La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha denunciado la "cacería" y el "acoso brutal" que, en su opinión, están sufriendo el presidente del Gobierno y los ministros con "ataques personales" en los últimos días. Sin citarlos, Celaá se refiere a las grabaciones de las conversaciones entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el comisario encarcelado José Manuel Villarejo o a las informaciones sobre la sociedad patrimonial del titular de ciencia, Pedro Duque.
Celaá ha culpado de esa campaña de acoso "que ha traspasado límites más allá de los razonable" al PP y Ciudadanos, partidos que, a su juicio, nunca asumieron el resultado de la moción de censura que otorgó el poder a Pedro Sánchez.
Todo lo que han dicho los partidos adversarios y los medios de prensa han sido verdades comprobadas. Los plagios y mentiras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez están comprobados. El ministro de cultura, Maxin Huerta, defraudó a Hacienda y tuvo que dimitir, al igual que la ministra de sanidad, Carmen Montón, que dimitió también por graves irregularidades en su máster. También son ciertas las acusaciones vertidas contra los actuales titulares de justicia, Dolores Delgado, y de ciencia y universidades, Pedro Duque.
La verdad es que el gobierno se desmorona y que, tras haber perdido a dos ministros y tener a otros dos, además del presidente, en la picota, el ejecutivo es demasiado débil y frágil para gobernar. Lo razonable y democrático sería cumplir su promesa inicial de convocar elecciones lo antes posible, pero Sánchez y los suyos han preferido caer en el vicio de los sátrapas y en las reacciones de los tiranos.
La democracia es un sistema que establece un conjunto de normas, resortes, frenos, contrapesos y competencias destinado a controlar a los gobiernos y a los partidos políticos. Dos de esos resortes de control han funcionado para controlar el gobierno de Sánchez: las criticas de los partidos políticos adversarios y la fiscalización de los medios de prensa.
Frente a esa "normalidad democrática", un gobierno decente tiene que reaccionar con autocrítica, asumiendo que su propio presidente y sus ministros "tocados" cometieron errores que requieren dimisión, en aras de la limpieza democrática y transparencia, pero Sánchez y los suyos han preferido hablar de "caceria" y "acoso", dos actuaciones que son pura democracia.
La reacción más lógica en democracia de un gobierno como el de Pedro Sánchez es la dimisión mediante convocatoria inmediata de elecciones. Un presidente que plagia, ministros que engañan al fisco y gente que miente y tiene malas compañías componen una banda que carece de altura suficiente para gobernar una nación en Europa.
Los errores se corrigen y se subsanan y las arbitrariedades y abusos puede remediarse con perdón y rectificación, pero el vicio de los sátrapas es un comportamiento claramente antidemocrático, reflejo de sentimientos profundos, cercanos a lo autoritario y los tiránico.
Un gobierno dispuesto a culpar a los demás de los errores propios y de considerarse "cazado" en lugar de vigilado y criticado es un auténtico peligro y un contrasentido en la Unión Europea, donde sólo son admitidos gobiernos que acepten el juego democrático, en el que la opinión pública, la crítica al poder, la vigilancia y la libre competencia entre los partidos y los poderes constituyen el armazón del sistema que garantiza los derechos ciudadanos y las libertades.
Francisco Rubiales
Celaá ha culpado de esa campaña de acoso "que ha traspasado límites más allá de los razonable" al PP y Ciudadanos, partidos que, a su juicio, nunca asumieron el resultado de la moción de censura que otorgó el poder a Pedro Sánchez.
Todo lo que han dicho los partidos adversarios y los medios de prensa han sido verdades comprobadas. Los plagios y mentiras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez están comprobados. El ministro de cultura, Maxin Huerta, defraudó a Hacienda y tuvo que dimitir, al igual que la ministra de sanidad, Carmen Montón, que dimitió también por graves irregularidades en su máster. También son ciertas las acusaciones vertidas contra los actuales titulares de justicia, Dolores Delgado, y de ciencia y universidades, Pedro Duque.
La verdad es que el gobierno se desmorona y que, tras haber perdido a dos ministros y tener a otros dos, además del presidente, en la picota, el ejecutivo es demasiado débil y frágil para gobernar. Lo razonable y democrático sería cumplir su promesa inicial de convocar elecciones lo antes posible, pero Sánchez y los suyos han preferido caer en el vicio de los sátrapas y en las reacciones de los tiranos.
La democracia es un sistema que establece un conjunto de normas, resortes, frenos, contrapesos y competencias destinado a controlar a los gobiernos y a los partidos políticos. Dos de esos resortes de control han funcionado para controlar el gobierno de Sánchez: las criticas de los partidos políticos adversarios y la fiscalización de los medios de prensa.
Frente a esa "normalidad democrática", un gobierno decente tiene que reaccionar con autocrítica, asumiendo que su propio presidente y sus ministros "tocados" cometieron errores que requieren dimisión, en aras de la limpieza democrática y transparencia, pero Sánchez y los suyos han preferido hablar de "caceria" y "acoso", dos actuaciones que son pura democracia.
La reacción más lógica en democracia de un gobierno como el de Pedro Sánchez es la dimisión mediante convocatoria inmediata de elecciones. Un presidente que plagia, ministros que engañan al fisco y gente que miente y tiene malas compañías componen una banda que carece de altura suficiente para gobernar una nación en Europa.
Los errores se corrigen y se subsanan y las arbitrariedades y abusos puede remediarse con perdón y rectificación, pero el vicio de los sátrapas es un comportamiento claramente antidemocrático, reflejo de sentimientos profundos, cercanos a lo autoritario y los tiránico.
Un gobierno dispuesto a culpar a los demás de los errores propios y de considerarse "cazado" en lugar de vigilado y criticado es un auténtico peligro y un contrasentido en la Unión Europea, donde sólo son admitidos gobiernos que acepten el juego democrático, en el que la opinión pública, la crítica al poder, la vigilancia y la libre competencia entre los partidos y los poderes constituyen el armazón del sistema que garantiza los derechos ciudadanos y las libertades.
Francisco Rubiales