La polémica entre el ministro Montoro y el juez Llarena sobre si hubo o no malversación en el separatismo catalán, con independencia de quien tenga razón de los dos, proyecta hacia el mundo la imagen de una España torpe, despedazada, ridícula y tercermundista que no merece formar parte de la Europa moderna y avanzada. Y eso que el ridículo podría aumentar si se confirmara que la acusación del Supremo fue inconsistente y que hasta sea procedente liberar a los separatistas procesados por malversación e indemnizarlos, toda una locura insufrible para unos ciudadanos que, estupefactos, asisten impotentes e indignados al espectáculo bochornoso que le ofrecen sus políticos y las instituciones del Estado, mientras Europa y el mundo se carcajean de España.
No sabemos si hubo o no malversación, ni quien tiene razón, si Montoro, que niega la malversación, o la guardia civil, que dice tener pruebas de que el separatismo empleó al menos dos millones de euros de dinero público en su referéndum, pero sí sabemos con certeza metafísica que Montoro se ha comportado como un niñato y que su deber, si tenía pruebas de que el referéndum no se financió con dinero público, era hacerlas llegar discretamente al juez, antes de poner en ridículo a la Justicia y al país entero.
Tenga o no tenga razón, Montoro merece una seria reprobación o la destitución, por el daño gratuito que ha causado al país que él, como ministro del Estado, está obligado a servir con eficacia, rigor y lealtad.
El momento elegido para afirmar que el independentismo no gastó ni un sólo euro de dinero público ha sido el peor imaginable y el más inoportuno, precisamente cuando la Justicia alemana empezaba a cuestionarse su decisión inicial de no extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión.
Ante los acontecimientos de torpeza y confusión que se observan en el gobierno y ante los apoyos que el independentismo está consiguiendo, a pesar de que defiende claras posiciones delictivas, muchos españoles pensamos que el separatismo es más inteligente y gestiona mejor sus cartas, aunque estén marcadas por el delito, que el gobierno de España.
Francisco Rubiales
No sabemos si hubo o no malversación, ni quien tiene razón, si Montoro, que niega la malversación, o la guardia civil, que dice tener pruebas de que el separatismo empleó al menos dos millones de euros de dinero público en su referéndum, pero sí sabemos con certeza metafísica que Montoro se ha comportado como un niñato y que su deber, si tenía pruebas de que el referéndum no se financió con dinero público, era hacerlas llegar discretamente al juez, antes de poner en ridículo a la Justicia y al país entero.
Tenga o no tenga razón, Montoro merece una seria reprobación o la destitución, por el daño gratuito que ha causado al país que él, como ministro del Estado, está obligado a servir con eficacia, rigor y lealtad.
El momento elegido para afirmar que el independentismo no gastó ni un sólo euro de dinero público ha sido el peor imaginable y el más inoportuno, precisamente cuando la Justicia alemana empezaba a cuestionarse su decisión inicial de no extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión.
Ante los acontecimientos de torpeza y confusión que se observan en el gobierno y ante los apoyos que el independentismo está consiguiendo, a pesar de que defiende claras posiciones delictivas, muchos españoles pensamos que el separatismo es más inteligente y gestiona mejor sus cartas, aunque estén marcadas por el delito, que el gobierno de España.
Francisco Rubiales