Los gobiernos democráticos españoles, insaciables en lo que se refiere a la acaparación de poder, llevan décadas intentando someter a los fiscales, apartándolos del Estado y poniéndolos al servicio del gobierno, pero la impresión general es que nunca hasta ahora, bajo el mandato del fiscal general Cádido Conde Pumpido, se había llegado tan lejos.
El Ministerio Público español debería ser independiente e imparcial, al servicio del Estado, como exige la democracia, pero no lo es porque los políticos, obsesionados por utilizarlo como brazo penal del gobierno de turno, lo han degradado, politizando la justicia y llevándola hasta cotas de sumisión difíciles de encontrar entre las democracias del mundo.
La Justicia, para que sea eficaz, tiene que ser independiente y parecerlo, una condición que no se cumple en España, donde los gobiernos -y el actual de manera especial- se han empleado a fondo promocionando a fiscales de su cuerda, logrando así que el Ministerio Público padezca una insoportable y muy extendida sospecha de parcialidad.
El Nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal parece condenado al fracaso porque le falta la pieza clave, que es que el gobioerno renuncie a promocionar y colocar en los puestos claves a sus allegados.
Aquella famosa frase que decía Platón en "Las leyes": "La acusación pública vela por los ciudadanos; ella actúa y éstos están tranquilos", es, desgraciadamente, algo absurdo, increible y sin sentido en la Justicia española.
El problema de la politización de la Justicia en España no afecta sólo al Ministerio Público sino a todo el sistema judicial, donde se habla ya, incluso, entre los profesionales, del terrible concepto de "jueces de partido" para referirse a jueces que están tan claramente decantados por un partido u otro que esa militancia política llega a influir en sus sentencias.
El Ministerio Público español debería ser independiente e imparcial, al servicio del Estado, como exige la democracia, pero no lo es porque los políticos, obsesionados por utilizarlo como brazo penal del gobierno de turno, lo han degradado, politizando la justicia y llevándola hasta cotas de sumisión difíciles de encontrar entre las democracias del mundo.
La Justicia, para que sea eficaz, tiene que ser independiente y parecerlo, una condición que no se cumple en España, donde los gobiernos -y el actual de manera especial- se han empleado a fondo promocionando a fiscales de su cuerda, logrando así que el Ministerio Público padezca una insoportable y muy extendida sospecha de parcialidad.
El Nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal parece condenado al fracaso porque le falta la pieza clave, que es que el gobioerno renuncie a promocionar y colocar en los puestos claves a sus allegados.
Aquella famosa frase que decía Platón en "Las leyes": "La acusación pública vela por los ciudadanos; ella actúa y éstos están tranquilos", es, desgraciadamente, algo absurdo, increible y sin sentido en la Justicia española.
El problema de la politización de la Justicia en España no afecta sólo al Ministerio Público sino a todo el sistema judicial, donde se habla ya, incluso, entre los profesionales, del terrible concepto de "jueces de partido" para referirse a jueces que están tan claramente decantados por un partido u otro que esa militancia política llega a influir en sus sentencias.