Cualquier seguidor de la actualidad política española ha podido leer o escuchar análisis de expertos que proclaman la creciente debilidad de la sociedade civil española y el cada día más fuerte poder del gobierno. Ese desequilibrio entre Estado y sociedad, cada día mayor, está poniendo en verdadero peligro la democracia española.
No conozco un sólo gobierno democrático que admita públicamente que la sociedad civil es su principal adversario. Todos afirman, hipócritamente, que la sociedad civil es importante y que la apoyan, pero todos ellos hacen lo posible, desde la trastienda, sin luz ni taquígrafos, por debilitarla. Todo político es consciente de que la sociedad civil es el principal instrumento ideado por la democracia para limitar y controlar el insaciable poder de los partidos políticos y los gobiernos.
La debilidad extrema de la sociedad civil española está constatada por la mayoría de los expertos y por numerosos estudios e investigaciones. Su debilidad se basa en que el gobierno la ha invadido y ocupado, controlado a sus principales instituciones: medios de comunicación, universidades, sindicatos, cajas de ahorros, asociaciones, fundaciones, religiones, empresas, clubes, etc. El control del poder político se ejerce, principalmente, a través de la infiltración, colocando políticos en esas instituciones, o a través de los presupuestos y subvenciones, controlándolas.
Al gobierno de la España actual, encabezado por el socialista Rodríguez Zapatero, un personaje que detrás de su talante tolerante y su rostro sonriente esconde claros rasgos autoritarios e intervencionistas, nunca igualados en la jóven democracia que nació tras la muerte de Franco, no le parece suficiente debilitar la sociedad civil sino que parece aspirar a colocarla en estado de coma y a convertirla casi en un recuerdo histórico.
El estilo de gobierno impulsado por Zapatero, capaz de gobernar al margen de la opinión pública mayoritaria, y a veces en contra, como ha demostrado con los Estatutos de Cataluña y de Andalucía, o cuando pacta con ETA a cambio de concesiones que la mayoría de los ciudadanos rechazan, exige que el poder político domine la opinión pública, lo que implica tanto el control de los medios de comunicación como la desarticulación de cualquier capacidad de influencia por parte de la sociedad civil.
La exaltación de retales tan dramáticos de la historia de España como la II República o el afan de desenterrar la nefasta Guerra Civi y sus muchos cadáveres, con especial predilección por los de los perdedores, algo que alimenta el espíritu de revancha, sólo revela que el gobierno actual pretende enfrentar a unos españoles con otros, para controlar todavía más los resortes del poder.
Pero, para lograrlo, necesita que la sociedad civil, ese colchón de seguridad vital para la convivencia y la paz, resulte dinamitada por el poder político.
Y nada destruye más a la sociedad civil que su división y enfrentamiento, asignaturas en las que España obtiene actualmente un claro y triste sobresaliente.
No conozco un sólo gobierno democrático que admita públicamente que la sociedad civil es su principal adversario. Todos afirman, hipócritamente, que la sociedad civil es importante y que la apoyan, pero todos ellos hacen lo posible, desde la trastienda, sin luz ni taquígrafos, por debilitarla. Todo político es consciente de que la sociedad civil es el principal instrumento ideado por la democracia para limitar y controlar el insaciable poder de los partidos políticos y los gobiernos.
La debilidad extrema de la sociedad civil española está constatada por la mayoría de los expertos y por numerosos estudios e investigaciones. Su debilidad se basa en que el gobierno la ha invadido y ocupado, controlado a sus principales instituciones: medios de comunicación, universidades, sindicatos, cajas de ahorros, asociaciones, fundaciones, religiones, empresas, clubes, etc. El control del poder político se ejerce, principalmente, a través de la infiltración, colocando políticos en esas instituciones, o a través de los presupuestos y subvenciones, controlándolas.
Al gobierno de la España actual, encabezado por el socialista Rodríguez Zapatero, un personaje que detrás de su talante tolerante y su rostro sonriente esconde claros rasgos autoritarios e intervencionistas, nunca igualados en la jóven democracia que nació tras la muerte de Franco, no le parece suficiente debilitar la sociedad civil sino que parece aspirar a colocarla en estado de coma y a convertirla casi en un recuerdo histórico.
El estilo de gobierno impulsado por Zapatero, capaz de gobernar al margen de la opinión pública mayoritaria, y a veces en contra, como ha demostrado con los Estatutos de Cataluña y de Andalucía, o cuando pacta con ETA a cambio de concesiones que la mayoría de los ciudadanos rechazan, exige que el poder político domine la opinión pública, lo que implica tanto el control de los medios de comunicación como la desarticulación de cualquier capacidad de influencia por parte de la sociedad civil.
La exaltación de retales tan dramáticos de la historia de España como la II República o el afan de desenterrar la nefasta Guerra Civi y sus muchos cadáveres, con especial predilección por los de los perdedores, algo que alimenta el espíritu de revancha, sólo revela que el gobierno actual pretende enfrentar a unos españoles con otros, para controlar todavía más los resortes del poder.
Pero, para lograrlo, necesita que la sociedad civil, ese colchón de seguridad vital para la convivencia y la paz, resulte dinamitada por el poder político.
Y nada destruye más a la sociedad civil que su división y enfrentamiento, asignaturas en las que España obtiene actualmente un claro y triste sobresaliente.