El terrible escándalo de los falsos EREs en Andalucía y los otros dramas corruptos que empiezan a emerger ya en esa desgraciada región española, son la prueba evidente de que "España debe quitarse un gran PSOE de encima", si quiere regenerarse y resurgir. La larga permanencia en el poder y la convivencia con la corrupción han convertido al socialismo español en un peligro mortal para la democracia y la ciudadanía. Después de tantos años en el poder, el PSOE, que ha perdido el norte, el pulso y el respeto a la democracia y a los ciudadanos, necesita como el comer una larga etapa en la oposición, donde debe refundarse, reencontrarse con la verdad y dotarse de libertad, generosidad, altruísmo y decencia.
Pero el gran drama de España es que, siendo la alternancia deseable y positiva, tampoco existe una oposición fiable, que sea capaz de asumir una apuesta firme por la regeneración democrática de un país corrupto, podrido y ya sin esperanza ni confianza.
Es indignante. La "casta" socialista está decidida a blindar sus privilegios antes de perder el poder, a pesar de que la mayoría de los españoles ya les desprecia porque hacen pagar el peso de la crisis a los más débiles y porque en estos tiempos difíciles para todos, ellos han sido incapaces de dar ejemplo de limpieza y de renuncia a sus privilegios inmerecidos.
El Real Decreto Ley 13/2010 del pasado 3 de diciembre sobre "actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo" esconde en su letra pequeña algo más grave e indignante que los motivos que llevaron a los controladores aéreos a abandonar sus puestos de trabajo en señal de protesta laboral.
El Gobierno, a través de su vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha sido incapaz de precisar por qué razones ex presidentes y ex miembros del Ejecutivo podrán seguir acogiéndose al régimen de clases pasivas, mientras la amplia masa funcionarial estará sujeta a otra normativa.
Mantener los privilegios en tiempos de crisis y de penurias para la inmensa mayoría de los españoles constituye una lacra de la democracia española y una ofensa que los ciudadanos nunca deberían soportar. Ante una injusticia de ese tamaño, está más que justificada la rebeldía ciudadana contra lo inicuo, un principio de la ley natural, superior a las leyes de cualquier parlamento, que ha sido el gran motor del progreso y la pieza más digna de la civilización a lo largo de la Historia.
Inexplicablemente, con una arrogancia injustificable e incompatible con la democracia, la élite del PSOE no solo es incapaz de dar ejemplo renunciando a algunos de sus privilegios, sino que los refuerzan, a pesar de que ellos han sido los que, con su impericia, torpeza y mal gobierno, han llevado a España hasta la ruina y el borde del fracaso.
Con la entrada de 2011, los nuevos empleados públicos ingresan directamente en el régimen general de la Seguridad Social y no en el de las clases pasivas, esto es, aquél que contempla una serie de indemnizaciones tras la jubilación como prestaciones por accidentes, rebajas en el sistema sanitario, etc.
Según consta en el citado real decreto queda exenta de este sometimiento el régimen general de la Seguridad Social una lista de colectivos en la que figuran hasta 25 cargos entre componentes del Gobierno de la Nación y altas instituciones del Estado (entre ellas, presidentes del Congreso y Senado y presidenta del Tribunal Constitucional).
Pero no es éste el único privilegio inmerecido que los miembros de la "casta" política se reservan en estos tiempos de crisis general. Disfrutan de pensiones máximas con sólo permanecer siete años en un cargo, mientras que los españoles necesitan cotizar toda la vida; cobrar dietas y suplementos que no tienen fiscalidad; sus sueldos han descendido de manera ridícula y en muchos casos han sido compensados con incrementos ocultos de dietas y pagos en especie; siguen disfrutando de ventajas como teléfonos móviles (solo la Junta de Andalucía tiene casi 35.000 dados de alta), tarjetas de crédito a cuenta del erario público; coches oficiales y decenas de ventajas, exenciones y privilegios que les convierten en los verdaderos "nuevos amos" de España, con fueros especiales y otros atributos comparables a los que disfrutaban los nobles en tiempos del Absolutismo.
Si por lo menos hubieran gobernado bien el país y tomado decisiones correctas, los ciudadanos tal vez habrían olvidado esas distinciones y ventajas, pero han sido tan malos gobernantes que han llevado al país hasta la ruina y el fracaso. El balance de su gestión es bochornoso: han dominado la enseñanza y la han convertido en una de las peores del mundo; han ocupado los consejos de administración de las cajas de ahorro y han arruinado a la mayoría de ellas; les ha faltado dinero y, en lugar de ahorrar, han despilfarrado y se han endeudado hasta la locura, hipotecando el futuro de varias generaciones de españoles; han hecho que la corrupción infecte el tejido social español, hasta niveles insospechados; han convertido a las administraciones públicas en las que peor pagan sus deudas, causando la ruina y el cierra de muchas empresas; han convertido la democracia en una sucia partitocracia; han violado casi todos los principios básicos que rugen las democracias, sobre todo el de la separación de poderes, convirtiendo al Ejecutivo en amo y señor del sistema; han expulsado al ciudadano, soberano en democracia, de todos los procesos de toma de decisiones; han prostituido la gobernanza con irregularidades y hasta delitos que van desde las colocaciones a dedo de amigos y familiares, concursos públicos otorgados a amigos, listas negras de adversarios que nunca ganan concursos ni reciben subvenciones, cobro de comisiones a empresarios, enriquecimiento de miles de políticos sin justificación alguna y decenas de barbaridades más que los hacen más merecedores de repulsa y castigo que de los privilegios y beneficios que disfrutan en contra de la voluntad popular.
