El reciente apoyo de Emilio Botín, presidente del Santander, primer banco de España, a Zapatero, pidiéndole que no dimita y que permanezca en el poder hasta 2012, a pesar de que hay un 80 por ciento de españoles que exige elecciones anticipadas, no es una casualidad, ni un capricho del banquero, sino el fruto de un profundo idilio entre el socialismo degenerado que representa Zapatero y las grandes empresas españolas, especialmente los bancos.
Zapatero, personalmente, se ha negado recientemente a reformar una de las leyes más injustas de España, la que permite a los bancos cobrar sus hipotecas no pagadas no sólo expropiando la vivienda hipotecada, sino quedándose con todo el patrimonio del deudor, hasta que quede saldada la deuda en su totalidad. Su miserable excusa es que cambiar esa ley, como quieren algunos partidos políticos y millones de ciudadanos, perjudicaría notablemente al sistema bancario español.
Zapatero opta por beneficiar al banco antes que al ciudadano, cerrando los oídos al clamor que reclama que esa ley sea sustituida por otra que asuma los criterios vigentes en Estados Unidos y otros muchos países, donde se permite saldar la deuda con un banco entregando las llaves de la vivienda hipotecada.
Pero no es la defensa de esa ley injusta lo único que demuestra que Zapatero antepone el interés de los banqueros al sufrimiento de esos cientos de miles de familias españolas que han padecido un desahucio en los últimos años y que han perdido sus viviendas, quedando así burlado su derecho constitucional a una vivienda digna. Los hechos son tozudos y demuestran que Zapatero ha empeñado nada menos que el 15 por ciento de la riqueza española en ayudar a unos bancos que se encuentran en dificultades, casi siempre como consecuencia de su avaricia y de haber practicado un juego financiero sucio, arriesgado y poco profesional, pero no ha movido un dedo en favor de los pobres, ni de esos cientos de miles de pequeños empresarios que son los que generan casi el 90 por ciento de los empleos en España, que cierran sus empresas y engrosan el paro porque el gobierno los acosa y atosiga con subidas de impuestos, inspecciones, multas y exigencias burocráticas insoportables.
Los hechos son tozudos y reflejan la realidad con más fidelidad que las palabras. Detrás de un gobierno que se comporta así no puede existir una auténtica ideología de izquierda, ni un sentimiento popular, sino un espíritu elitista y arrogante que le acerca y le convierte en aliado de los poderosos y de los millonarios.
La Iglesia española, denostada por el poder y arrastrando su quizás merecida mala imagen ante la sociedad española, por haberse situado demasiadas veces en la Historia al lado de los poderosos y de los ricos, abandonando a los humildes, está realizando hoy precisamente la obra que le correspondería a un auténtico gobierno decente y digno: acoger a los pobres, necesitados y humildes para ayudarles a superar el terrible trance de la pobreza y de la humillación, provocado por la implacable crisis de la economía.
El voluntariado de Cáritas está funcionando a pleno pulmón, desbordado, con los comedores repletos y desplegando solidaridad y apoyo a los cientos de miles de pobres que acuden a sus puertas. Las donaciones de los católicos españoles son cada día más importantes y permiten a Cáritas paliar muchos dramas y pagar miles de cuotas de hipotecas a familias que están en peligro de ser desahuciadas.
A pesar de esa labor, Cáritas, la principal entidad de ayuda a los pobres de la Iglesia Católica española, está marginada por el gobierno, que le entrega ayudas con cuentagotas, sin tener en cuenta su valioso papel en la crisis, quizás porque practica la fe católica. A pesar de padecer la lacerante injusticia de contemplar como las ayudas públicas le son cortadas, Cáritas está hoy en el ojo del trágico huracán de la crisis que lleva a España hacia la ruina, plantándole cara a la pobreza y acompañando a los pobres y humildes en su tragedia diaria, mientras que el gobierno destina parte de los fondos, producto de los impuestos que cobra a los ciudadanos, a ayudar a los banqueros y a los amigos del poder, entre los que figuran centenares de ONGs que se atiborran de subvenciones oficiales sin poder exibir otro mérito que el de que sus promotores son amigos del gobierno, sin olvidar los millones de euros destinados a corrupciones nauseabundas como las de los falsos EREs en Andalucía, gracias a los cuales una larga lista de militantes socialistas y de UGT cobran pensiones de empresas en las que nunca habían trabajado.
