Una de las muchas manifestaciones contra el Impuesto de Sucesiones, que los socialistas quieren ahora imponer por la fuerza en toda España
No quieren imponer el impuesto de Sucesiones en toda España porque quieran mejorar los servicios públicos o asegurar el pago de las pensiones, sino para compensar a los nacionalistas vascos y catalanes haber hecho posible que Pedro Sánchez sea presidente. El robo de herencias es dinero fácil que los socialistas arrebatan a los ciudadanos y utilizan para acentuar la desigualdad y premiar a los más desleales.
Pero los tiempos están convirtiendo en temerario ese objetivo de disparar los impuestos. El coronavirus está paralizando el comercio, el turismo y otras actividades, creando las bases para una recesión mundial de proporciones todavía desconocidas. En esta situación de agobio y paralización, subir los impuestos como pretende el gobierno de Sánchez es más que una locura, todo un suicidio.
Las asociaciones y plataformas que luchan en España contra el impuesto de sucesiones, un tributo impopular que está en retroceso en todo el mundo porque es injusto, causa daño a las empresas familiares, crea ruina y dolor en las familias, han anunciado que reactivarán la oposición a un impuesto claramente anticonstitucional y confiscatorio, que es, con diferencia, el más odiado de España. La intención de la Federación Nacional Contra el Impuestos de Sucesiones (FENCIS), que reúne a Andaluces, Aragoneses, Asturianos, Madrileños y otras autonomías que se sienten vejadas y traicionadas por el socialismo depredador, es animar a los ciudadanos a salir a las calles para rechazar el robo de herencias por parte de unos políticos tan corruptos y poco fiables que ni siquiera pueden garantizar que los tributos pagados sirvan para el bien común en lugar de terminar en el bolsillo de políticos ladrones con poder público.
La excusa de la ministra Montero para imponer el impuesto por la fuerza es que hay que garantizar la igualdad, un argumento mendaz que causa indignación porque nadie ha destrozado más la igualdad en España que el PSOE, ahora aliado con el comunismo y el golpismo nacionalista, que ha convertido a Cataluña y el País Vasco en dos paraísos de riqueza, pagando así la factura del apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
Los ciudadanos españoles, si quieren seguir siendo líbres y no sucumbir a la esclavitud del Estado socialista, tendrán que salir de nuevo a las calles para protestar y lograr que los políticos tengan miedo de la ira del pueblo cuando se siente estafado y expoliado.
En lugar de mentir, la ministra Montero debería reconocer que el verdadero objetivo del PSOE es "fabricar pobres" para que odien a la derecha y voten a ese socialismo que cree poder alimentar a las masas desde la tutela férrea del Estado,como hacen en los países de la miseria, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros, donde los únicos millonarios son los que gobiernan.
Alegar que suben los impuestos para crear igualdad es una mentira vergonzante porque nadie ha destrozado más que el PSOE la igualdad entre españoles, sobre todo ahora, cuando está creando paraísos de riqueza y privilegios en Cataluña y el País Vasco, mientras quita recursos a regiones como Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y otras, que necesitan más el dinero que las ricas tierras vascas y catalanas.
Por culpa de la codicia de los partidos, sobre todo los de izquierda, la sociedad española está plagada de ejemplos humillantes de dolor e injusticia causados por la aplicación brutal del Impuesto de Sucesiones, que provoca embargos, multas, subastas de viviendas que adquieren las mafias y miles de renuncias a heredar por miedo a los depredadores políticos, en una clara violación de la Constitución y de la voluntad de los difuntos, que mueren ilusionados porque el froto de su esfuerzo pase a sus hijos y nietos.
Los socialistas saben que delinquen imponiendo el Impuesto de Sucesiones y robando herencias. Cuando una víctima recurre al juez, la Justicia siempre le da la razón, pero antes de que el juez dicte sentencia, al afectado ya se lo han robado todo. Es tributo claramente confiscatorio e inconstitucional.
