El Gobierno español desveló el viernes un nuevo objetivo de déficit público para este año, del 5,8% del PIB (1,4 puntos superior al compromiso previo asumido por España con la Unión Europea) y una reducción del gasto de las administraciones públicas de 12.000 millones, adicionales a los recortes de 15.000 millones ya aprobados en diciembre. Se trata de una decisión que el PP y los medios de comunicación españoles próximos al gobierno están vendiendo como un gesto soberano de rebeldía ante las duras exigencias de Europa y de Ángela Merkel, pero que en realidad esconde también una escasa voluntad de reducir abusos y privilegios, un rasgo peligroso del Partido Popular, cargado de amenazas para España.
El peligro y las amenazas de la decisión de Rajoy no sólo provienen de la rebeldía ante una Europa a la que no le gusta que le contradigan en materia económica, sobre todo los países que más han despilfarrado, mentido y gestionado mal su prosperidad, como España, sino porque revelan la escasa voluntad del gobierno de Rajoy de entrar a fondo en las reformas y aprovechar la necesidad perentoria de austeridad para acabar con abusos del poder y rasgos tan antidemocráticos e indecentes de la vida política y económica española como las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales, el mantenimiento de un Estado hipertrofiado y tan gordo y seboso que no es posible financiar y la eliminación de los costosos, inmerecidos e indecentes privilegios actuales de la casta política.
Muchos españoles empiezan a sospechar que la resistencia del PP y del PSOE a los recortes no se debe tanto a la pérdida de derechos sociales por parte de los ciudadanos, como a la resistencia corrupta a perder sus propios privilegios y a que no puedan "colocar" generosamente, a cargo de los presupuestos públicos, a la legión de chupones y parásitos que siempre integran la "corte" militante de esos partidos.
Pero, sorprendentemente, Rajoy (y un Rubalcaba que le apoya porque ve que la sucia "democracia de las subvenciones", vigente en España, se acaba) parecen preferir las posibles duras sanciones de una Europa indignada por la indisciplina española a prescindir de las inútiles televisiones autonómicas, a suprimir diputaciones provinciales, que son aparcamientos para políticos de segunda fila amortizados, y, sobre todo, a suprimir las odiosas e injustas subvenciones públicas a los partidos políticos, sindicatos, patronales y amigos del poder.
La mayor decepción de los votantes del PP tras la llegada de la derecha al gobierno ha sido y es la escasa voluntad que demuestra Rajoy de adecentar el país y combatir los abusos, corrupciones y desmanes de los poderosos. La decisión de "pasar página", de no investigar los abusos de Zapatero y su gobierno, de no perseguir con saña a los corruptos y la posterior condecoración del derrochador e inepto Zapatero y su gobierno fueron jarros de agua fría lanzados por Rajoy contra los demócratas españoles, que, ilusos, habían votado a la derecha creyendo que llegaría, como había prometido, cargada de ética y decencia.
Se le está mintiendo a los ciudadanos claramente desde el poder, diciéndoles que cumplir con la reducción del déficit pactada con Europa (4.4 por ciento) en 2012, es dificilísimo y que traería consigo subidas de impuestos y recortes en servicios vitales como la sanidad y la educación, cuando esos sacrificios y privaciones serían innecesarios si los políticos decidieran reducir una parte importante de sus privilegios y suprimir gastos antidemocráticos e inmorales del Estado, como las subvenciones que reciben, a cargo de los impuestos de los ciudadanos, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales, las administraciones innecesarias, entre ellas las diputaciones provinciales, y las miles de instituciones y empresas inútiles, creadas por los partidos políticos para colocar allí a sus miembros, bien provistos de privilegios y sueldos.
¿Como pueden ser subvencionados, con los impuestos ya abusivos que pagan los ciudadanos, unos partidos políticos señalados ya por la ciudadanía como el segundo gran problema de la nación, por delante de la crisis económica y sólo por detrás del desempleo, creado, además, por la impericia y escasa eficacia de los partidos y de sus políticos profesionales? Obligar al ciudadano a que trague, a pesar de que el deseo de que esas subvenciones se supriman es abrumadoramente masivo, no es otra cosa que opresión antidemocrática y totalitaria practicada desde el poder político contra los ciudadanos.
Muchos demócratas españoles teníamos la esperanza de que la crisis, a pesar de su dureza y de los estragos que causa, iba a servir, al menos, para forzar a la casta política española a suprimir lujos, privilegios e instituciones inútiles, a bajar los sueldos y pensiones vitalicias de la "casta", a prescindir de subvenciones abusivas concedidas "por" y "para" ellos mismos, a cerrar o privatizar unas televisiones públicas costosisimas, que no aportan absolutamente nada al bien común, y a eliminar empresas públicas y administraciones superfluas, muchas de ellas creadas como inmensos aparcamientos para políticos que saben demasiado, a los que los partidos mantienen en silencio y satisfechos con dinero público.
Algunos economistas y expertos en planificación y derecho público han demostrado que pueden alcanzarse las metas de déficit impuestas por Europa con relativa facilidad, siempre que los políticos se atrevan a suprimir algunos de sus privilegios y lujos, todos ellos impopulares y exigidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero los partidos, sobre todo los dos grandes, se niegan y están dispuestos a mantener esos abusos y canalladas antidemocráticas en contra de cualquier presión y de la voluntad popular.
Resulta desesperante y frustrante comprobar cómo un partido como el PP, que se ha aupado hasta el gobierno prometiendo mano dura contra los chorizos y delincuentes incrustados en el Estado y bajadas de impuestos para activar la economía, incumple sus promesas, una vez ocupado el poder, y practica políticas contrarias a lo prometido.
