La sociedad española no tendrá dignidad ni decencia, ni democracia hasta que no consiga que los políticos corruptos que se han enriquecido ilícitamente saqueando las arcas públicas, expoliando las cajas de ahorro y traicionando la confianza de los ciudadanos ingresen en prisión. Mientras esos ladrones, protegidos por alguno de los partidos políticos, permanezcan en libertad, gozando de la rapiña, España será un país sin fuerza moral y sin un liderazgo legítimo y aceptado por la ciudadanía capaz de pilotar la regenerración y el despegue.
Los que han llevado a España hasta la ruina, la pobreza, el desempleo y la desesperación, los que han provocado con su ineptitud y robos que la crisis económica sea más grave para España que para cualquiera de nuestros vecinos, no sólo no están siendo acosados por la Justicia, sino que circulan por nuestras calles cargados de dinero y de privilegios, sin ni siquiera tener que devolver lo que han robado, tras recibir halagos del Partido Popular, cuyo máximo líder, Mariano Rajoy, ya ha dicho que no les pedirá responsabilidades, quizás porque si lo hace un gobierno futuro se las pedirá a él y a su partido.
La lista de los miserables que han llevado a España hasta la ruina es inmensa. Los hay que han equivocado todas las medidas, han despilfarrado sin control y han endeudado a España al rítmo aterrador de más de 500 millones de euros cada día, una cantidad que, curiosamente, es casi idéntica a la que se endeuda España en el presente, bajo el nuevo gobierno de Rajoy. Los hay que han atiborrado de subvenciones a sus familiares y amigos, mientras negaban subvenciones a empresarios cuyo único delito fue no pensar como pensaba el poder. Los hay que tienen que responder de acusaciones que les señalan como corruptos, por haber recibido dinero de un empresario en una gasolinera. Hay muchos que han desvalijado las cajas de ahorro, que las han dejado en la ruina, hasta el punto de haber tenido que ser rescatadas por el Banco de España, con el dinero de todos, después de haberse autoconcedido créditos extraordinariamente blandos y de haberse autoadjudicado despidos, indemnizaciones y pensiones de lujo. Los hay vinculados a una Casa Real que ha fracasado en su deber de ser ejemplar. Hay miles que se han enriquecido de manera fulgurante, sin que sus sueldos oficiales puedan justificar la inemnsa riqueza que han acumulado durante su etapa de poder público.
La presencia de esos individuos por las calles, algunos de ellos aforados como diputados o senadores y muchos de ellos todavía disfrutando de coches oficiales, tarjetas de crédito a cargo del Estado, sueldos y servidores públicos, constituye una humillación para los españoles que hoy tienen que soportar la pobreza y sobre los que está recayendo todo el peso de la crisis y del expolio de España.
Pero la libertad gozosa de los corruptos y canallas que han metido sus manos en las arcas públicas es, sobre todo, una indignidad para la nación y una mancha indeleble para nuestro sistema político, que no será decente ni será aceptado por la ciudadanía hasta que los que han abusado del poder y de la confianza de los ciudadanos no sean juzgados, encarcelados y obligados a devolver el dinero robado.
Es así de sencillo. Hacer la vista gorda ante el delito, aunque ese delito no esté tipificado en el código penal, es una ignominia que envilece a los pueblos y abre las puertas del abuso y la opresión a generaciones futuras. Las fechorías que se han realizado en España, en el sector público o al amparo del poder, además de ser comportamientos propios de rufianes y mafiosos, son también "delitos" políticos contra la democracia y la decencia de un pueblo. Olvidar y perdonar carece de sentido en una democracia, cuya esencia es el sometimiento de todos a una ley que debe ser igual para cada individuo, sin privilegios ni condenas "ejemplares". Sólo si los canallas entran en prisión será verdad esa frase que pronunció el rey Juan Carlos la víspera de la Navidad de 2012, que hoy suena a chiste: "La justicia es igual para todos", una sentencia que, por desgracia, pocos españoles conscientes, informados y decentes comparten.
El Partido Popular ha olvidado que fue elegido por los ciudadanos no sólo para reactivar la economía, a lo que parece dedicarse en exclusiva, sino también para que dignifiquen y adecenten el país, podrido y envilecido por castas sin respeto al bien común.
En lugar de haber perseguido el delito y el comportamiento canalla, han mentido a los ciudadanos afirmando que el proceso de trasvase de poderes fue ejemplar y en lugar de haber alabado la labor de sus predecesores socialistas, debería haber realizado el análisis correcto dsobre una España arruinada y hundida por un gobierno nefasto, muchos de cuyos elementos tienen las manos manchadas ante el ciudadano. Aunque ya quizás sea tarde porque el Partido Popular gobernante está tan envuelto como los socialistas en corrupciones e indecencias, es un deber ineludible de Matiano Rajoy empujar a la Fiscalía para que se cumpla la ley y acabe de una vez con esa vergüenza nacional que humilla a España como nación, que es la impunidad práctica de la casta política.