La plataforma nacional FENCIS está dialogando con expertos internacionales para encargar dictámenes jurídicos y fiscales que sustenten con solvencia científica y jurídica el carácter anticonstitucional y contrario a los derechos humanos básicos de ese impuesto que roba las herencias, cierra empresas familiares, destruye puestos de trabajo y arruina empresas, sólo para satisfacer la codicia de un gobierno que utiliza el dinero público para potencias su poder y forzar su permanencia en la Moncloa.
Francisco Rubiales
Pero los tiempos están convirtiendo en temerario ese objetivo de disparar los impuestos. El coronavirus está paralizando el comercio, el turismo y otras actividades, creando las bases para una recesión mundial de proporciones todavía desconocidas. En esta situación de agobio y paralización, subir los impuestos como pretende el gobierno de Sánchez es más que una locura, todo un suicidio.
Las asociaciones y plataformas que luchan en España contra el impuesto de sucesiones, un tributo impopular que está en retroceso en todo el mundo porque es injusto, causa daño a las empresas familiares, crea ruina y dolor en las familias, han anunciado que reactivarán la oposición a un impuesto claramente anticonstitucional y confiscatorio, que es, con diferencia, el más odiado de España. La intención de la Federación Nacional Contra el Impuestos de Sucesiones (FENCIS), que reúne a Andaluces, Aragoneses, Asturianos, Madrileños y otras autonomías que se sienten vejadas y traicionadas por el socialismo depredador, es animar a los ciudadanos a salir a las calles para rechazar el robo de herencias por parte de unos políticos tan corruptos y poco fiables que ni siquiera pueden garantizar que los tributos pagados sirvan para el bien común en lugar de terminar en el bolsillo de políticos ladrones con poder público.
La excusa de la ministra Montero para imponer el impuesto por la fuerza es que hay que garantizar la igualdad, un argumento mendaz que causa indignación porque nadie ha destrozado más la igualdad en España que el PSOE, ahora aliado con el comunismo y el golpismo nacionalista, que ha convertido a Cataluña y el País Vasco en dos paraísos de riqueza, pagando así la factura del apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
Los ciudadanos españoles, si quieren seguir siendo líbres y no sucumbir a la esclavitud del Estado socialista, tendrán que salir de nuevo a las calles para protestar y lograr que los políticos tengan miedo de la ira del pueblo cuando se siente estafado y expoliado.
En lugar de mentir, la ministra Montero debería reconocer que el verdadero objetivo del PSOE es "fabricar pobres" para que odien a la derecha y voten a ese socialismo que cree poder alimentar a las masas desde la tutela férrea del Estado,como hacen en los países de la miseria, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros, donde los únicos millonarios son los que gobiernan.
Alegar que suben los impuestos para crear igualdad es una mentira vergonzante porque nadie ha destrozado más que el PSOE la igualdad entre españoles, sobre todo ahora, cuando está creando paraísos de riqueza y privilegios en Cataluña y el País Vasco, mientras quita recursos a regiones como Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y otras, que necesitan más el dinero que las ricas tierras vascas y catalanas.
Por culpa de la codicia de los partidos, sobre todo los de izquierda, la sociedad española está plagada de ejemplos humillantes de dolor e injusticia causados por la aplicación brutal del Impuesto de Sucesiones, que provoca embargos, multas, subastas de viviendas que adquieren las mafias y miles de renuncias a heredar por miedo a los depredadores políticos, en una clara violación de la Constitución y de la voluntad de los difuntos, que mueren ilusionados porque el froto de su esfuerzo pase a sus hijos y nietos.
Los socialistas saben que delinquen imponiendo el Impuesto de Sucesiones y robando herencias. Cuando una víctima recurre al juez, la Justicia siempre le da la razón, pero antes de que el juez dicte sentencia, al afectado ya se lo han robado todo. Es tributo claramente confiscatorio e inconstitucional.
La plataforma nacional FENCIS está dialogando con expertos internacionales para encargar dictámenes jurídicos y fiscales que sustenten con solvencia científica y jurídica el carácter anticonstitucional y contrario a los derechos humanos básicos de ese impuesto que roba las herencias, cierra empresas familiares, destruye puestos de trabajo y arruina empresas, sólo para satisfacer la codicia de un gobierno que utiliza el dinero público para potencias su poder y forzar su permanencia en la Moncloa.
Francisco Rubiales