Un gobierno que gana el poder con un programa electoral que después incumple es ilegítimo porque se sustenta sobre una estafa pura. Esa es la situación del actual gobierno de España, cuyo mandato está deslegitimado por haber incumplido casi todo lo que prometió a los ciudadanos a la hora de pedirles el voto.
La excusa del gobierno es que se encontró una situación insostenible al llegar al poder, heredada del terrible y dañino mandato del socialista Zapatero, pero ese argumento quizás sirva para explicar asuntos como la subida de impuestos inicial y algunos recortes de derechos y servicios, pero nunca podría explicar el incumplimiento de su promesa de austeridad, de regeneración política y de lucha contra la corrupción.
Contrariamente a lo que prometió, el gobierno de Matiano Rajoy ha preferido subir impuestos de manera injusta y desproporcionada a practicar la austeridad que prometió y también ha gastado a manos llenas, continuando la vorágine de endeudamiento que inició Zapatero, sin cumplir su promesa de reducir la administración. Las principales consecuencia de la política del gobierno han sido su incapacidad para detener el cierra de empresas y su impotencia para detener el dersempleo, el descontento y el avance de la pobreza.
Sin embargo, es en la lucha contra la corrupción donde el gobierno de Rajoy ha incumplido con mayor suciedad sus promesas. La España actual no es en modo alguno mas limpia y decente que la de Zapatero, ya que la Justicia sigue mediatizada y controlada por los partidos políticos, esos partidos, rechazados y criticados por los ciudadanos, siguen financiándose con dinero público, la Justicia sigue siendo desigual, mucho mas severa para los pobres que para los ricos, la Fiscalía está al servicio del gobierno, los corruptos siguen libres y sin que nadie les reclame el dinero que han robado, los partidos y los políticos siguen disfrutando de una insultante impunidad y hasta han eliminado la justicia gratuita, vigente para los pobres desde hace siglos.
Cientos de politólogos y analistas políticos de todo el mundo han reiterado que la mentira deslegitima a los gobiernos y que los gobiernos que se habituan a mentir a sus ciudadanos no merecen ejercer el poder.
Mariano Rajoy, si hubiera querido ser decente y demócrata al llegar al poder y encontrarse con el desastre que le dejó Zapatero, tenía que haberse dirigido al pueblo diciéndole que le resultaba imposible cumplir sus promesas y que convocaba de nuevo elecciones. Habría ganado esas nuevas elecciones porque el pueblo habría premiado su decencia democrática, pero prefirió apalancarse en el poder, a la sombra de una estafa electoral, cargándose de ilegitimidad, descrédito y sospecha.
La excusa del gobierno es que se encontró una situación insostenible al llegar al poder, heredada del terrible y dañino mandato del socialista Zapatero, pero ese argumento quizás sirva para explicar asuntos como la subida de impuestos inicial y algunos recortes de derechos y servicios, pero nunca podría explicar el incumplimiento de su promesa de austeridad, de regeneración política y de lucha contra la corrupción.
Contrariamente a lo que prometió, el gobierno de Matiano Rajoy ha preferido subir impuestos de manera injusta y desproporcionada a practicar la austeridad que prometió y también ha gastado a manos llenas, continuando la vorágine de endeudamiento que inició Zapatero, sin cumplir su promesa de reducir la administración. Las principales consecuencia de la política del gobierno han sido su incapacidad para detener el cierra de empresas y su impotencia para detener el dersempleo, el descontento y el avance de la pobreza.
Sin embargo, es en la lucha contra la corrupción donde el gobierno de Rajoy ha incumplido con mayor suciedad sus promesas. La España actual no es en modo alguno mas limpia y decente que la de Zapatero, ya que la Justicia sigue mediatizada y controlada por los partidos políticos, esos partidos, rechazados y criticados por los ciudadanos, siguen financiándose con dinero público, la Justicia sigue siendo desigual, mucho mas severa para los pobres que para los ricos, la Fiscalía está al servicio del gobierno, los corruptos siguen libres y sin que nadie les reclame el dinero que han robado, los partidos y los políticos siguen disfrutando de una insultante impunidad y hasta han eliminado la justicia gratuita, vigente para los pobres desde hace siglos.
Cientos de politólogos y analistas políticos de todo el mundo han reiterado que la mentira deslegitima a los gobiernos y que los gobiernos que se habituan a mentir a sus ciudadanos no merecen ejercer el poder.
Mariano Rajoy, si hubiera querido ser decente y demócrata al llegar al poder y encontrarse con el desastre que le dejó Zapatero, tenía que haberse dirigido al pueblo diciéndole que le resultaba imposible cumplir sus promesas y que convocaba de nuevo elecciones. Habría ganado esas nuevas elecciones porque el pueblo habría premiado su decencia democrática, pero prefirió apalancarse en el poder, a la sombra de una estafa electoral, cargándose de ilegitimidad, descrédito y sospecha.