Francisco Hernando, un empresario próximo al poder socialista español al que la Junta de Castilla La Mancha, gobernada por el PSOE, permite hacer 13.500 viviendas sin la obligación de incluir un porcentaje de viviendas protegidas, como es preceptivo, en el pueblo toledano de Seseñas, de 2.000 habutantes, le ha dicho a Manuel Fuentes, el alcalde del pueblo, que se opone a su proyecto: "Eres el único alcalde honrado de España".
En Voto en Blanco creemos que Francisco Hernando, más conocido como "el pocero", porque el hoy multimillonario empresario comenzó haciendo pozos, tiene razón. Es probable que Manuel Fuentes sea el único alcalde honrado de España o, como mucho, debe haber media docena más.
Si el panorama de la corrupción política en España es tan grave, lo que este país necesita es una "Ley de Punto Final" que indulte a los miles de políticos corruptos, que impida que hundan el sistema democrático y que, una vez detenidos, saturen las cárceles, una solución mejor que permitir que eludan la acción de la justicia, como está ocurriendo, algo tan sucio que dinamita el Estado de Derecho y hace trizas la democracia.
Al menos, con una "Ley de Punto Final", similar a la promulgada en Argentina el 24 de diciembre de 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que concedió el perdón a los militares golpistas y asesinos de Argentina, que incluya un indulto a los miles de sinvergüenzas que están mandando en España, aunque esa ley cubra de vergüenza a la ciudadanía española, al menos legalizaríamos la situación, mientras que el camino que estamos siguiendo es el peor imaginable en una democracia, el de la impunidad práctica de un poder que está inmerso en un lamentable océano de delitos urbanísticos, arquitectónicos, mediambientales, de prevaricación, de falsedad de documentos y de otras lindezas ilegales, todas ellas tipificadas, sin que ocurra prácticamente nada.
En estos momentos se habla en los medios de comunicación españoles de los casos urbanísticos de Marbella y de Seseña, y también de los "hermanos" que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tiene colocados en la Junta que preside o en los aledaños del poder político andaluz, pero hay miles de Marbellas, de Seseñas y de casos como el de Chaves en España, casos de corrupción que afectan a la práctica totalidad de los partidos políticos, como afirman cientos de empresarios, que ya están perdiendo el miedo y dan rienda suelta a la lengua, incluso ante la prensa, argumentando que llevan años, muchos años, pagando comisiones y peajes a políticos que se los exigen, contratando a familiares de gobernantes como "agentes" para ganar concursos y, sobre todo, entrando en la dinámica de la corrupción con funcionarios del Estado, gobernantes autonómicos, alcaldes y concejales, siempre para ganar concursos que hace mucho que dejaron de ser justos, recalificar terrenos, obtener una licitación o aumentar los metros cuadrados de repercusión de unos terrenos.
En Voto en Blanco creemos que Francisco Hernando, más conocido como "el pocero", porque el hoy multimillonario empresario comenzó haciendo pozos, tiene razón. Es probable que Manuel Fuentes sea el único alcalde honrado de España o, como mucho, debe haber media docena más.
Si el panorama de la corrupción política en España es tan grave, lo que este país necesita es una "Ley de Punto Final" que indulte a los miles de políticos corruptos, que impida que hundan el sistema democrático y que, una vez detenidos, saturen las cárceles, una solución mejor que permitir que eludan la acción de la justicia, como está ocurriendo, algo tan sucio que dinamita el Estado de Derecho y hace trizas la democracia.
Al menos, con una "Ley de Punto Final", similar a la promulgada en Argentina el 24 de diciembre de 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que concedió el perdón a los militares golpistas y asesinos de Argentina, que incluya un indulto a los miles de sinvergüenzas que están mandando en España, aunque esa ley cubra de vergüenza a la ciudadanía española, al menos legalizaríamos la situación, mientras que el camino que estamos siguiendo es el peor imaginable en una democracia, el de la impunidad práctica de un poder que está inmerso en un lamentable océano de delitos urbanísticos, arquitectónicos, mediambientales, de prevaricación, de falsedad de documentos y de otras lindezas ilegales, todas ellas tipificadas, sin que ocurra prácticamente nada.
En estos momentos se habla en los medios de comunicación españoles de los casos urbanísticos de Marbella y de Seseña, y también de los "hermanos" que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tiene colocados en la Junta que preside o en los aledaños del poder político andaluz, pero hay miles de Marbellas, de Seseñas y de casos como el de Chaves en España, casos de corrupción que afectan a la práctica totalidad de los partidos políticos, como afirman cientos de empresarios, que ya están perdiendo el miedo y dan rienda suelta a la lengua, incluso ante la prensa, argumentando que llevan años, muchos años, pagando comisiones y peajes a políticos que se los exigen, contratando a familiares de gobernantes como "agentes" para ganar concursos y, sobre todo, entrando en la dinámica de la corrupción con funcionarios del Estado, gobernantes autonómicos, alcaldes y concejales, siempre para ganar concursos que hace mucho que dejaron de ser justos, recalificar terrenos, obtener una licitación o aumentar los metros cuadrados de repercusión de unos terrenos.