La Constitución Española, querida y admirada por los españoles en sus primeros años de vida, cumple hoy el 30 aniversario en su peor momento, con su prestigio en caída libre y abandonada por la ciudadanía ante el hecho incuestionable de que el Estado que ha ayudado a crear es un fracaso insostenible, incosteable y plagado de enchufados y parásitos, mientras que el régimen que sustenta no es una democracia, como los españoles querían, sino una vulgar oligocracia sin ciudadanos, que sólo beneficia a los políticos, a sus partidos y a sus aliados.
Al cumplir sus primeros 30 años de vida, se abre camino el criterio de que España, más que reformas constitucionales, lo que necesita ya es una reforma plena del Estado y, sobre todo, de su clase dirigente, políticamente quemada, profesionalmente inepta y moralmente degradada.
La elefantiasis de la administración autonómica es inasumible para los demócratas. La carga de las autonomías pesa como una losa de plomo sobre los ciudadanos y solo es agradable para los privilegiados que ordeñan al Estado. La invención del Estado de las Autonomías, a juzgar por los resultados visibles, es un lacerante fracaso. Los abusos y derroches a costa del erario público hieren la conciencia de un pueblo atrapado en el paro y de unas clases medias que ya empiezan a vislumbrar la pobreza.
Aquellos padres de la patria que redactaron la Constitución en 1978, considerados héroes de la democracia durante muchos años, son hoy personajes sin relieve histórico que han perdido su brillo. Algunos sobrevivientes están enfermos o retirados de la política, pero otros siguen en activo, lastimosamente aferrados a sus poltronas, sueldos de lujo y coches oficiales, sometidos al nuevo poder, ajenos a las superiores normas comunes que ellos mismos redactaron y en vergonzosa complicidad con los abusos del nacionalismo, con los que persiguen a los castellanoparlantes y con los que aprueban estatutos autonómicos desiguales e insolidarios.
Ya no hay héroes ni personajes admirados en la política española, que se ha vuelto gris, vulgar y nada edificante. La "cosa pública" está en hoy manos de una partitocracia divorciada de los ciudadanos y sin apego alguno a la verdadera democracia, pero aferrada al poder porque obtiene de la política ventajas, privilegios y un injusto dominio sobre el resto de la población.
Aquellos políticos que hace tres décadas se presentaron como constructores de una democracia de ciudadanos y de iguales se han transformado, tres décadas después, en una "casta" elitista que ya no merece respeto, acostumbrada al privilegio y a contemplar el mundo desde las alturas, cuya existencia misma representa una palpable y continua violación de la Constitución, en la que se garantizaba la hoy inexistente igualdad entre los españoles, una justicia independiente que ha sido ocupada e intervenida por los partidos políticos y un equilibrio entre el Estado y la ciudadanía que ha sido mil veces alterado en favor del poder político.
A sus 30 años de vida, la Constitución no sólo ha envejecido sino que también ha perdido gran parte de su credibilidad y capacidad de concitar entusiasmos y esperanzas. Vapuleada por los políticos y por sus partidos, la peana de respeto en la que se sustentaba ha sido dinamitada por la corrupción, por la desigualdad, por el comportamiento poco edificante de algunas de las más grandes instituciones del Estado, por el irrespeto de los políticos a las reglas de la democracia, por el poder insaciable de los partidos y por acciones de gobierno claramente anticonstitucionales, entre las que destaca el Estatuto de Cataluña, impulsado por el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un documento de alto rango legislativo que hace trizas conceptos que la Constitución debía garantizar, como la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos y pueblos de España.
Al cumplir sus primeros 30 años de vida, se abre camino el criterio de que España, más que reformas constitucionales, lo que necesita ya es una reforma plena del Estado y, sobre todo, de su clase dirigente, políticamente quemada, profesionalmente inepta y moralmente degradada.
La elefantiasis de la administración autonómica es inasumible para los demócratas. La carga de las autonomías pesa como una losa de plomo sobre los ciudadanos y solo es agradable para los privilegiados que ordeñan al Estado. La invención del Estado de las Autonomías, a juzgar por los resultados visibles, es un lacerante fracaso. Los abusos y derroches a costa del erario público hieren la conciencia de un pueblo atrapado en el paro y de unas clases medias que ya empiezan a vislumbrar la pobreza.
Aquellos padres de la patria que redactaron la Constitución en 1978, considerados héroes de la democracia durante muchos años, son hoy personajes sin relieve histórico que han perdido su brillo. Algunos sobrevivientes están enfermos o retirados de la política, pero otros siguen en activo, lastimosamente aferrados a sus poltronas, sueldos de lujo y coches oficiales, sometidos al nuevo poder, ajenos a las superiores normas comunes que ellos mismos redactaron y en vergonzosa complicidad con los abusos del nacionalismo, con los que persiguen a los castellanoparlantes y con los que aprueban estatutos autonómicos desiguales e insolidarios.
Ya no hay héroes ni personajes admirados en la política española, que se ha vuelto gris, vulgar y nada edificante. La "cosa pública" está en hoy manos de una partitocracia divorciada de los ciudadanos y sin apego alguno a la verdadera democracia, pero aferrada al poder porque obtiene de la política ventajas, privilegios y un injusto dominio sobre el resto de la población.
Aquellos políticos que hace tres décadas se presentaron como constructores de una democracia de ciudadanos y de iguales se han transformado, tres décadas después, en una "casta" elitista que ya no merece respeto, acostumbrada al privilegio y a contemplar el mundo desde las alturas, cuya existencia misma representa una palpable y continua violación de la Constitución, en la que se garantizaba la hoy inexistente igualdad entre los españoles, una justicia independiente que ha sido ocupada e intervenida por los partidos políticos y un equilibrio entre el Estado y la ciudadanía que ha sido mil veces alterado en favor del poder político.
A sus 30 años de vida, la Constitución no sólo ha envejecido sino que también ha perdido gran parte de su credibilidad y capacidad de concitar entusiasmos y esperanzas. Vapuleada por los políticos y por sus partidos, la peana de respeto en la que se sustentaba ha sido dinamitada por la corrupción, por la desigualdad, por el comportamiento poco edificante de algunas de las más grandes instituciones del Estado, por el irrespeto de los políticos a las reglas de la democracia, por el poder insaciable de los partidos y por acciones de gobierno claramente anticonstitucionales, entre las que destaca el Estatuto de Cataluña, impulsado por el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un documento de alto rango legislativo que hace trizas conceptos que la Constitución debía garantizar, como la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos y pueblos de España.