El gobierno español, con su comportamiento en los últimos meses, ha convertido esta etapa en una de las peores de la moderna historia de España. pero el drama de España se convierte en tragedia si se analiza también el comportamiento de la oposición, que rivaliza con el del gobierno en antidemocracia, corrupción y suciedad moral.
La imagen de la policía exhibiendo esposados, como delincuentes ya condenados, a los detenidos sospechosos de los casos “Palma Arena” y Pretoria fue tan obscena y sucia que permite afirmar que el Estado de Derecho está siendo demolido en España. Igualmente lo ha sido el trato engañoso a los parados de larga duración, la concesión a un grupo de "amigos" de Zapatero la TDT de pago, todo un "regalo" arbitrario del poder, y la nefasta gestión del secuestro del atunero vasco Alakrana, hecho que demuestra la torpeza operativa de un gobierno de tercera división, que engaña a la opinión pública al ocultar que los somalies, con su piratería, se defienden del expolio impune de las costas de Somalia perpetrado por cientos de barcos de muchos países, protegidos por navíos y aviones de guerra.
La negativa del gobierno a luchar con decisición contra la corrupción y sus intentos de manipular a los medios de comunicaciín, transforma la política española en un desierto desolado, sin ética ni esperanza.
Pero la peor gestión del gobierno y la que más daño causa a España sigue siendo la de la crisis. Incapaz de responder con coherencia al desafío de la economía que se hunde, Zapatero ha permanecido escondido y más centrado en viajes y actuaciones internacionales que en asuntos domésticos, decidido a no dar su brazo a torcer y a no adoptar las medidas que la comunidad internacional y los expertos le aconsejan, entre ellas una reforma laboral que es urgente para que España vuelva a ser competitiva y medidas de estímulo al consumo, justo lo contrario de lo que logrará con su errónea subida de impuestos.
Ante el lento pero constante deterioro de la imagen del gobierno y la subida del PP en intención de voto, el gobierno de Zapatero no se resigna a perder el poder y parece dispuesto a retenerlo, incluso recurriendo a métodos más propios de dictaduras bananeras que de democracias adscritas a la Unión Europea.
El trato vejatorio dado a los presuntos delincuentes políticos del PP es muy diferente al que el gobierno otorga a los muchos delincuentes de su propio partido o de formaciones aliadas. Hace un año, también en Mallorca, Gonzalo Aguiar, de Unión Mallorquina, por un delito similar no fue esposado ni humillado en público, ni obligado a desfilar esposado, como se ha hecho con los sospechosos de corrupción del PP balear. En otros muchos casos de corrupción denunciados en las Islas Baleares, como los de Ibiza Centre, Can Domenge, La Piñata o Soms Oms, ni siquiera se produjeron detenciones, porque los señalados eran miembros del partido en el poder o aliados,
La sospecha de que se utiliza sin las debidas garantías judiciales el sistema de escuchas telefónicas y de Internet SITEL ha creado en toda la sociedad un lamentable estado de inquietud que inclina a pensar que el Estado de Derecho está siendo laminado en España. La acusación de Maria Dolores de Cospedal de que el SITEL ha servido para intervenir teléfonos de miembros de la oposición sin orden judicial es gravísima y, de confirmarse, colocaría a Zapatero en niveles de corrupción política similares a los de los peores tiempos del gobierno de Felipe González, cuando se produjeron escuchas ilegales, terrorismo de Estado (GAL) y casos espeluznantes de corrupción, como los de FILESA, Juan Guerra y Roldán, entre otros muchos.
El PP, cuyo nivel de corrupción está sorprendiendo y asqueando a los españoles, no ha presentado pruebas sobre las escuchas ilegales, quizás porque no las tiene, y probablemente utiliza esa grave acusación como cortina de humo para ocultar su corrupción interna, pero lo dramático es que esas acusaciones son creíbles en una España cada día más decepcionada, desquiciada y destrozada por su miserable clase política.
La imagen de la policía exhibiendo esposados, como delincuentes ya condenados, a los detenidos sospechosos de los casos “Palma Arena” y Pretoria fue tan obscena y sucia que permite afirmar que el Estado de Derecho está siendo demolido en España. Igualmente lo ha sido el trato engañoso a los parados de larga duración, la concesión a un grupo de "amigos" de Zapatero la TDT de pago, todo un "regalo" arbitrario del poder, y la nefasta gestión del secuestro del atunero vasco Alakrana, hecho que demuestra la torpeza operativa de un gobierno de tercera división, que engaña a la opinión pública al ocultar que los somalies, con su piratería, se defienden del expolio impune de las costas de Somalia perpetrado por cientos de barcos de muchos países, protegidos por navíos y aviones de guerra.
La negativa del gobierno a luchar con decisición contra la corrupción y sus intentos de manipular a los medios de comunicaciín, transforma la política española en un desierto desolado, sin ética ni esperanza.
Pero la peor gestión del gobierno y la que más daño causa a España sigue siendo la de la crisis. Incapaz de responder con coherencia al desafío de la economía que se hunde, Zapatero ha permanecido escondido y más centrado en viajes y actuaciones internacionales que en asuntos domésticos, decidido a no dar su brazo a torcer y a no adoptar las medidas que la comunidad internacional y los expertos le aconsejan, entre ellas una reforma laboral que es urgente para que España vuelva a ser competitiva y medidas de estímulo al consumo, justo lo contrario de lo que logrará con su errónea subida de impuestos.
Ante el lento pero constante deterioro de la imagen del gobierno y la subida del PP en intención de voto, el gobierno de Zapatero no se resigna a perder el poder y parece dispuesto a retenerlo, incluso recurriendo a métodos más propios de dictaduras bananeras que de democracias adscritas a la Unión Europea.
El trato vejatorio dado a los presuntos delincuentes políticos del PP es muy diferente al que el gobierno otorga a los muchos delincuentes de su propio partido o de formaciones aliadas. Hace un año, también en Mallorca, Gonzalo Aguiar, de Unión Mallorquina, por un delito similar no fue esposado ni humillado en público, ni obligado a desfilar esposado, como se ha hecho con los sospechosos de corrupción del PP balear. En otros muchos casos de corrupción denunciados en las Islas Baleares, como los de Ibiza Centre, Can Domenge, La Piñata o Soms Oms, ni siquiera se produjeron detenciones, porque los señalados eran miembros del partido en el poder o aliados,
La sospecha de que se utiliza sin las debidas garantías judiciales el sistema de escuchas telefónicas y de Internet SITEL ha creado en toda la sociedad un lamentable estado de inquietud que inclina a pensar que el Estado de Derecho está siendo laminado en España. La acusación de Maria Dolores de Cospedal de que el SITEL ha servido para intervenir teléfonos de miembros de la oposición sin orden judicial es gravísima y, de confirmarse, colocaría a Zapatero en niveles de corrupción política similares a los de los peores tiempos del gobierno de Felipe González, cuando se produjeron escuchas ilegales, terrorismo de Estado (GAL) y casos espeluznantes de corrupción, como los de FILESA, Juan Guerra y Roldán, entre otros muchos.
El PP, cuyo nivel de corrupción está sorprendiendo y asqueando a los españoles, no ha presentado pruebas sobre las escuchas ilegales, quizás porque no las tiene, y probablemente utiliza esa grave acusación como cortina de humo para ocultar su corrupción interna, pero lo dramático es que esas acusaciones son creíbles en una España cada día más decepcionada, desquiciada y destrozada por su miserable clase política.
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