España, más porque sus gastos son insostenibles que por la crisis, ha recortado en todo lo imaginable, en sanidad, educación, prestaciones sociales, inversiones públicas, mantenimiento de carreteras, pero no ha reducido nada en el mundo de lujo de los políticos, que siguen siendo demasiados, disfrutando de idénticos privilegios y todos cobrando del Estado, más políticos a sueldo que los que tienen Francia, Inglaterra y Alemania juntos. Son tan inútiles y arrogantes que hasta han provocado un escandaloso divorcio entre políticos y ciudadanos, que convierte en ilegítimo el sistema y los gobiernos, ambos necesitados de confianza y adhesión ciudadana para que sean admisibles en democracia.
España necesita con urgencia un ERE de políticos, que los mande a sus casas en masa para poder sustituirlos por otra hornada, más reducida, de servidores públicos que no roben, no sean arbitrarios, ni antepongan sus intereses al bien común, sean austeros y luchen por los intereses populares. España necesita a servidores públicos, no a politicastros, a gente preparada, no a inútiles, a gente inteligente, no a ineptos, a dirigentes honrados, no a políticos arrogantes y egoístas, educados para que medren ellos y sus partidos, en lugar de España y sus ciudadanos.
Cuando hay tantos (medio millón de políticos cobrando del Estado) no todos pueden valer y hay que recortar. El problema es que, como a ellos no les interesa que se reduzca el número de los parásitos, lo impiden. Habrá que forzarlos, lo que crea las bases para un conflicto entre políticos y ciudadanos, un feo asunto incompatible con la democracia y la decencia. Una de las verdades más escandalosas y solventes en la España actual es que sobran más de 300.000 políticos que hoy cobran del Estado y los ciudadanos, que en teoría somos los dueños de España, no podemos echar a esa caterva de parásitos porque sus partidos están acostumbrados a imponer su voluntad, a violar la regla básica de la democracia, que es el servicio al pueblo y a sus intereses.
Con la crisis se ha recortado en todo tipo prestaciones y de empleos, desde barrenderos municipales hasta directivos de empresas, pero jamás se han tocado a los políticos. Pues eso es lo que hay que hacer, recortar el número de políticos para que únicamente queden los mejores y se libere dinero para asegurar pensiones y servicios fundamentales.
¿Para qué 350 diputados?, ¿Para qué 270 senadores?, ¿Para qué una media de casi 100 diputados en cada Autonomía?, ¿Para qué un pueblecito, que no llega a 2000 habitantes, necesita 5 concejales? Pues ese es el problema.
Reducir es el primer paso y el segundo es garantizar que los que queden no sean delincuentes o gente nociva para España. Para lograrlo sólo hay un camino: exigirles lo mismo que se le exige a los directivos en las empresas: certificado de penales, estudios, valores, habilidades, idiomas y solvencia ética.
Pero ellos, que se consideran los dueños del Estado, lo que les convierte en usurpadores, impiden que los ciudadanos les impongan nada, ni siquiera exigencias éticas y profesionales. En la práctica, a un político se le exige menos para ser ministro o alcalde que a los jóvenes para ser cartero, barrendero, secretaria o auxiliar de oficina. Es absurdo, pero es lo que ellos quieren. Y ellos, no los ciudadanos, son los que mandan.
Por fortuna, esa desvergüenza está erradicada en los países de nuestro entorno y solo ocurre en España, el país más ajeno al ciudadano, arbitrario, corrupto y desvergonzado de la Unión Europea. En los países viejos de Europa, en aquellos de recia tradición democrática, mas de la mitad de nuestros políticos habrían tenido que dimitir por razones como carecer de preparación profesional suficiente, no poder justificar sus patrimonios, tener un pasado fiscal turbio, haber gestionado el poder con arbitrariedad y de manera injusta, cobrar impuestos abusivos, etc., etc.
