Es tan pobre y degenerada la democracia española que el Congreso, que debería ser el templo de la palabra, el más libre y brillante foro de debate del país y el paradigma de la libertad de expresión, es una triste y vulgar jaula de sometidos, sin libertad, sin autonomía y sin voz.
Las constituciones avanzadas definen los parlamentos como espacios de donde los representantes del pueblo debaten con plena libertad sobre los asuntos de interés general para encontrar la verdad, informar a los ciudadanos y adoptar las mejores decisiones, pero en el Congreso de los Diputados de España se concentran casi todas las aberraciones antidemocráticas posibles en un poder legislativo: es imposible el debate libre, nadie puede tomar la palabra sin que se la otorgue su jefe de filas, nadie se atreve a defender otras ideas que no sean las de su partido, es imposible defender lo que dicta la conciencia y la lealtad de los congresistas no es para el pueblo al que dicen representar, sino para el partido que les coloca en las listas electorales.
La situación actual de los parlamentarios españoles sería incomprensible para cualquier representante político del pasado. Si Cánovas, Sagasta, el Conde de Romanones o Manuel Azaña se asomaran hoy al palacio de la Carrera de San Jerónimo, se quedarían aterrados ante el sometimiento esclavo a los partidos políticos de quienes tienen el deber de debatir en libertad, representando los intereses de sus electores soberanos y de la nación.
Es tan absurdo y antidemocrático el actual Congreso español que impide a los representantes la función que le es propia: la expresión pública y libre de su voz.
De hecho, cualquier simple ciudadano posee en España más libertad de expresión que los que representan la voluntad popular, que no tienen derecho a voz y que hasta su derecho al voto está sometido a la voluntad de los partidos.
El Parlamento de España, templo de sometidos a los partidos políticos, consagra una vulgar democracia sin voz, reflejo de la degeneración de un sistema que se parece más a una tiranía de partidos que a una democracia auténtica y libre.
¿Cómo puede un país, teóricamente libre, democrático y avanzado, confiar en un parlamento donde impera la dictadura de los partidos y no hay sitio para el libre albedrío y la conciencia?
La clave no está en que la Constitución Española no diga nada sobre la libertad de expresión de los diputados y senadores (habla del derecho al "voto", pero no a la "voz"), sino en que los partidos políticos se han transformado en implacables maquinarias de poder, sin control ciudadano ni límites legales que impidan la opresión.
Un parlamento sin derecho a la palabra, además de una aberración antidemocrática, es todo un sarcasmo y un monumento al surrealismo y al ridículo. Si un diputado o senador español se atreviera un día a votar "en conciencia", en contra de los dictados de su partido, su carrera política habría muerto en ese mismo instante.
Los parlamentarios ni intervienen ni pueden intervenir en los debates, a excepción del portavoz del grupo o quien éste designe. Sorprende que en un Parlamento de varios cientos de diputados siempre intervengan los mismos y que el resto, sentados en bancadas enteras de mudos, aburridos y con frecuencia ausentes del hemiciclo, queden condenados al silencio y a emitir votos que no se basan en el interés nacional, ni en el bien común, ni en el deseo de los representados, sino únicamente en lo que "dicte" el partido.
El difícil encontrar un ejemplo que demuestre mejor las carencias y vergüenzas de la falsa democracia española que el del Congreso y el Senado, que deberían ser templos de la palabra libre y son vulgares, inútiles y bien pagadas asambleas de esclavos de lujo, sometidos a la partitocracia.
Las constituciones avanzadas definen los parlamentos como espacios de donde los representantes del pueblo debaten con plena libertad sobre los asuntos de interés general para encontrar la verdad, informar a los ciudadanos y adoptar las mejores decisiones, pero en el Congreso de los Diputados de España se concentran casi todas las aberraciones antidemocráticas posibles en un poder legislativo: es imposible el debate libre, nadie puede tomar la palabra sin que se la otorgue su jefe de filas, nadie se atreve a defender otras ideas que no sean las de su partido, es imposible defender lo que dicta la conciencia y la lealtad de los congresistas no es para el pueblo al que dicen representar, sino para el partido que les coloca en las listas electorales.
La situación actual de los parlamentarios españoles sería incomprensible para cualquier representante político del pasado. Si Cánovas, Sagasta, el Conde de Romanones o Manuel Azaña se asomaran hoy al palacio de la Carrera de San Jerónimo, se quedarían aterrados ante el sometimiento esclavo a los partidos políticos de quienes tienen el deber de debatir en libertad, representando los intereses de sus electores soberanos y de la nación.
Es tan absurdo y antidemocrático el actual Congreso español que impide a los representantes la función que le es propia: la expresión pública y libre de su voz.
De hecho, cualquier simple ciudadano posee en España más libertad de expresión que los que representan la voluntad popular, que no tienen derecho a voz y que hasta su derecho al voto está sometido a la voluntad de los partidos.
El Parlamento de España, templo de sometidos a los partidos políticos, consagra una vulgar democracia sin voz, reflejo de la degeneración de un sistema que se parece más a una tiranía de partidos que a una democracia auténtica y libre.
¿Cómo puede un país, teóricamente libre, democrático y avanzado, confiar en un parlamento donde impera la dictadura de los partidos y no hay sitio para el libre albedrío y la conciencia?
La clave no está en que la Constitución Española no diga nada sobre la libertad de expresión de los diputados y senadores (habla del derecho al "voto", pero no a la "voz"), sino en que los partidos políticos se han transformado en implacables maquinarias de poder, sin control ciudadano ni límites legales que impidan la opresión.
Un parlamento sin derecho a la palabra, además de una aberración antidemocrática, es todo un sarcasmo y un monumento al surrealismo y al ridículo. Si un diputado o senador español se atreviera un día a votar "en conciencia", en contra de los dictados de su partido, su carrera política habría muerto en ese mismo instante.
Los parlamentarios ni intervienen ni pueden intervenir en los debates, a excepción del portavoz del grupo o quien éste designe. Sorprende que en un Parlamento de varios cientos de diputados siempre intervengan los mismos y que el resto, sentados en bancadas enteras de mudos, aburridos y con frecuencia ausentes del hemiciclo, queden condenados al silencio y a emitir votos que no se basan en el interés nacional, ni en el bien común, ni en el deseo de los representados, sino únicamente en lo que "dicte" el partido.
El difícil encontrar un ejemplo que demuestre mejor las carencias y vergüenzas de la falsa democracia española que el del Congreso y el Senado, que deberían ser templos de la palabra libre y son vulgares, inútiles y bien pagadas asambleas de esclavos de lujo, sometidos a la partitocracia.