Cuando las encuestas reflejan un intenso rechazo a los políticos y una parte importante de los españoles clama para que la política se dignifique y la "casta" pierda ventajas y privilegios que no merece, el Partido Popular, el PSOE y CIU se han aliado para oponerse a una iniciativa presentada en el Congreso por UPyD, que pretendía cambiar el régimen retributivo de los ex presidentes del Gobierno para que éstos no puedan compatibilizar las percepciones públicas con otras privadas, como las que cobran Felipe González y José María Aznar de dos empresas energéticas.
La proposición no de ley que ha defendido el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán pretendía limitar temporalmente las prerrogativas que tienen los ex presidentes cuando cesan de su cargo y que se estableciera un régimen de incompatibilidades, más por motivos de "ética pública" que por políticas de ahorro.
Pero el PP, el PSOE y CiU, demostrando un corporativismo nauseabundo y una nula sensibilidad ante las demandas de la sociedad española, han coincidido en rechazar este martes, en el Pleno del Congreso, la propuesta de UPyD, apoyada por IU-ICV-CHA, de poner límites a las pensiones de las que disfrutan los expresidentes del Gobierno y hacerlas incompatibles con honorarios privados.
La iniciativa fue defendida por el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien considera "de ética política" acabar con estos "privilegios" de "casta política" e imponer "el principio de igualdad ante la ley", empezando por los presidentes del Gobierno, que tienen especial "ejemplaridad".
Los exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y, desde 2008 pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello.
Además, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, perciben, como lo hará a partir del próximo ejercicio José Luis Rodríguez Zapatero, una pensión de alrededor de 80.000 euros al año cada uno que pueden compatibilizar con los ingresos y rendimientos que obtengan como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.
La propuesta de UPyD, planteada la pasada legislatura por Rosa Díez, busca limitar en el tiempo las prerrogativas de los exmandatarios y hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes de la empresa privada, como ahora ocurre con Felipe González y José María Aznar, 'fichados' respectivamente por Gas Natural y Endesa con sueldos superiores a los 130.000 euros anuales
Para Martínez Gorriarán, el problema no es la cuantía de esa partida presupuestaria, aunque cree que "no es poco" teniendo en cuenta que a lo largo de los años se ha ido extendiendo a expresidentes autonómicos, exministros o exconsejeros, sino ético y de respuesta a la sensibilidad ciudadana, que demanda el fin de los grandes privilegios de la fracasada casta política española.
La iniciativa contó con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, José Luis Centella, que hizo especial hincapié en las incompatuibilidad argumentando que los expresidentes, como "los jarrones chinos", deben ser "cuidados y mimados" en casa, pero no ponerse la venta al mejor postor.
También el portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban, incidió en la conveniencia de no permitir compatibilidad entre las retribuciones públicas y las privadas de los expresidentes --"O a setas, o a Rolex", resumió gráficamente--. Ahora bien, dijo discrepar de la "política espectáculo" de este tipo de propuestas contra quienes se dedican a la política.
También el nacionalista catalán Jordi Jané censuró la "política espectáculo" de este tipo de iniciativas y avisó de que los propios políticos deberían evitar ese tipo de polémicas que contribuyen al desprestigio de la su actividad.
El PP y el PSOE fueron aún más claros en su rechazo a la propuesta. Para el socialista Nacho Sánchez Amor, el estatuto de los expresidentes del Gobierno es precisamente "la mejor garantía" para separar los intereses públicos de los privados y subrayó que, si se recurre a la experiencia de los exmandatarios, siempre será mejor que acudan con el respaldo de fondos públicos en lugar de que estén a merced de una empresa privada.
Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, descalificó la iniciativa por "efectista" y remarcó que la regeneración democrática es "incompatible con la demagogia". A su juicio, la sociedad entiende que sus expresidentes del Gobierno no estén en su situación de "infrarepresentación institucional", por lo que pidió "desterrar planteamientos facilones".