Los que han llevado a España hasta la ruina, la pobreza, el desempleo y la desesperación, los que han provocado con su ineptitud y robos que la crisis económica sea más grave para España que para cualquiera de nuestros vecinos, no sólo no están siendo acosados por la Justicia, sino que circulan por nuestras calles cargados de dinero y de privilegios, sin ni siquiera tener que devolver lo que han robado, tras recibir halagos del Partido Popular, cuyo máximo líder, Mariano Rajoy, ya ha dicho que no les pedirá responsabilidades, quizás porque si lo hace un gobierno futuro se las pedirá a él y a su partido.
La lista de los miserables que han llevado a España hasta la ruina es inmensa. Los hay que han equivocado todas las medidas, han despilfarrado sin control y han endeudado a España al rítmo aterrador de más de 500 millones de euros cada día, una cantidad que, curiosamente, es casi idéntica a la que se endeuda España en el presente, bajo el nuevo gobierno de Rajoy. Los hay que han atiborrado de subvenciones a sus familiares y amigos, mientras negaban subvenciones a empresarios cuyo único delito fue no pensar como pensaba el poder. Los hay que tienen que responder de acusaciones que les señalan como corruptos, por haber recibido dinero de un empresario en una gasolinera. Hay muchos que han desvalijado las cajas de ahorro, que las han dejado en la ruina, hasta el punto de haber tenido que ser rescatadas por el Banco de España, con el dinero de todos, después de haberse autoconcedido créditos extraordinariamente blandos y de haberse autoadjudicado despidos, indemnizaciones y pensiones de lujo. Los hay vinculados a una Casa Real que ha fracasado en su deber de ser ejemplar. Hay miles que se han enriquecido de manera fulgurante, sin que sus sueldos oficiales puedan justificar la inemnsa riqueza que han acumulado durante su etapa de poder público.
La presencia de esos individuos por las calles, algunos de ellos aforados como diputados o senadores y muchos de ellos todavía disfrutando de coches oficiales, tarjetas de crédito a cargo del Estado, sueldos y servidores públicos, constituye una humillación para los españoles que hoy tienen que soportar la pobreza y sobre los que está recayendo todo el peso de la crisis y del expolio de España.
Pero la libertad gozosa de los corruptos y canallas que han metido sus manos en las arcas públicas es, sobre todo, una indignidad para la nación y una mancha indeleble para nuestro sistema político, que no será decente ni será aceptado por la ciudadanía hasta que los que han abusado del poder y de la confianza de los ciudadanos no sean juzgados, encarcelados y obligados a devolver el dinero robado.
Es así de sencillo. Hacer la vista gorda ante el delito, aunque ese delito no esté tipificado en el código penal, es una ignominia que envilece a los pueblos y abre las puertas del abuso y la opresión a generaciones futuras. Las fechorías que se han realizado en España, en el sector público o al amparo del poder, además de ser comportamientos propios de rufianes y mafiosos, son también "delitos" políticos contra la democracia y la decencia de un pueblo. Olvidar y perdonar carece de sentido en una democracia, cuya esencia es el sometimiento de todos a una ley que debe ser igual para cada individuo, sin privilegios ni condenas "ejemplares". Sólo si los canallas entran en prisión será verdad esa frase que pronunció el rey Juan Carlos la víspera de la Navidad de 2012, que hoy suena a chiste: "La justicia es igual para todos", una sentencia que, por desgracia, pocos españoles conscientes, informados y decentes comparten.
El Partido Popular ha olvidado que fue elegido por los ciudadanos no sólo para reactivar la economía, a lo que parece dedicarse en exclusiva, sino también para que dignifiquen y adecenten el país, podrido y envilecido por castas sin respeto al bien común.
En lugar de haber perseguido el delito y el comportamiento canalla, han mentido a los ciudadanos afirmando que el proceso de trasvase de poderes fue ejemplar y en lugar de haber alabado la labor de sus predecesores socialistas, debería haber realizado el análisis correcto dsobre una España arruinada y hundida por un gobierno nefasto, muchos de cuyos elementos tienen las manos manchadas ante el ciudadano. Aunque ya quizás sea tarde porque el Partido Popular gobernante está tan envuelto como los socialistas en corrupciones e indecencias, es un deber ineludible de Matiano Rajoy empujar a la Fiscalía para que se cumpla la ley y acabe de una vez con esa vergüenza nacional que humilla a España como nación, que es la impunidad práctica de la casta política.