El nuevo Estatuto de Cataluña fue aprobado ayer, miércoles, en el Senado español, por 128 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones, lo que significa un apoyo real del 49 por ciento a ese documento, cuya gestación y nacimiento están cargados de polémica y de resistencia ciudadana.
Existe en democracia una ley, no escrita pero universalmente respetada, que desaconseja que la mitad del país imponga a la otra mitad, por mayoría simple, leyes fundamentales que afectan a la convivencia. Lo aconsejable es que esas leyes y normas de importancia sean aprobadas por consenso o, al menos, por una mayoría altamente cualificada.
EPues bien, esa ley elemental, reconocida en el Congreso por el propio Zapatero, ha sido violada por el propio gobierno que preside Zapatero al aprobar con menos del 50 por ciento de apoyo un Estatuto catalán que, en la práctica, es una especie de Constitución para esa autonomía, con efectos directos y decisivos en la convivencia y la vida de los ciudadanos y de las instituciones.
El Estatuto, al que se opone el Partido Popular, principal partido de oposición en España, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido catalán nacionalista e independentista, es profundamente impopular en España y ha sido calificado por ciudadanos, medios de comunicación, observadores y analistas políticos como independentista, intervensionista, totalitario y anticuado, por instaurar un poder político abrumador, cuyo peso sobre la sociedad catalana puede ser asfixiante.
La aprobación definitiva del Estatuto se realizará mediante un referéndum en el que deberán pronunciarse los ciudadanos catalanes.
Existe en democracia una ley, no escrita pero universalmente respetada, que desaconseja que la mitad del país imponga a la otra mitad, por mayoría simple, leyes fundamentales que afectan a la convivencia. Lo aconsejable es que esas leyes y normas de importancia sean aprobadas por consenso o, al menos, por una mayoría altamente cualificada.
EPues bien, esa ley elemental, reconocida en el Congreso por el propio Zapatero, ha sido violada por el propio gobierno que preside Zapatero al aprobar con menos del 50 por ciento de apoyo un Estatuto catalán que, en la práctica, es una especie de Constitución para esa autonomía, con efectos directos y decisivos en la convivencia y la vida de los ciudadanos y de las instituciones.
El Estatuto, al que se opone el Partido Popular, principal partido de oposición en España, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido catalán nacionalista e independentista, es profundamente impopular en España y ha sido calificado por ciudadanos, medios de comunicación, observadores y analistas políticos como independentista, intervensionista, totalitario y anticuado, por instaurar un poder político abrumador, cuyo peso sobre la sociedad catalana puede ser asfixiante.
La aprobación definitiva del Estatuto se realizará mediante un referéndum en el que deberán pronunciarse los ciudadanos catalanes.