Si el PP mantiene su linea de convivencia con lo corrupto y antidemocrático, negandose a suprimir privilegios insustantes y abusos de poder intolerables en democracia, los ciudadanos deberían ir pensando en sustituir a los políticos profesionales por técnicos preparados, de moral garantizada, que sepan gestionar el poder de acuerdo con la voluntad popular, sin relegar el bien común a un segundo plano y sin servidumbres inconfesables a los partidos políticos.
El peligro y las amenazas de la decisión de Rajoy no sólo provienen de la rebeldía ante una Europa a la que no le gusta que le contradigan en materia económica, sobre todo los países que más han despilfarrado, mentido y gestionado mal su prosperidad, como España, sino porque revelan la escasa voluntad del gobierno de Rajoy de entrar a fondo en las reformas y aprovechar la necesidad perentoria de austeridad para acabar con abusos del poder y rasgos tan antidemocráticos e indecentes de la vida política y económica española como las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales, el mantenimiento de un Estado hipertrofiado y tan gordo y seboso que no es posible financiar y la eliminación de los costosos, inmerecidos e indecentes privilegios actuales de la casta política.
Muchos españoles empiezan a sospechar que la resistencia del PP y del PSOE a los recortes no se debe tanto a la pérdida de derechos sociales por parte de los ciudadanos, como a la resistencia corrupta a perder sus propios privilegios y a que no puedan "colocar" generosamente, a cargo de los presupuestos públicos, a la legión de chupones y parásitos que siempre integran la "corte" militante de esos partidos.
Pero, sorprendentemente, Rajoy (y un Rubalcaba que le apoya porque ve que la sucia "democracia de las subvenciones", vigente en España, se acaba) parecen preferir las posibles duras sanciones de una Europa indignada por la indisciplina española a prescindir de las inútiles televisiones autonómicas, a suprimir diputaciones provinciales, que son aparcamientos para políticos de segunda fila amortizados, y, sobre todo, a suprimir las odiosas e injustas subvenciones públicas a los partidos políticos, sindicatos, patronales y amigos del poder.
La mayor decepción de los votantes del PP tras la llegada de la derecha al gobierno ha sido y es la escasa voluntad que demuestra Rajoy de adecentar el país y combatir los abusos, corrupciones y desmanes de los poderosos. La decisión de "pasar página", de no investigar los abusos de Zapatero y su gobierno, de no perseguir con saña a los corruptos y la posterior condecoración del derrochador e inepto Zapatero y su gobierno fueron jarros de agua fría lanzados por Rajoy contra los demócratas españoles, que, ilusos, habían votado a la derecha creyendo que llegaría, como había prometido, cargada de ética y decencia.
Se le está mintiendo a los ciudadanos claramente desde el poder, diciéndoles que cumplir con la reducción del déficit pactada con Europa (4.4 por ciento) en 2012, es dificilísimo y que traería consigo subidas de impuestos y recortes en servicios vitales como la sanidad y la educación, cuando esos sacrificios y privaciones serían innecesarios si los políticos decidieran reducir una parte importante de sus privilegios y suprimir gastos antidemocráticos e inmorales del Estado, como las subvenciones que reciben, a cargo de los impuestos de los ciudadanos, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales, las administraciones innecesarias, entre ellas las diputaciones provinciales, y las miles de instituciones y empresas inútiles, creadas por los partidos políticos para colocar allí a sus miembros, bien provistos de privilegios y sueldos.
¿Como pueden ser subvencionados, con los impuestos ya abusivos que pagan los ciudadanos, unos partidos políticos señalados ya por la ciudadanía como el segundo gran problema de la nación, por delante de la crisis económica y sólo por detrás del desempleo, creado, además, por la impericia y escasa eficacia de los partidos y de sus políticos profesionales? Obligar al ciudadano a que trague, a pesar de que el deseo de que esas subvenciones se supriman es abrumadoramente masivo, no es otra cosa que opresión antidemocrática y totalitaria practicada desde el poder político contra los ciudadanos.
Muchos demócratas españoles teníamos la esperanza de que la crisis, a pesar de su dureza y de los estragos que causa, iba a servir, al menos, para forzar a la casta política española a suprimir lujos, privilegios e instituciones inútiles, a bajar los sueldos y pensiones vitalicias de la "casta", a prescindir de subvenciones abusivas concedidas "por" y "para" ellos mismos, a cerrar o privatizar unas televisiones públicas costosisimas, que no aportan absolutamente nada al bien común, y a eliminar empresas públicas y administraciones superfluas, muchas de ellas creadas como inmensos aparcamientos para políticos que saben demasiado, a los que los partidos mantienen en silencio y satisfechos con dinero público.
Algunos economistas y expertos en planificación y derecho público han demostrado que pueden alcanzarse las metas de déficit impuestas por Europa con relativa facilidad, siempre que los políticos se atrevan a suprimir algunos de sus privilegios y lujos, todos ellos impopulares y exigidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero los partidos, sobre todo los dos grandes, se niegan y están dispuestos a mantener esos abusos y canalladas antidemocráticas en contra de cualquier presión y de la voluntad popular.
Resulta desesperante y frustrante comprobar cómo un partido como el PP, que se ha aupado hasta el gobierno prometiendo mano dura contra los chorizos y delincuentes incrustados en el Estado y bajadas de impuestos para activar la economía, incumple sus promesas, una vez ocupado el poder, y practica políticas contrarias a lo prometido.
Si el PP mantiene su linea de convivencia con lo corrupto y antidemocrático, negandose a suprimir privilegios insustantes y abusos de poder intolerables en democracia, los ciudadanos deberían ir pensando en sustituir a los políticos profesionales por técnicos preparados, de moral garantizada, que sepan gestionar el poder de acuerdo con la voluntad popular, sin relegar el bien común a un segundo plano y sin servidumbres inconfesables a los partidos políticos.