posible oscuro matiz político de las acusaciones del juez, adobadas por unas ilegales filtraciones a la prensa aliada del gobierno, probablemente con el único objetivo era "desprestigiar" y "restar votos" al Partido Popular en plena campaña electoral vasca y gallega.
La situación actual es compleja y dual. Si Garzón tiene razón y los tribunales superiores de Madrid y Valencia encuentran delitos de corrupción en el Partido Popular y en los altos cargos implicados, Baltasar Garzón recuperará su fuerza como juez implacable y perseguidor de corruptos, aunque siempre bajo la sospecha de que su ideología le inclina a persiguir con especial celo a la derecha. Pero si esos tribunales no encuentran delitos en el PP, entonces lel juez quedará bajo profunda sospecha de arbitrariedad y los daños causados por Garzón al Partido Popular y al honor y a la fama de los acusados durante la campaña electoral reciente, con la ayuda del diario "El País" y la cadena "SER", receptores de las filtraciones interesadas y fustigadores de los presuntos corruptos del PP, quedarán sin reparación y se agregarán a la ya gruesa y vergonzosa alforja de la Injusticia española.
La reciente desacreditación de Garzón por parte de la Fiscalía, unida a los otros muchos "pecados" del juez, el más famoso de los cuales quizás sea su "cacería" inoportuna y escandalosa con el ya dimitido ministro de Justicia Bermejo, son motivos más que suficientes para la dimisión de un juez que, ante una parte importante de la sociedad española, está bajo sospecha.
En cualquier país democrático de nuestro entorno, Garzón quizás ya no estuviera en la nómina de los grandes jueces y mucho menos se atrevería a aspirar a presidir la Audiencia Nacional, último movimiento sorprendente del decepcionante Juez Estrella español.
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