Hasta Italia ha unificado pequeños pueblos para reducir el número de alcaldes y concejales, pero en España todo sigue igual, con una hipertrofia insultante, impuesta por los arrogantes y desvergonzados políticos, con concejales a decenas de miles, parlamentarios autonómicos y provinciales, defensores del pueblo, consejerías y cientos de instituciones innecesarias, creadas únicamente para colocar a los políticos amigos. Es todo un abuso insoportable que convierte a España en un enorme estercolero inmensamente costoso, financiado con deuda y con el expolio del ciudadano, vía impuestos, regentado por una clase política insoportable y ajena a la decencia.
Francisco Rubiales
España necesita con urgencia un ERE de políticos, que los mande a sus casas en masa para poder sustituirlos por otra hornada, más reducida, de servidores públicos que no roben, no sean arbitrarios, ni antepongan sus intereses al bien común, sean austeros y luchen por los intereses populares. España necesita a servidores públicos, no a politicastros, a gente preparada, no a inútiles, a gente inteligente, no a ineptos, a dirigentes honrados, no a políticos arrogantes y egoístas, educados para que medren ellos y sus partidos, en lugar de España y sus ciudadanos.
Cuando hay tantos (medio millón de políticos cobrando del Estado) no todos pueden valer y hay que recortar. El problema es que, como a ellos no les interesa que se reduzca el número de los parásitos, lo impiden. Habrá que forzarlos, lo que crea las bases para un conflicto entre políticos y ciudadanos, un feo asunto incompatible con la democracia y la decencia. Una de las verdades más escandalosas y solventes en la España actual es que sobran más de 300.000 políticos que hoy cobran del Estado y los ciudadanos, que en teoría somos los dueños de España, no podemos echar a esa caterva de parásitos porque sus partidos están acostumbrados a imponer su voluntad, a violar la regla básica de la democracia, que es el servicio al pueblo y a sus intereses.
Con la crisis se ha recortado en todo tipo prestaciones y de empleos, desde barrenderos municipales hasta directivos de empresas, pero jamás se han tocado a los políticos. Pues eso es lo que hay que hacer, recortar el número de políticos para que únicamente queden los mejores y se libere dinero para asegurar pensiones y servicios fundamentales.
¿Para qué 350 diputados?, ¿Para qué 270 senadores?, ¿Para qué una media de casi 100 diputados en cada Autonomía?, ¿Para qué un pueblecito, que no llega a 2000 habitantes, necesita 5 concejales? Pues ese es el problema.
Reducir es el primer paso y el segundo es garantizar que los que queden no sean delincuentes o gente nociva para España. Para lograrlo sólo hay un camino: exigirles lo mismo que se le exige a los directivos en las empresas: certificado de penales, estudios, valores, habilidades, idiomas y solvencia ética.
Pero ellos, que se consideran los dueños del Estado, lo que les convierte en usurpadores, impiden que los ciudadanos les impongan nada, ni siquiera exigencias éticas y profesionales. En la práctica, a un político se le exige menos para ser ministro o alcalde que a los jóvenes para ser cartero, barrendero, secretaria o auxiliar de oficina. Es absurdo, pero es lo que ellos quieren. Y ellos, no los ciudadanos, son los que mandan.
Por fortuna, esa desvergüenza está erradicada en los países de nuestro entorno y solo ocurre en España, el país más ajeno al ciudadano, arbitrario, corrupto y desvergonzado de la Unión Europea. En los países viejos de Europa, en aquellos de recia tradición democrática, mas de la mitad de nuestros políticos habrían tenido que dimitir por razones como carecer de preparación profesional suficiente, no poder justificar sus patrimonios, tener un pasado fiscal turbio, haber gestionado el poder con arbitrariedad y de manera injusta, cobrar impuestos abusivos, etc., etc.
Hasta Italia ha unificado pequeños pueblos para reducir el número de alcaldes y concejales, pero en España todo sigue igual, con una hipertrofia insultante, impuesta por los arrogantes y desvergonzados políticos, con concejales a decenas de miles, parlamentarios autonómicos y provinciales, defensores del pueblo, consejerías y cientos de instituciones innecesarias, creadas únicamente para colocar a los políticos amigos. Es todo un abuso insoportable que convierte a España en un enorme estercolero inmensamente costoso, financiado con deuda y con el expolio del ciudadano, vía impuestos, regentado por una clase política insoportable y ajena a la decencia.
Francisco Rubiales