El gobierno prepara un "zarpazo fiscal" que hundirá todavía más la prosperidad en España
Los paraísos fiscales existen porque hay gobiernos tan codiciosos e injustos que crean para sus ciudadanos “infiernos” fiscales donde se saquea y expolia sin piedad. En España, el gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez ha creado uno de los más injustos y deleznables sistemas fiscales depredadores y expoliadores del mundo.
Mientras el resto del mundo baja los impuestos, como es preceptivo cuando la economía está postrada y en crisis, España los está subiendo, de manera incomprensible, ante la sorpresa y el espanto de los expertos y de los gobiernos aliados. Lo lógico es que el "zarpazo" fiscal que prepara el gobierno de Sánchez hunda más la economía y empuje al país hacia una pobreza que parece ser deseada por los que gobiernan.
En estas circunstancias, huir del infierno fiscal español en busca de países más justos y decentes en su tratamiento fiscal, no solo no es reprochable ni delito insolidario, sino que es un acto de rebeldía democrática incardinado en la lucha contra el mal gobierno y el abuso de poder.
El zarpazo fiscal que el gobierno prepara incluye aspectos tan injustos y reprobables como imponer en todo el territorio un impuesto tan indecente, injusto y denostado como el de Sucesiones, que grava las herencias y que está provocando que miles de ciudadanos renuncien a heredar lo que les dejan sus padres porque no pueden pagar los impuestos que exige el gobierno, o el del patrimonio, que ha sido eliminado en casi la totalidad de los países del mundo por injusto y por ser dañino para la economía y la prosperidad de los pueblos.
España es campeón mundial en la aplicación de esos dos impuestos indeseables y, según muchos expertos, inconstitucionales por ser confiscadores y representar una doble imposición encubierta.
Si se atiende al criterio de miles de expertos, filósofos y pensadores defensores de la democracia y la libertad, huir de un infierno fiscal, creado por codicia, es un deber ciudadano y un acto responsable de defensa de la democracia.
Los gobiernos, en democracia, deben estar siempre vigilados y frenados por los ciudadanos para que no abusen y se transformen en máquinas de sojuzgamiento y opresión. Escapar a un paraíso fiscal cuando los gobernantes saquean y expolian es parte de esa "vigilancia y control" cívico y democrático al poder, además de un derecho ciudadano protegido por las leyes internacionales.
Los paraísos fiscales no son ilegales sino refugios de libertad protegidos por la ley para los que corren el riesgo de ser saqueados. Trasladar la residencia a un paraíso para evitar ser expoliado es un acto de libertad legal y lícito.
Pero en España se da una circunstancia que agrava todavía más el problema fiscal porque el recaudador de los impuestos no es fiable y está bajo sospecha de corrupción, como lo demuestran los cientos de escándalos que han asolado el país en los últimos años, en los que personas con poder político se han apropiado de dinero público o han violado la ley para enriquecerse.
Muchos españoles tienen motivos para no fiarse de que el dinero de sus impuestos sea empleado con equidad y justicia por un gobierno donde germinan el abuso de poder, la compra de votos, el control de los medios de comunicación, el clientelismo y decenas de variedades de la corrupción pública. Son demasiados los españoles que declaran en los sondeos que temen que sus impuestos terminen en el bolsillo de algún ladrón con carné de partido y atrincherado en el Estado.
Los ciudadanos que no se opongan al zarpazo fiscal se convierten en cómplices de esa injusticia, que además de robar legalmente a muchos ciudadanos y empresas, potenciará el desempleo, la pobreza y el hundimiento del país. Oponerse a ese acto depredador es un deber democrático, como también lo es emigrar desde el infierno al paraíso.
Francisco Rubiales
Mientras el resto del mundo baja los impuestos, como es preceptivo cuando la economía está postrada y en crisis, España los está subiendo, de manera incomprensible, ante la sorpresa y el espanto de los expertos y de los gobiernos aliados. Lo lógico es que el "zarpazo" fiscal que prepara el gobierno de Sánchez hunda más la economía y empuje al país hacia una pobreza que parece ser deseada por los que gobiernan.
En estas circunstancias, huir del infierno fiscal español en busca de países más justos y decentes en su tratamiento fiscal, no solo no es reprochable ni delito insolidario, sino que es un acto de rebeldía democrática incardinado en la lucha contra el mal gobierno y el abuso de poder.
El zarpazo fiscal que el gobierno prepara incluye aspectos tan injustos y reprobables como imponer en todo el territorio un impuesto tan indecente, injusto y denostado como el de Sucesiones, que grava las herencias y que está provocando que miles de ciudadanos renuncien a heredar lo que les dejan sus padres porque no pueden pagar los impuestos que exige el gobierno, o el del patrimonio, que ha sido eliminado en casi la totalidad de los países del mundo por injusto y por ser dañino para la economía y la prosperidad de los pueblos.
España es campeón mundial en la aplicación de esos dos impuestos indeseables y, según muchos expertos, inconstitucionales por ser confiscadores y representar una doble imposición encubierta.
Si se atiende al criterio de miles de expertos, filósofos y pensadores defensores de la democracia y la libertad, huir de un infierno fiscal, creado por codicia, es un deber ciudadano y un acto responsable de defensa de la democracia.
Los gobiernos, en democracia, deben estar siempre vigilados y frenados por los ciudadanos para que no abusen y se transformen en máquinas de sojuzgamiento y opresión. Escapar a un paraíso fiscal cuando los gobernantes saquean y expolian es parte de esa "vigilancia y control" cívico y democrático al poder, además de un derecho ciudadano protegido por las leyes internacionales.
Los paraísos fiscales no son ilegales sino refugios de libertad protegidos por la ley para los que corren el riesgo de ser saqueados. Trasladar la residencia a un paraíso para evitar ser expoliado es un acto de libertad legal y lícito.
Pero en España se da una circunstancia que agrava todavía más el problema fiscal porque el recaudador de los impuestos no es fiable y está bajo sospecha de corrupción, como lo demuestran los cientos de escándalos que han asolado el país en los últimos años, en los que personas con poder político se han apropiado de dinero público o han violado la ley para enriquecerse.
Muchos españoles tienen motivos para no fiarse de que el dinero de sus impuestos sea empleado con equidad y justicia por un gobierno donde germinan el abuso de poder, la compra de votos, el control de los medios de comunicación, el clientelismo y decenas de variedades de la corrupción pública. Son demasiados los españoles que declaran en los sondeos que temen que sus impuestos terminen en el bolsillo de algún ladrón con carné de partido y atrincherado en el Estado.
Los ciudadanos que no se opongan al zarpazo fiscal se convierten en cómplices de esa injusticia, que además de robar legalmente a muchos ciudadanos y empresas, potenciará el desempleo, la pobreza y el hundimiento del país. Oponerse a ese acto depredador es un deber democrático, como también lo es emigrar desde el infierno al paraíso.
Francisco Rubiales