Pero el gran drama de España es que, siendo la alternancia deseable y positiva, tampoco existe una oposición fiable, que sea capaz de asumir una apuesta firme por la regeneración democrática de un país corrupto, podrido y ya sin esperanza ni confianza.
Es indignante. La "casta" socialista está decidida a blindar sus privilegios antes de perder el poder, a pesar de que la mayoría de los españoles ya les desprecia porque hacen pagar el peso de la crisis a los más débiles y porque en estos tiempos difíciles para todos, ellos han sido incapaces de dar ejemplo de limpieza y de renuncia a sus privilegios inmerecidos.
El Real Decreto Ley 13/2010 del pasado 3 de diciembre sobre "actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo" esconde en su letra pequeña algo más grave e indignante que los motivos que llevaron a los controladores aéreos a abandonar sus puestos de trabajo en señal de protesta laboral.
El Gobierno, a través de su vicepresidente tercero, Manuel Chaves, ha sido incapaz de precisar por qué razones ex presidentes y ex miembros del Ejecutivo podrán seguir acogiéndose al régimen de clases pasivas, mientras la amplia masa funcionarial estará sujeta a otra normativa.
Mantener los privilegios en tiempos de crisis y de penurias para la inmensa mayoría de los españoles constituye una lacra de la democracia española y una ofensa que los ciudadanos nunca deberían soportar. Ante una injusticia de ese tamaño, está más que justificada la rebeldía ciudadana contra lo inicuo, un principio de la ley natural, superior a las leyes de cualquier parlamento, que ha sido el gran motor del progreso y la pieza más digna de la civilización a lo largo de la Historia.
Inexplicablemente, con una arrogancia injustificable e incompatible con la democracia, la élite del PSOE no solo es incapaz de dar ejemplo renunciando a algunos de sus privilegios, sino que los refuerzan, a pesar de que ellos han sido los que, con su impericia, torpeza y mal gobierno, han llevado a España hasta la ruina y el borde del fracaso.
Con la entrada de 2011, los nuevos empleados públicos ingresan directamente en el régimen general de la Seguridad Social y no en el de las clases pasivas, esto es, aquél que contempla una serie de indemnizaciones tras la jubilación como prestaciones por accidentes, rebajas en el sistema sanitario, etc.
Según consta en el citado real decreto queda exenta de este sometimiento el régimen general de la Seguridad Social una lista de colectivos en la que figuran hasta 25 cargos entre componentes del Gobierno de la Nación y altas instituciones del Estado (entre ellas, presidentes del Congreso y Senado y presidenta del Tribunal Constitucional).
Pero no es éste el único privilegio inmerecido que los miembros de la "casta" política se reservan en estos tiempos de crisis general. Disfrutan de pensiones máximas con sólo permanecer siete años en un cargo, mientras que los españoles necesitan cotizar toda la vida; cobrar dietas y suplementos que no tienen fiscalidad; sus sueldos han descendido de manera ridícula y en muchos casos han sido compensados con incrementos ocultos de dietas y pagos en especie; siguen disfrutando de ventajas como teléfonos móviles (solo la Junta de Andalucía tiene casi 35.000 dados de alta), tarjetas de crédito a cuenta del erario público; coches oficiales y decenas de ventajas, exenciones y privilegios que les convierten en los verdaderos "nuevos amos" de España, con fueros especiales y otros atributos comparables a los que disfrutaban los nobles en tiempos del Absolutismo.
Si por lo menos hubieran gobernado bien el país y tomado decisiones correctas, los ciudadanos tal vez habrían olvidado esas distinciones y ventajas, pero han sido tan malos gobernantes que han llevado al país hasta la ruina y el fracaso. El balance de su gestión es bochornoso: han dominado la enseñanza y la han convertido en una de las peores del mundo; han ocupado los consejos de administración de las cajas de ahorro y han arruinado a la mayoría de ellas; les ha faltado dinero y, en lugar de ahorrar, han despilfarrado y se han endeudado hasta la locura, hipotecando el futuro de varias generaciones de españoles; han hecho que la corrupción infecte el tejido social español, hasta niveles insospechados; han convertido a las administraciones públicas en las que peor pagan sus deudas, causando la ruina y el cierra de muchas empresas; han convertido la democracia en una sucia partitocracia; han violado casi todos los principios básicos que rugen las democracias, sobre todo el de la separación de poderes, convirtiendo al Ejecutivo en amo y señor del sistema; han expulsado al ciudadano, soberano en democracia, de todos los procesos de toma de decisiones; han prostituido la gobernanza con irregularidades y hasta delitos que van desde las colocaciones a dedo de amigos y familiares, concursos públicos otorgados a amigos, listas negras de adversarios que nunca ganan concursos ni reciben subvenciones, cobro de comisiones a empresarios, enriquecimiento de miles de políticos sin justificación alguna y decenas de barbaridades más que los hacen más merecedores de repulsa y castigo que de los privilegios y beneficios que disfrutan en contra de la voluntad popular.