La arrogancia y la falta de sensibilidad del PSOE, PP y CIU ante las demandas ciudadanas les incapacita para representar a la gente decente y demócrata de España y los hace representantes, únicamente, de la "casta" política y de sus intereses propios, antepuestos, una y otra vez, por esos partidos políticos al bien común, al interés general y a la voluntad política mayoritaria de los ciudadanos.
La proposición no de ley que ha defendido el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán pretendía limitar temporalmente las prerrogativas que tienen los ex presidentes cuando cesan de su cargo y que se estableciera un régimen de incompatibilidades, más por motivos de "ética pública" que por políticas de ahorro.
Pero el PP, el PSOE y CiU, demostrando un corporativismo nauseabundo y una nula sensibilidad ante las demandas de la sociedad española, han coincidido en rechazar este martes, en el Pleno del Congreso, la propuesta de UPyD, apoyada por IU-ICV-CHA, de poner límites a las pensiones de las que disfrutan los expresidentes del Gobierno y hacerlas incompatibles con honorarios privados.
La iniciativa fue defendida por el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien considera "de ética política" acabar con estos "privilegios" de "casta política" e imponer "el principio de igualdad ante la ley", empezando por los presidentes del Gobierno, que tienen especial "ejemplaridad".
Los exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y, desde 2008 pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello.
Además, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, perciben, como lo hará a partir del próximo ejercicio José Luis Rodríguez Zapatero, una pensión de alrededor de 80.000 euros al año cada uno que pueden compatibilizar con los ingresos y rendimientos que obtengan como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.
La propuesta de UPyD, planteada la pasada legislatura por Rosa Díez, busca limitar en el tiempo las prerrogativas de los exmandatarios y hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes de la empresa privada, como ahora ocurre con Felipe González y José María Aznar, 'fichados' respectivamente por Gas Natural y Endesa con sueldos superiores a los 130.000 euros anuales
Para Martínez Gorriarán, el problema no es la cuantía de esa partida presupuestaria, aunque cree que "no es poco" teniendo en cuenta que a lo largo de los años se ha ido extendiendo a expresidentes autonómicos, exministros o exconsejeros, sino ético y de respuesta a la sensibilidad ciudadana, que demanda el fin de los grandes privilegios de la fracasada casta política española.
La iniciativa contó con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, José Luis Centella, que hizo especial hincapié en las incompatuibilidad argumentando que los expresidentes, como "los jarrones chinos", deben ser "cuidados y mimados" en casa, pero no ponerse la venta al mejor postor.
También el portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban, incidió en la conveniencia de no permitir compatibilidad entre las retribuciones públicas y las privadas de los expresidentes --"O a setas, o a Rolex", resumió gráficamente--. Ahora bien, dijo discrepar de la "política espectáculo" de este tipo de propuestas contra quienes se dedican a la política.
También el nacionalista catalán Jordi Jané censuró la "política espectáculo" de este tipo de iniciativas y avisó de que los propios políticos deberían evitar ese tipo de polémicas que contribuyen al desprestigio de la su actividad.
El PP y el PSOE fueron aún más claros en su rechazo a la propuesta. Para el socialista Nacho Sánchez Amor, el estatuto de los expresidentes del Gobierno es precisamente "la mejor garantía" para separar los intereses públicos de los privados y subrayó que, si se recurre a la experiencia de los exmandatarios, siempre será mejor que acudan con el respaldo de fondos públicos en lugar de que estén a merced de una empresa privada.
Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, descalificó la iniciativa por "efectista" y remarcó que la regeneración democrática es "incompatible con la demagogia". A su juicio, la sociedad entiende que sus expresidentes del Gobierno no estén en su situación de "infrarepresentación institucional", por lo que pidió "desterrar planteamientos facilones".
La arrogancia y la falta de sensibilidad del PSOE, PP y CIU ante las demandas ciudadanas les incapacita para representar a la gente decente y demócrata de España y los hace representantes, únicamente, de la "casta" política y de sus intereses propios, antepuestos, una y otra vez, por esos partidos políticos al bien común, al interés general y a la voluntad política mayoritaria de los ciudadanos.