Los gobiernos de España están realizando muchos recortes para evitar la quiebra, algunos necesarios y muchos otros innecesarios, pero el principal recorte que el país necesita, el que afecta al número de sus políticos y enchufados, sigue sin hacerse. España tiene en la actualidad casi 100.000 cargos públicos, incluyendo los cargos electos y los nombrados para cargos públicos de cierta relevancia, a los que hay que añadir unos 400.000 enchufados más, casi todos ellos familiares y amigos de políticos, colocados a dedo en las distintas administraciones, empresas e instituciones públicas, en su inmensa mayoría innecesarios y prescindibles.
La gente sabe que los políticos son los mayores culpables de los desastres de España, no sólo porque ellos han gestionado mal el poder, sino porque son tantos que resulta imposible mantenerlos. Cada día son más los ciudadanos indignados con los políticos y, aunque ellos pretendan ignorarlo, la gente empieza a odiarlos. La frustración y el desencanto avanzan y la gente siente que la protesta y el rechazo no son suficientes. Cada vez son más numerosos los que pasan a la etapa superior del enfrentamiento con la "casta" política: la insumisión fiscal y la desobediencia civil.
Esa enorme masa de políticos, enchufados y paniaguados constituye el peor lastre imaginable para un país que pugna por escapar de la ruina y que sueña con recuperar la prosperidad perdida. Pero los políticos españoles, verdadera plaga ineficiente, escasamente democrática y poco preparada, se niega a soltar ese lastre y prefiere la ignominia de arruinar a los ciudadanos con impuestos insoportables antes que expulsar del sector público a esa inmensa e inútil nube de enchufados.
La eliminación de más de la mitad de ese lastre no sólo es posible sino también recomendable y representaría el más fructífero y saludable "recorte" que España necesita en estos momentos. El ahorro que significaría prescindir de más de 200.000 cargos públicos inútiles casi sería suficiente para equilibrar las cuentas públicas y alcanzar, sin otros traumas, los compromisos de reducción del déficit público español.
Pero los políticos, de manera ignominiosa e indecente, se niegan a perder poder y a limpiar de escoria superflua el atiborrado sector público español, uno de los más costosos e irracionales de toda Europa. artificialmente engordado por los partidos políticos para asegurar una vida cómoda y sin problemas a miles de enchufados que no aportan nada al bien común.
Los expertos saben que si se suprimieran las costosas y antidemocráticas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, si se realizara una saludable limpieza entre los cientos de miles de enchufados innecesarios y si se eliminaran empresas públicas e instituciones que no aportan nada al bien común y que, en muchos casos, duplican sus funciones, se reduciría drásticamente el déficit y los problemas económicos de España entrarían en una esperanzadora vía de solución.
Pero el problema, una vez más, es la casta política, el verdadero drama de España, no sólo por su ineficacia, torpeza y corrupción, sino por su arrogancia, nulo sentido de la democracia y por su egoísmo, que le lleva a anteponer sus propios intereses y los de sus partidos políticos a los del ciudadano y al bien común.
Si este análisis es correcto, la solución de los problemas de España pasa, ineludiblemente, por arrebatar el poder a los partidos políticos, devolver al ciudadano el protagonismo y el poder que le corresponde en democracia y por someter a la casta política al imperio de la ley y a los controles, normas y leyes que rigen el ejercicio de la democracia, reglas y normas que hoy ignoran o violan impunemente.
La gente sabe que los políticos son los mayores culpables de los desastres de España, no sólo porque ellos han gestionado mal el poder, sino porque son tantos que resulta imposible mantenerlos. Cada día son más los ciudadanos indignados con los políticos y, aunque ellos pretendan ignorarlo, la gente empieza a odiarlos. La frustración y el desencanto avanzan y la gente siente que la protesta y el rechazo no son suficientes. Cada vez son más numerosos los que pasan a la etapa superior del enfrentamiento con la "casta" política: la insumisión fiscal y la desobediencia civil.
Esa enorme masa de políticos, enchufados y paniaguados constituye el peor lastre imaginable para un país que pugna por escapar de la ruina y que sueña con recuperar la prosperidad perdida. Pero los políticos españoles, verdadera plaga ineficiente, escasamente democrática y poco preparada, se niega a soltar ese lastre y prefiere la ignominia de arruinar a los ciudadanos con impuestos insoportables antes que expulsar del sector público a esa inmensa e inútil nube de enchufados.
La eliminación de más de la mitad de ese lastre no sólo es posible sino también recomendable y representaría el más fructífero y saludable "recorte" que España necesita en estos momentos. El ahorro que significaría prescindir de más de 200.000 cargos públicos inútiles casi sería suficiente para equilibrar las cuentas públicas y alcanzar, sin otros traumas, los compromisos de reducción del déficit público español.
Pero los políticos, de manera ignominiosa e indecente, se niegan a perder poder y a limpiar de escoria superflua el atiborrado sector público español, uno de los más costosos e irracionales de toda Europa. artificialmente engordado por los partidos políticos para asegurar una vida cómoda y sin problemas a miles de enchufados que no aportan nada al bien común.
Los expertos saben que si se suprimieran las costosas y antidemocráticas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, si se realizara una saludable limpieza entre los cientos de miles de enchufados innecesarios y si se eliminaran empresas públicas e instituciones que no aportan nada al bien común y que, en muchos casos, duplican sus funciones, se reduciría drásticamente el déficit y los problemas económicos de España entrarían en una esperanzadora vía de solución.
Pero el problema, una vez más, es la casta política, el verdadero drama de España, no sólo por su ineficacia, torpeza y corrupción, sino por su arrogancia, nulo sentido de la democracia y por su egoísmo, que le lleva a anteponer sus propios intereses y los de sus partidos políticos a los del ciudadano y al bien común.
Si este análisis es correcto, la solución de los problemas de España pasa, ineludiblemente, por arrebatar el poder a los partidos políticos, devolver al ciudadano el protagonismo y el poder que le corresponde en democracia y por someter a la casta política al imperio de la ley y a los controles, normas y leyes que rigen el ejercicio de la democracia, reglas y normas que hoy ignoran o violan impunemente.