Carlos Divar
El rey Juan Carlos presidió ayer uno de los espectáculos más lamentables de la podrida democracia española: la Apertura del Año Judicial, una ceremonia vergonzante porque la Justicia, en España, al estár contaminada y dominada por el poder Ejecutivo, ha dejado de ser independiente y democrática. El Rey y la Corona asumen una gran responsabilidad ante el futuro al prestarse a presidir un acto de tan escaso contenido democrático.
La Justicia española, aunque funcionara bien, arrastraría siempre el vicio de origen de su sometimiento a la política y a los partidos, lo que la degrada y envilece. Pero es que, además, funciona mal, como lo demuestran sus limitaciones en medios y sus constantes fallos y escándalos.
Mientras que la Constitución consagra la independencia del poder judicial, la mal llamada democracia española, violando la Carta Magna, ha legalizado la irregularidad de que los partidos políticos nombren a los jueces y controlen los grandes tribunales y el vital Consejo General del Poder Judicial, recién renovado, cuyos veinte vocales juraron sus cargos el pasado martes y un día después eligieron a su presidente, Carlos Dívar, que debe su alto cargo a un pacto entre Zapatero y Rajoy.
Dentro de la tristeza general del espectáculo, destacó la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que tuvo la desfachatez de vanagloriarse de haber expulsado a los acólitos de ETA (ANV y PCTV) de las instituciones, sin reconocer que fué él mismo, siguiendo órdenes de Zapatero, quien permitió que los testaferros políticos de ETA participaran en las elecciones, obtuvieran representación en decenas de municipios y recibieran cientos de millones de euros en ayudas públicas.
El nuevo presidente del CGPJ, Carlos Divar, habló de la independencia de la Justicia y pidió a los jueces que hagan sentir sus opiniones en el discurso de la sociedad española, pero esos valiosos deseos cerecen de altura porque la Justicia española está viciada de origen y contaminada con una politización que es antidemocrática.
La Justicia española, aunque funcionara bien, arrastraría siempre el vicio de origen de su sometimiento a la política y a los partidos, lo que la degrada y envilece. Pero es que, además, funciona mal, como lo demuestran sus limitaciones en medios y sus constantes fallos y escándalos.
Mientras que la Constitución consagra la independencia del poder judicial, la mal llamada democracia española, violando la Carta Magna, ha legalizado la irregularidad de que los partidos políticos nombren a los jueces y controlen los grandes tribunales y el vital Consejo General del Poder Judicial, recién renovado, cuyos veinte vocales juraron sus cargos el pasado martes y un día después eligieron a su presidente, Carlos Dívar, que debe su alto cargo a un pacto entre Zapatero y Rajoy.
Dentro de la tristeza general del espectáculo, destacó la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que tuvo la desfachatez de vanagloriarse de haber expulsado a los acólitos de ETA (ANV y PCTV) de las instituciones, sin reconocer que fué él mismo, siguiendo órdenes de Zapatero, quien permitió que los testaferros políticos de ETA participaran en las elecciones, obtuvieran representación en decenas de municipios y recibieran cientos de millones de euros en ayudas públicas.
El nuevo presidente del CGPJ, Carlos Divar, habló de la independencia de la Justicia y pidió a los jueces que hagan sentir sus opiniones en el discurso de la sociedad española, pero esos valiosos deseos cerecen de altura porque la Justicia española está viciada de origen y contaminada con una politización que es antidemocrática.