Los partidos políticos españoles renuncian a recibir donativos anónimos, pero exigen a cambio más dinero público, un paso que los sitúa más cerca del Estado y más lejos de los ciudadanos.
El Pleno del Congreso acordó por unanimidad, en su reunión del 27 de septiembre, comenzar a tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos a partir de una propuesta de ERC que apuesta por una mayor financiación pública y por la prohibición de las donaciones privadas anónimas.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de cambiar la actual ley, que data de 1987, sobre la base de aumentar la transparencia y el control de las cuentas de los partidos. Para lograr este objetivo, sólo se permitirían los donativos privados por parte de personas físicas, no de empresas, los cuales tendrían ciertas limitaciones (30.000 euros anuales o el cinco por ciento del presupuesto anual del partido) y desgravarían a Hacienda, al igual que ocurre con las cuotas de los afiliados.
PSOE y PP se mostraron a favor de esta medida, así como de incrementar la financiación pública a través de las subvenciones electorales y de los presupuestos del Estado y de endurecer las obligaciones contables de los partidos. La iniciativa de ERC apuesta también por imponer sanciones a aquellos partidos que incumplan la ley y por dar mayor protagonismo al Tribunal de Cuentas en su función de órgano fiscalizador.
El portavoz de ERC, Joan Puigcercós, fue el encargado de presentar la propuesta, de la que dijo que "no va contra nadie", sino en favor de "la credibilidad de los partidos políticos y de las personas que forman parte de ellos". Puigcercós subrayó la conveniencia de que los partidos asumieran una "responsabilidad social", al igual las empresas, bajo dos premisas: "no mentir y no robar".
"De no mentir no trata esta ley. Hoy hablamos de no robar. Los sistemas deben ser claros, sin opacidad y transparentes. Los partidos debemos hacer bien los deberes para merecer esta financiación pública y lamentablemente, hasta ahora no todo el mundo puede decirlo", afirmó. Puigcercós defendió la idea de recortar los gastos electorales y acabar con cualquier financiación irregular para evitar episodios como los casos "Filesa" (que afectó al PSOE), "Naseiro" (al PP) y "Pallerols" (a UDC).
Los expertos y estudiosos veían necesaria esa reforma, como también la que afecta a las listas cerradas y bloqueadas, que desvirtuan el voto y quitan poder a los ciudadanos, pero a los partidos sólo les ha interesado la reforma de la financiación, cambiando dinero opaco privado por dinero del Estado.
La Constitución coloca a los partidos a mitad de camino entre la sociedad y el Estado, como intermediarios y puentes entre los ciudadanos y el poder político, pero los partidos, con esta medida y con otras muchas, cada día están más incrustados en el aparato del Estado y más alejados de la ciudadanía.
El Pleno del Congreso acordó por unanimidad, en su reunión del 27 de septiembre, comenzar a tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos a partir de una propuesta de ERC que apuesta por una mayor financiación pública y por la prohibición de las donaciones privadas anónimas.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de cambiar la actual ley, que data de 1987, sobre la base de aumentar la transparencia y el control de las cuentas de los partidos. Para lograr este objetivo, sólo se permitirían los donativos privados por parte de personas físicas, no de empresas, los cuales tendrían ciertas limitaciones (30.000 euros anuales o el cinco por ciento del presupuesto anual del partido) y desgravarían a Hacienda, al igual que ocurre con las cuotas de los afiliados.
PSOE y PP se mostraron a favor de esta medida, así como de incrementar la financiación pública a través de las subvenciones electorales y de los presupuestos del Estado y de endurecer las obligaciones contables de los partidos. La iniciativa de ERC apuesta también por imponer sanciones a aquellos partidos que incumplan la ley y por dar mayor protagonismo al Tribunal de Cuentas en su función de órgano fiscalizador.
El portavoz de ERC, Joan Puigcercós, fue el encargado de presentar la propuesta, de la que dijo que "no va contra nadie", sino en favor de "la credibilidad de los partidos políticos y de las personas que forman parte de ellos". Puigcercós subrayó la conveniencia de que los partidos asumieran una "responsabilidad social", al igual las empresas, bajo dos premisas: "no mentir y no robar".
"De no mentir no trata esta ley. Hoy hablamos de no robar. Los sistemas deben ser claros, sin opacidad y transparentes. Los partidos debemos hacer bien los deberes para merecer esta financiación pública y lamentablemente, hasta ahora no todo el mundo puede decirlo", afirmó. Puigcercós defendió la idea de recortar los gastos electorales y acabar con cualquier financiación irregular para evitar episodios como los casos "Filesa" (que afectó al PSOE), "Naseiro" (al PP) y "Pallerols" (a UDC).
Los expertos y estudiosos veían necesaria esa reforma, como también la que afecta a las listas cerradas y bloqueadas, que desvirtuan el voto y quitan poder a los ciudadanos, pero a los partidos sólo les ha interesado la reforma de la financiación, cambiando dinero opaco privado por dinero del Estado.
La Constitución coloca a los partidos a mitad de camino entre la sociedad y el Estado, como intermediarios y puentes entre los ciudadanos y el poder político, pero los partidos, con esta medida y con otras muchas, cada día están más incrustados en el aparato del Estado y más alejados de la ciudadanía.