Acomplejados ante la incapacidad de ser tan eficaces como el Franquismo en la política de viviendas, los falsos demócratas españoles han eliminado las cientos de miles de placas como esta que existían en las ciudades y pueblos de España
El Govern socialista de Baleares, en lugar de construir viviendas baratas para los pobres y necesitados, como hizo el Franquismo durante décadas, con gran éxito, ha decidido expropiarlas, lo que en las democracias y estados de derecho equivale, casi siempre, a un robo legalizado.
Intentar solucionar el problema de la vivienda a golpe de expropiación, como ha hecho el gobierno izquierdista de Baleares, es una locura suicida porque esas islas tienen una economía que depende, en una alta proporción, de los visitantes y residentes de otras naciones. El primer efecto de esa decisión demencial será la fuga de los inversores, lo que devaluará Baleares como destino turístico y hundirá todavía más la economía.
La expropiación de viviendas se une en España a la política de protección de los "okupas", otro escándalo que viola la Constitución, escupe sobre la democracia y ahuyenta al dinero inversor.
La locura de la izquierda obliga a muchos analistas y expertos a considerar la posibilidad de que el gobierno esté arruinando conscientemente a España para, una vez destruida su economía y con su población empobrecida y arrodillada, construir sobre esa miseria el mundo nuevo que ellos sueñan, dominado por un Estado todopoderoso, dueño de casi todo, que ellos mismos administrarían.
El tripartito que gobierna Baleares, integrado por el PSOE, Podemos y el nacionalista Més, anunció la expropiación de 56 viviendas de los llamados “grandes propietarios” para cedérselas a familias necesitadas con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos. Lo hace aplicando la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, de carácter autonómico, cuya constitucionalidad es más que dudosa por atacar la propiedad privada. Ahora, cuando el mal está hecho, muchos se sorprenden de que el Tribunal Constitucional no haya frenado a tiempo esa ley ajena a la democracia y a los derechos fundamentales.
El tan criticado Franquismo fue ejemplar a la hora de solucionar el problema de la vivienda en España. En los primeros años construyo cientos de miles, pero entre 1961 y 1973 fueron más de cuatro millones las viviendas sociales construidas, lo que equivale a unas mil por día. Esa viviendas, baratas y de una calidad aceptable, eran fácilmente pagadas por los trabajadores con una parte pequeña de su salario.
Los políticos actuales, incapaces de imitar aquella magnífica política franquista, prefieren otros métodos que, curiosamente son más tiránicos, dictatoriales e indecentes, como la protección de los que "okupan" edificios y viviendas y ahora la "expropiación". Todo menos gastar dinero en viviendas sociales porque el dinero público, vergonzosamente, prefieren gastarlo, primero y sobre todo, a financiar el clientelismo, a comprar voluntades y medios de comunicación, a colocar a los amigos y correligionarios con sueldos públicos y a pagar los lujos y privilegios de la clase política.
Francisco Rubiales
Intentar solucionar el problema de la vivienda a golpe de expropiación, como ha hecho el gobierno izquierdista de Baleares, es una locura suicida porque esas islas tienen una economía que depende, en una alta proporción, de los visitantes y residentes de otras naciones. El primer efecto de esa decisión demencial será la fuga de los inversores, lo que devaluará Baleares como destino turístico y hundirá todavía más la economía.
La expropiación de viviendas se une en España a la política de protección de los "okupas", otro escándalo que viola la Constitución, escupe sobre la democracia y ahuyenta al dinero inversor.
La locura de la izquierda obliga a muchos analistas y expertos a considerar la posibilidad de que el gobierno esté arruinando conscientemente a España para, una vez destruida su economía y con su población empobrecida y arrodillada, construir sobre esa miseria el mundo nuevo que ellos sueñan, dominado por un Estado todopoderoso, dueño de casi todo, que ellos mismos administrarían.
El tripartito que gobierna Baleares, integrado por el PSOE, Podemos y el nacionalista Més, anunció la expropiación de 56 viviendas de los llamados “grandes propietarios” para cedérselas a familias necesitadas con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos. Lo hace aplicando la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, de carácter autonómico, cuya constitucionalidad es más que dudosa por atacar la propiedad privada. Ahora, cuando el mal está hecho, muchos se sorprenden de que el Tribunal Constitucional no haya frenado a tiempo esa ley ajena a la democracia y a los derechos fundamentales.
El tan criticado Franquismo fue ejemplar a la hora de solucionar el problema de la vivienda en España. En los primeros años construyo cientos de miles, pero entre 1961 y 1973 fueron más de cuatro millones las viviendas sociales construidas, lo que equivale a unas mil por día. Esa viviendas, baratas y de una calidad aceptable, eran fácilmente pagadas por los trabajadores con una parte pequeña de su salario.
Los políticos actuales, incapaces de imitar aquella magnífica política franquista, prefieren otros métodos que, curiosamente son más tiránicos, dictatoriales e indecentes, como la protección de los que "okupan" edificios y viviendas y ahora la "expropiación". Todo menos gastar dinero en viviendas sociales porque el dinero público, vergonzosamente, prefieren gastarlo, primero y sobre todo, a financiar el clientelismo, a comprar voluntades y medios de comunicación, a colocar a los amigos y correligionarios con sueldos públicos y a pagar los lujos y privilegios de la clase política.
Francisco Rubiales