Las reuniones recientes y sin testigos de Zapatero con el catalán Montilla y con el andaluz Cháves para pactar el sistema de financiación autonómica demuestran que la opacidad, antítesis de la democracia, se ha impuesto como norma en el gobierno de España, convirtiendo al sistema político en una especie de dictadura legalizada por las urnas, algo vulgar y despreciable que los ciudadanos demócratas deben rechazar.
Esas reuniones han provocado la reacción adversa de otras autonomías, partidos políticos y parte de la prensa y de la ciudadanía, que reclaman al unísono que ese asunto, de vital importancia para la nación, se decida en negociaciones abiertas y dominadas por la transparencia y la equidad.
Poco a poco, la opacidad se convierte en el sello de identidad del gobierno Zapatero. La información es considerada patrimonio del poder y se oculta a los ciudadanos, mientras que las negociaciones se hacen sin luz ni taquígrafos, las decisiones más graves se toman al margen del criterio mayoritario y el capricho del gobernante adquiere rango de ley.
Los hechos recientes demuestran hasta la saciedad el imperio de ese estilo de gobierno opaco y antidemocrático que Zapatero ha impuesto: el famoso "aguinaldo" bancario, toda una rebaja fiscal para los banqueros y sus familias, fue aprobado de manera casi secreta y hasta los ministros lo conocieron cuando la semana pasada lo publicó un diario español en exclusiva.
La opacidad, vicio de sátrapas y dictadores, es el dominio de la mentira y del engaño, un comportamiento ampliamente conocido por los españoles porque es práctica habitual de un gobierno que niega hasta lo evidente y camufla continuamente la realidad, una práctica que es justamente la antítesis de la democracia, que requiere respeto a la verdad, transparencia, luz y taquígrafos.
La historia ha demostrado muchas veces que la opacidad en el gobierno suele ser la antesala de la dictadura. Los ejemplos son notorios y claros y se encuentran en la Rusia bolchevique, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en los primeros tiempos del franquismo y en regimenes tan indecentes como los que gobernaron China y Camboya, con Mao y Pol Pot, respectivamente. Hoy, la opacidad es una práctica considerada antidemocrática y habitual sólo en dictaduras siniestras como la cubana o la que construye, día a día, el gorila de Venezuela, entre otros.
La política del gobierno de España ante la crisis económica está siendo opaca porque oculta la realidad al ciudadano. El gobierno negó la existencia de la crisis hasta que el drama golpeaba a la sociedad con tanta furia que resultaba imposible ocultarla. Posteriormente, sin consultar a los ciudadanos, el gobierno derramó sobre los bancos nada menos que una quinta parte de toda la riqueza de España, endeudando a tres generaciones de españoles, pero sin informar quien recibía el dinero y en qué condiciones. En tiempos pasados fue notoria la opacidad del gobierno Zapatero al negar reitaradamente algo que era verdad: que negociaba con la banda terrorista ETA.
Si ocultar la verdad al pueblo y gobernar desde la oscuridad es antidemocrático y deleznable, hacerlo en tiempos de crisis y con el dinero de todos, cuando la población avanza hacia la pobreza y se supone que los ciudadanos, en democracia, deben aunarse en un esfuerzo colectivo para derrotar la adversidad, es, además, despreciable.
Esas reuniones han provocado la reacción adversa de otras autonomías, partidos políticos y parte de la prensa y de la ciudadanía, que reclaman al unísono que ese asunto, de vital importancia para la nación, se decida en negociaciones abiertas y dominadas por la transparencia y la equidad.
Poco a poco, la opacidad se convierte en el sello de identidad del gobierno Zapatero. La información es considerada patrimonio del poder y se oculta a los ciudadanos, mientras que las negociaciones se hacen sin luz ni taquígrafos, las decisiones más graves se toman al margen del criterio mayoritario y el capricho del gobernante adquiere rango de ley.
Los hechos recientes demuestran hasta la saciedad el imperio de ese estilo de gobierno opaco y antidemocrático que Zapatero ha impuesto: el famoso "aguinaldo" bancario, toda una rebaja fiscal para los banqueros y sus familias, fue aprobado de manera casi secreta y hasta los ministros lo conocieron cuando la semana pasada lo publicó un diario español en exclusiva.
La opacidad, vicio de sátrapas y dictadores, es el dominio de la mentira y del engaño, un comportamiento ampliamente conocido por los españoles porque es práctica habitual de un gobierno que niega hasta lo evidente y camufla continuamente la realidad, una práctica que es justamente la antítesis de la democracia, que requiere respeto a la verdad, transparencia, luz y taquígrafos.
La historia ha demostrado muchas veces que la opacidad en el gobierno suele ser la antesala de la dictadura. Los ejemplos son notorios y claros y se encuentran en la Rusia bolchevique, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en los primeros tiempos del franquismo y en regimenes tan indecentes como los que gobernaron China y Camboya, con Mao y Pol Pot, respectivamente. Hoy, la opacidad es una práctica considerada antidemocrática y habitual sólo en dictaduras siniestras como la cubana o la que construye, día a día, el gorila de Venezuela, entre otros.
La política del gobierno de España ante la crisis económica está siendo opaca porque oculta la realidad al ciudadano. El gobierno negó la existencia de la crisis hasta que el drama golpeaba a la sociedad con tanta furia que resultaba imposible ocultarla. Posteriormente, sin consultar a los ciudadanos, el gobierno derramó sobre los bancos nada menos que una quinta parte de toda la riqueza de España, endeudando a tres generaciones de españoles, pero sin informar quien recibía el dinero y en qué condiciones. En tiempos pasados fue notoria la opacidad del gobierno Zapatero al negar reitaradamente algo que era verdad: que negociaba con la banda terrorista ETA.
Si ocultar la verdad al pueblo y gobernar desde la oscuridad es antidemocrático y deleznable, hacerlo en tiempos de crisis y con el dinero de todos, cuando la población avanza hacia la pobreza y se supone que los ciudadanos, en democracia, deben aunarse en un esfuerzo colectivo para derrotar la adversidad, es, además, despreciable.
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