Al llegar el caluroso verano, los ciudadanos españoles están llegando a la amarga conclusión de que nuestros políticos no han hecho bien sus deberes ni han realizado las obras públicas necesarias para contrarrestar los terribles daños que puede causar la escasez de agua en la economía española. Diez años después de la anterior sequía, volvemos a estar igual de inermes e indefensos frente a esa catástrofe natural.
La situación actual de España ante lo que han sido sólo un par de años medianamente secos es una evidencia dramática de la ineficacia de nuestros gestores y dirigentes políticos, tanto los de derecha, que han desaprovechado sus ocho años en el poder, como los de izquierda, actualmente al frente del poder político nacional.
Hace diez años, tras un largo ciclo de sequía, España atravesó situaciones dramáticas que hasta obligaron a planificar la evacuación de ciudades, extremo al que no se llegó porque cambió el ciclo y llegaron las lluvias. Hoy, diez años después, la situación es, según los técnicos, incluso peor, porque las necesidades de agua son mucho mayores, sin que se hayan realizado las obras necesarias para evitar el drama.
Los déficits siguen siendo los mismos: escasez de obras de almacenamiento (pantanos), pocos trasvases, pocas desaladoras marinas y un peligroso enfrentamiento histérico e insolidario entre comunidades que sí tienen agua y otras que no la tienen.
Ese enfrentamiento es especialmente peligroso entre las comunidades de Murcia y Castilla la Mancha, donde siguen funcionando los trasvases entre las cuencas del Tajo y del Segura, sin que las autoridades manchegas logren explicar a sus ciudadanos por qué ellos sí tienen que ceder agua del Tajo a Murcia, mientras que catalanes y aragoneses se niegan (con el consentimiento del Gobierno) a ceder agua del caudaloso Ebro a las tierras secas del Levante y el Sudeste español.
La situación actual, a pesar de que se asegura, desde la política, que existen reservas garantizadas para al menos dos años, es de alto riesgo, con pueblos sometidos ya a restricciones de consumo y sin que, según los expertos, pueda garantizarse plenamente el suministro a zonas costeras de alta densidad turística y residencial como la superpoblada Costa Del Sol, donde residen decenas de miles de extranjeros.
Pero, en opinión de los expertos, los efectos psicológicos y políticos de la sequía pueden llegar a ser, si cabe, peores que los provocados por la escasez de agua. El enfrentamiento entre regiones secas que necesitan agua y las que poseen excedentes del líquido elemento, que se niegan a cederlo, amenaza con convertirse en otra carga de dinamita contra los ya deteriorados fundamentos de la nación española, teóricamente basados en la voluntad de vivir juntos, en comunidad, solidariamente, afrontando el destino en comun y repartiendo justamente los derechos, deberes, obligaciones y beneficios.
La situación actual de España ante lo que han sido sólo un par de años medianamente secos es una evidencia dramática de la ineficacia de nuestros gestores y dirigentes políticos, tanto los de derecha, que han desaprovechado sus ocho años en el poder, como los de izquierda, actualmente al frente del poder político nacional.
Hace diez años, tras un largo ciclo de sequía, España atravesó situaciones dramáticas que hasta obligaron a planificar la evacuación de ciudades, extremo al que no se llegó porque cambió el ciclo y llegaron las lluvias. Hoy, diez años después, la situación es, según los técnicos, incluso peor, porque las necesidades de agua son mucho mayores, sin que se hayan realizado las obras necesarias para evitar el drama.
Los déficits siguen siendo los mismos: escasez de obras de almacenamiento (pantanos), pocos trasvases, pocas desaladoras marinas y un peligroso enfrentamiento histérico e insolidario entre comunidades que sí tienen agua y otras que no la tienen.
Ese enfrentamiento es especialmente peligroso entre las comunidades de Murcia y Castilla la Mancha, donde siguen funcionando los trasvases entre las cuencas del Tajo y del Segura, sin que las autoridades manchegas logren explicar a sus ciudadanos por qué ellos sí tienen que ceder agua del Tajo a Murcia, mientras que catalanes y aragoneses se niegan (con el consentimiento del Gobierno) a ceder agua del caudaloso Ebro a las tierras secas del Levante y el Sudeste español.
La situación actual, a pesar de que se asegura, desde la política, que existen reservas garantizadas para al menos dos años, es de alto riesgo, con pueblos sometidos ya a restricciones de consumo y sin que, según los expertos, pueda garantizarse plenamente el suministro a zonas costeras de alta densidad turística y residencial como la superpoblada Costa Del Sol, donde residen decenas de miles de extranjeros.
Pero, en opinión de los expertos, los efectos psicológicos y políticos de la sequía pueden llegar a ser, si cabe, peores que los provocados por la escasez de agua. El enfrentamiento entre regiones secas que necesitan agua y las que poseen excedentes del líquido elemento, que se niegan a cederlo, amenaza con convertirse en otra carga de dinamita contra los ya deteriorados fundamentos de la nación española, teóricamente basados en la voluntad de vivir juntos, en comunidad, solidariamente, afrontando el destino en comun y repartiendo justamente los derechos, deberes, obligaciones y beneficios.