Sanchez elimina el delito de sedición sólo para beneficiar a los delincuentes golpistas catalanes, que han prometido volver a intentar la ruptura de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la presentación de forma inmediata, en el Congreso, de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas. El gobierno utiliza la figura de "proposición de ley" para evitar el debate intenso que el cambio requiere y los informes del Consejo de Estado y otras instituciones, que sin duda criticarían esa medida, realizada únicamente para beneficiar a delincuentes y allanar el camino futuro de la rebelión que planean los golpistas catalanes.
Es difícil hasta imaginar una bajeza mayor, una burla más intensa al Estado de Derecho y una traición tan mayúscula a la democracia y a la solvencia política de España.
El delito de sedición será modificado y pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados", lo que considera "un paso definitivo" para la modernización de estos tipos delictivos.
Pero nada ha dicho sobre su promesa, realizada en los días de la rebelión de los catalanes, de que haría todo lo contrario de lo que ahora hace: aumentar la gravedad del delito de sedición, tratándolo como "rebelión". Aquella fue otra de las muchas promesas incumplidas por el dirigente político español más falso y mentiroso desde los tiempos de Viriato.
El PP afirma que con la reforma del delito de sedición "Sánchez ha humillado a una nación" y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha calificado la medida de "paso indispensable", mientras que en Vox llaman "traidor" a Pedro Sánchez y en Ciudadanos hablan de que el presidente "no tiene límites".
Carlos Herrera, el comentarista político español más influyente, ha acusado a Sánchez de humillar al tribunal Supremo y de "beneficiar a delincuentes" catalanes que han prometido volver a intentar la independencia, como ya hicieron en 2017.
La primera consecuencia de la reforma sanchista será que las penas de cárcel e inhabilitación que esperan a Puigdemont y su tropa de fugados se reduzcan a un máximo de 5 años y que la inhabilitación para los condenados que ya fueron indultados también quede reducida. El verdadero líder de ERC, el golpista Oriol Junqueras, indultado ya por Sánchez aunque permanece inhabilitado, podrá presentarse muy pronto ante las urnas para ser elegido presidente de la Generalitat.
Toda la operación que rodea a la reforma del Código Penal está envuelta en bajeza y antidemocracia. Sánchez recurre otra vez a la "vía exprés" para rebajar la sedición sin oír al CGPJ y al Consejo de Estado, temiéndole al debate y a la opinión de las instituciones asesoras del Estado. Sánchez quiere que el proceso de rebaja del delito esté terminado antes de fin de año con el menor ruido posible y, en el peor de los casos, en febrero del año próximo.
El temor al debate público se debe a que Sánchez y sus socialistas saben que más del 70 por ciento de los españoles están en contra de esa medida que beneficia a la delincuencia política golpista catalana.
De hecho, Pedro Sánchez, una vez más, se comporta como un furtivo de la política.
Francisco Rubiales
Es difícil hasta imaginar una bajeza mayor, una burla más intensa al Estado de Derecho y una traición tan mayúscula a la democracia y a la solvencia política de España.
El delito de sedición será modificado y pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados", lo que considera "un paso definitivo" para la modernización de estos tipos delictivos.
Pero nada ha dicho sobre su promesa, realizada en los días de la rebelión de los catalanes, de que haría todo lo contrario de lo que ahora hace: aumentar la gravedad del delito de sedición, tratándolo como "rebelión". Aquella fue otra de las muchas promesas incumplidas por el dirigente político español más falso y mentiroso desde los tiempos de Viriato.
El PP afirma que con la reforma del delito de sedición "Sánchez ha humillado a una nación" y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha calificado la medida de "paso indispensable", mientras que en Vox llaman "traidor" a Pedro Sánchez y en Ciudadanos hablan de que el presidente "no tiene límites".
Carlos Herrera, el comentarista político español más influyente, ha acusado a Sánchez de humillar al tribunal Supremo y de "beneficiar a delincuentes" catalanes que han prometido volver a intentar la independencia, como ya hicieron en 2017.
La primera consecuencia de la reforma sanchista será que las penas de cárcel e inhabilitación que esperan a Puigdemont y su tropa de fugados se reduzcan a un máximo de 5 años y que la inhabilitación para los condenados que ya fueron indultados también quede reducida. El verdadero líder de ERC, el golpista Oriol Junqueras, indultado ya por Sánchez aunque permanece inhabilitado, podrá presentarse muy pronto ante las urnas para ser elegido presidente de la Generalitat.
Toda la operación que rodea a la reforma del Código Penal está envuelta en bajeza y antidemocracia. Sánchez recurre otra vez a la "vía exprés" para rebajar la sedición sin oír al CGPJ y al Consejo de Estado, temiéndole al debate y a la opinión de las instituciones asesoras del Estado. Sánchez quiere que el proceso de rebaja del delito esté terminado antes de fin de año con el menor ruido posible y, en el peor de los casos, en febrero del año próximo.
El temor al debate público se debe a que Sánchez y sus socialistas saben que más del 70 por ciento de los españoles están en contra de esa medida que beneficia a la delincuencia política golpista catalana.
De hecho, Pedro Sánchez, una vez más, se comporta como un furtivo de la política.
Francisco Rubiales