La vicepresidenta primera del gobierno de España, Mary Tere de la Vega, ignorando de nuevo el criterio de la ciudadanía española, que pide austeridad y ahorro ante la crisis, ha anunciado en Acapulco que España aportará 35 millones de dólares para el saneamiento de las aguas de la bahía de esa ciudad turística, situada en el estado mexicano de Guerrero. Días antes, prometió 10 millones más para la lucha contra el SIDA y otras aportaciones para la ONU.
Uno de los rasgos más intensos y antidemocráticos del gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero es su desprecio a la opinión mayoritaria de los españoles, consecuencia de su perverso criterio de que los gobernantes, una vez elegidos en las urnas, deben hacer lo que crean oportuno, incluso en contra de la opinión de sus representados.
Sin embargo, la mayoría de los teóricos y de los más pretigiosos politólogos del mundo opinan todo lo contrario: que los gobiernos son legítimos mientras conserven la confianza de los ciudadanos y que estos tienen derecho a echarlos del poder cuando pierdan la confianza en sus líderes. También creen que los gobernantes deben seguir los criterios de la opinión pública mayoritaria, salvo en excepciones muy contadas. Entonces, cuando los gobiernos crean que deben actuar en sentido contrario a lo que piensan sus ciudadanos, deben dimitir y convocar elecciones o someter la cuestión sobre la que discrepan de la ciudadanía a referendum.
Claro que esos criterios corresponden a democracias auténticas, no a oligocracias de partidos, como la que impera en una España cuya política está degradada y desprestigiada hasta extremos insoportables.
Las investigaciones sociológicas revelan que la mayoría de los ciudadanos españoles temen el futuro, desconfían de la capacidad del actual gobierno para gestionar la crisis y exigen austeridad en el gasto público, justo lo contrario de lo que está haciendo un gobierno manirroto y arrogante que desprecia con inadmisible descaro a la opinión pública.
Uno de los rasgos más intensos y antidemocráticos del gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero es su desprecio a la opinión mayoritaria de los españoles, consecuencia de su perverso criterio de que los gobernantes, una vez elegidos en las urnas, deben hacer lo que crean oportuno, incluso en contra de la opinión de sus representados.
Sin embargo, la mayoría de los teóricos y de los más pretigiosos politólogos del mundo opinan todo lo contrario: que los gobiernos son legítimos mientras conserven la confianza de los ciudadanos y que estos tienen derecho a echarlos del poder cuando pierdan la confianza en sus líderes. También creen que los gobernantes deben seguir los criterios de la opinión pública mayoritaria, salvo en excepciones muy contadas. Entonces, cuando los gobiernos crean que deben actuar en sentido contrario a lo que piensan sus ciudadanos, deben dimitir y convocar elecciones o someter la cuestión sobre la que discrepan de la ciudadanía a referendum.
Claro que esos criterios corresponden a democracias auténticas, no a oligocracias de partidos, como la que impera en una España cuya política está degradada y desprestigiada hasta extremos insoportables.
Las investigaciones sociológicas revelan que la mayoría de los ciudadanos españoles temen el futuro, desconfían de la capacidad del actual gobierno para gestionar la crisis y exigen austeridad en el gasto público, justo lo contrario de lo que está haciendo un gobierno manirroto y arrogante que desprecia con inadmisible descaro a la opinión pública.
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