Zapatero, personalmente, se ha negado recientemente a reformar una de las leyes más injustas de España, la que permite a los bancos cobrar sus hipotecas no pagadas no sólo expropiando la vivienda hipotecada, sino quedándose con todo el patrimonio del deudor, hasta que quede saldada la deuda en su totalidad. Su miserable excusa es que cambiar esa ley, como quieren algunos partidos políticos y millones de ciudadanos, perjudicaría notablemente al sistema bancario español.
Zapatero opta por beneficiar al banco antes que al ciudadano, cerrando los oídos al clamor que reclama que esa ley sea sustituida por otra que asuma los criterios vigentes en Estados Unidos y otros muchos países, donde se permite saldar la deuda con un banco entregando las llaves de la vivienda hipotecada.
Pero no es la defensa de esa ley injusta lo único que demuestra que Zapatero antepone el interés de los banqueros al sufrimiento de esos cientos de miles de familias españolas que han padecido un desahucio en los últimos años y que han perdido sus viviendas, quedando así burlado su derecho constitucional a una vivienda digna. Los hechos son tozudos y demuestran que Zapatero ha empeñado nada menos que el 15 por ciento de la riqueza española en ayudar a unos bancos que se encuentran en dificultades, casi siempre como consecuencia de su avaricia y de haber practicado un juego financiero sucio, arriesgado y poco profesional, pero no ha movido un dedo en favor de los pobres, ni de esos cientos de miles de pequeños empresarios que son los que generan casi el 90 por ciento de los empleos en España, que cierran sus empresas y engrosan el paro porque el gobierno los acosa y atosiga con subidas de impuestos, inspecciones, multas y exigencias burocráticas insoportables.
Los hechos son tozudos y reflejan la realidad con más fidelidad que las palabras. Detrás de un gobierno que se comporta así no puede existir una auténtica ideología de izquierda, ni un sentimiento popular, sino un espíritu elitista y arrogante que le acerca y le convierte en aliado de los poderosos y de los millonarios.
La Iglesia española, denostada por el poder y arrastrando su quizás merecida mala imagen ante la sociedad española, por haberse situado demasiadas veces en la Historia al lado de los poderosos y de los ricos, abandonando a los humildes, está realizando hoy precisamente la obra que le correspondería a un auténtico gobierno decente y digno: acoger a los pobres, necesitados y humildes para ayudarles a superar el terrible trance de la pobreza y de la humillación, provocado por la implacable crisis de la economía.
El voluntariado de Cáritas está funcionando a pleno pulmón, desbordado, con los comedores repletos y desplegando solidaridad y apoyo a los cientos de miles de pobres que acuden a sus puertas. Las donaciones de los católicos españoles son cada día más importantes y permiten a Cáritas paliar muchos dramas y pagar miles de cuotas de hipotecas a familias que están en peligro de ser desahuciadas.
A pesar de esa labor, Cáritas, la principal entidad de ayuda a los pobres de la Iglesia Católica española, está marginada por el gobierno, que le entrega ayudas con cuentagotas, sin tener en cuenta su valioso papel en la crisis, quizás porque practica la fe católica. A pesar de padecer la lacerante injusticia de contemplar como las ayudas públicas le son cortadas, Cáritas está hoy en el ojo del trágico huracán de la crisis que lleva a España hacia la ruina, plantándole cara a la pobreza y acompañando a los pobres y humildes en su tragedia diaria, mientras que el gobierno destina parte de los fondos, producto de los impuestos que cobra a los ciudadanos, a ayudar a los banqueros y a los amigos del poder, entre los que figuran centenares de ONGs que se atiborran de subvenciones oficiales sin poder exibir otro mérito que el de que sus promotores son amigos del gobierno, sin olvidar los millones de euros destinados a corrupciones nauseabundas como las de los falsos EREs en Andalucía, gracias a los cuales una larga lista de militantes socialistas y de UGT cobran pensiones de empresas en las que nunca habían trabajado.