El gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero está abrumado por los problemas y hace frente como puede a por lo menos doce brechas abiertas de gravedad, en algunas de las cuales está en juego el futuro de España como país, pero sorprende que, en estas circunstancias, el gobierno socialista español no haya demostrado el mínimo interés en conocer lo que piensan sus ciudadanos sobre problemas como el Estatuto secesionista catalán, la inmigración desbordada, la sequía y la distribución solidaria de las reservas de agua, el también independentista Plan Ibarretxe, las negociaciones con ETA, el enfrentamiento con la Iglesia Católica y otros, todos ellos de una elevada gravedad y con implicaciones que afectan a una ciudadanía cuya opinión, en contra de los principios democráticos, está siendo ignorada por el gobierno.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten a los gobiernos conocer en cada momento la opinión de sus ciudadanos, un valioso recurso cívico que los gobiernos no utilizan y que, si fuera activado, regeneraría y elevaría el nivel de la democracia.
Los principales medios de comunicación españoles acaban de publicar encuestas que reflejan el rechazo masivo de la opinión pública al estatuto secesionista de Cataluña. Aunque parezca increíble, los gobiernos democráticos no se sienten obligados a tener en cuenta esos criterios ciudadanos.
Numerosos politólogos y sociólogos opinan que los gobiernos democráticos, sobre todo en Europa, se han vuelto demasiado arrogantes y se han adherido al democráticamente dudoso principio de que los representantes electos deben tomar las decisiones en nombre de sus representados, sin tener en cuenta su opinión, una interpretación de la democracia preñada de leninismo y de tintes autoritarios, muy cuestionada por los expertos de medio mundo, convencidos de que la autonomía de los políticos en la toma de decisiones afecta sólo a los asuntos ordinarios y que todo gobierno, que es fiduciario en democracia, queda deslegitimado cuando actúa en contra de la opinión mayoritaria de sus pueblos o cuando pierde la confianza de los ciudadanos.
Como no se atreve a cuestionar la importancia de obedecer la opinión mayoritaria de los ciudadanos, principio impecable en democracia, el poder político se limita a no realizar consultas o a ocultar el resultado de las que realiza.
Este comportamiento del poder está alimentado fenómenos cada día más visibles, como el descrédito de la política, la pérdida de prestigio de la democracia, la desconfianza de los ciudadanos en el liderazgo político y la indiferencia de los votantes ante los procesos electorales, síntomas evidentes de que el cáncer está actuando en unas democracias que, peligrosamente, están en retroceso.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten a los gobiernos conocer en cada momento la opinión de sus ciudadanos, un valioso recurso cívico que los gobiernos no utilizan y que, si fuera activado, regeneraría y elevaría el nivel de la democracia.
Los principales medios de comunicación españoles acaban de publicar encuestas que reflejan el rechazo masivo de la opinión pública al estatuto secesionista de Cataluña. Aunque parezca increíble, los gobiernos democráticos no se sienten obligados a tener en cuenta esos criterios ciudadanos.
Numerosos politólogos y sociólogos opinan que los gobiernos democráticos, sobre todo en Europa, se han vuelto demasiado arrogantes y se han adherido al democráticamente dudoso principio de que los representantes electos deben tomar las decisiones en nombre de sus representados, sin tener en cuenta su opinión, una interpretación de la democracia preñada de leninismo y de tintes autoritarios, muy cuestionada por los expertos de medio mundo, convencidos de que la autonomía de los políticos en la toma de decisiones afecta sólo a los asuntos ordinarios y que todo gobierno, que es fiduciario en democracia, queda deslegitimado cuando actúa en contra de la opinión mayoritaria de sus pueblos o cuando pierde la confianza de los ciudadanos.
Como no se atreve a cuestionar la importancia de obedecer la opinión mayoritaria de los ciudadanos, principio impecable en democracia, el poder político se limita a no realizar consultas o a ocultar el resultado de las que realiza.
Este comportamiento del poder está alimentado fenómenos cada día más visibles, como el descrédito de la política, la pérdida de prestigio de la democracia, la desconfianza de los ciudadanos en el liderazgo político y la indiferencia de los votantes ante los procesos electorales, síntomas evidentes de que el cáncer está actuando en unas democracias que, peligrosamente, están en retroceso.