El trato que reciben los autónomos del gobierno de España es injusto, inmerecido y cruel. Son las principales víctimas de la actual crisis y, abandonados por el gobierno de Zapatero, están cayendo como moscas. Más de 300.000 han tenido que salir de la actividad económica y productiva, engrosando las filas del paro y la pobreza. Para colmo de males, ayer, al manifestarse ante las Cortes para protestar por su maltrato y pedir socorro, al romper el cordón policial, fueron apaleados sin misericordia por la policía del gobierno.
Es el colectivo que crea más empleo, junto con la pequeña empresa, pero es el menos protegido por la Seguridad Social y el peor tratado por Hacienda, que los somete a una injusticia fiscal constante y especialmente cruel. Obligar a los autónomos y empresarios a que paguen al Fisco, por anticipado e inmediatamente, el IVA de todo lo que facturan, aunque no hayan cobrado esa factura o aunque tarden más de un año en cobrarla, es una flagrante injusticia y un abuso de poder del gobierno, aunque esa norma esté protegida por una ley.
Para los autónomos, masacrados por la injusticia y empujados hacia la ruina por el gobierno, debe ser duro comparar su triste situación con el lujo, los privilegios y las ventajas de muchos políticos, entre ellos muchos diputados del congreso (Michavila, Acebes y Leire Pajín, entre otros), que, según denuncian los medios de prensa en estos días, reciben tres sueldos, lo que les permite, sin ni siquiera tener que asistir a las sesiones de la Cámara, embolsarse unos 20.000 euros mensuales.
En democracia, las leyes son justas o injustas con independencia de hayan sido o no aprobadas por el Parlamento legalmente elegido.
Esa norma abusiva, que obliga a los empresarios a financiar al Estado anticipando el dinero que no han cobrado y que es causa de la ruina de muchas empresas, es todavía más injusta y aberrante en tiempos de crisis, cuando las empresas, sin financiación, acosadas por la escasa demanda, la morosidad y la depresión general de la economía, están obligadas a anticipar a la Hacienda Pública, para alimentar la avaricia del poder político, parte del dinero que no han cobrado y que ni siquiera saben si cobrarán.
La eliminación de esa injusticia le ha sido solicitada al gobierno de Zapatero por algunos partidos políticos de inspiración liberal y por diversas asociaciones empresariales y de autónomos, que la señalan como abusiva y manifiestamente injusta, pero el gobierno, arrogante y, en este caso, también opresor y avariento, se niega a eliminar esa barbaridad jurídica y económica que asfixia a las empresas.
Si a ese drama se agrega el dato de que las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares a la hora de pagar sus deudas, debe en estos momentos más de 32.000 millones de euros a las empresas privadas, la "opresión", la injusticia y el abuso gubernamental es todavía más sangrante e incomprensible en democracia.
De ese modo, el Estado, creado por los ciudadanos libremente para solucionar sus problemas y garantizar la Justicia, la convivencia y la paz, se convierte no sólo en depredador y en fuente de inestabilidad, angustia y dolor ciudadano, sino también en un lastre para el desarrollo y el verdadero progreso.
Los empresarios saben que la CEOE podría haber acabado con esta injusticia si se hubiera plantado ante el gobierno, pero esa plante implicaría un pulso que pondría en peligro los muchos millones que la organización empresarial recibe del gobierno español a cambio de lo que unos llaman "paz social" y otros "silencio".
Entre los mayores problemas políticos de España figuran el terrible desequilibrio de los poderes, la devaluación del ciudadano y la ausencia de una verdadera democracia. El pueblo y la sociedad civil, ante injusticias flagrantes como el trato discriminatorio a los autónomos y pequeños empresarios, no pueden hacer otra cosa que "rogar" al poder del Estado, a ser posible con humildad, que rectifique y repare el daño, algo que el gobierno hará sólo si le da la gana.
Si esto es democracia, que venga Dios y lo vea.
Es el colectivo que crea más empleo, junto con la pequeña empresa, pero es el menos protegido por la Seguridad Social y el peor tratado por Hacienda, que los somete a una injusticia fiscal constante y especialmente cruel. Obligar a los autónomos y empresarios a que paguen al Fisco, por anticipado e inmediatamente, el IVA de todo lo que facturan, aunque no hayan cobrado esa factura o aunque tarden más de un año en cobrarla, es una flagrante injusticia y un abuso de poder del gobierno, aunque esa norma esté protegida por una ley.
Para los autónomos, masacrados por la injusticia y empujados hacia la ruina por el gobierno, debe ser duro comparar su triste situación con el lujo, los privilegios y las ventajas de muchos políticos, entre ellos muchos diputados del congreso (Michavila, Acebes y Leire Pajín, entre otros), que, según denuncian los medios de prensa en estos días, reciben tres sueldos, lo que les permite, sin ni siquiera tener que asistir a las sesiones de la Cámara, embolsarse unos 20.000 euros mensuales.
En democracia, las leyes son justas o injustas con independencia de hayan sido o no aprobadas por el Parlamento legalmente elegido.
Esa norma abusiva, que obliga a los empresarios a financiar al Estado anticipando el dinero que no han cobrado y que es causa de la ruina de muchas empresas, es todavía más injusta y aberrante en tiempos de crisis, cuando las empresas, sin financiación, acosadas por la escasa demanda, la morosidad y la depresión general de la economía, están obligadas a anticipar a la Hacienda Pública, para alimentar la avaricia del poder político, parte del dinero que no han cobrado y que ni siquiera saben si cobrarán.
La eliminación de esa injusticia le ha sido solicitada al gobierno de Zapatero por algunos partidos políticos de inspiración liberal y por diversas asociaciones empresariales y de autónomos, que la señalan como abusiva y manifiestamente injusta, pero el gobierno, arrogante y, en este caso, también opresor y avariento, se niega a eliminar esa barbaridad jurídica y económica que asfixia a las empresas.
Si a ese drama se agrega el dato de que las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares a la hora de pagar sus deudas, debe en estos momentos más de 32.000 millones de euros a las empresas privadas, la "opresión", la injusticia y el abuso gubernamental es todavía más sangrante e incomprensible en democracia.
De ese modo, el Estado, creado por los ciudadanos libremente para solucionar sus problemas y garantizar la Justicia, la convivencia y la paz, se convierte no sólo en depredador y en fuente de inestabilidad, angustia y dolor ciudadano, sino también en un lastre para el desarrollo y el verdadero progreso.
Los empresarios saben que la CEOE podría haber acabado con esta injusticia si se hubiera plantado ante el gobierno, pero esa plante implicaría un pulso que pondría en peligro los muchos millones que la organización empresarial recibe del gobierno español a cambio de lo que unos llaman "paz social" y otros "silencio".
Entre los mayores problemas políticos de España figuran el terrible desequilibrio de los poderes, la devaluación del ciudadano y la ausencia de una verdadera democracia. El pueblo y la sociedad civil, ante injusticias flagrantes como el trato discriminatorio a los autónomos y pequeños empresarios, no pueden hacer otra cosa que "rogar" al poder del Estado, a ser posible con humildad, que rectifique y repare el daño, algo que el gobierno hará sólo si le da la gana.
Si esto es democracia, que venga Dios y lo vea.