El actual gobierno de España no solo "fabrica" desempleados y nuevos pobres a gran velocidad, sino que también está produciendo ya, a un ritmo todavía más intenso, objetores y potenciales evasores fiscales, gente que considera injustos los impuestos y que solo los paga porque teme las sanciones y multas. La insensatez de los políticos está eliminando en España el pago voluntario, democrático y solidarios de impuestos, que ya se cobran únicamente por miedo a las sanciones y multas.
Las últimas encuestas revelan el rechazo creciente de los españoles a los impuestos que les cobran, aunque todavía no se han publicado detalles sobre la intensidad de ese rechazo, que sorprende a los técnicos y observadores. Una de las últimas, publicada por el periódico La Razón, refleja que casi el 58 por ciento de los ciudadanos creen que en España se pagan demasiados impuestos, mientras que el 31.4 por ciento cree que se paga lo justo. Un 55.8 cree que es posible pagar mucho menos sin dañar las prestaciones. Otro dato destacable es que el 49.1 de los contribuyentes creen que pagan mucho más de lo que reciben del Estado a cambio de sus impuestos, lo que equivale a pensar que son injustos y desproporcionados. Lo que no dice la prensa es que la proporción de los que rechazan los impuestos crece cada mes, a medida que los ciudadanos conocen comportamientos arbitrarios y antidemocráticos del poder político como el despilfarro generalizado en las administraciones, las subidas semiclandestinas de los sueldos de los políticos, incluso en tiempos de crisis, la compra con dinero público de coches de lujo o la ayuda con fondos del erario a empresas de "amiguetes" de Zapatero, entre otros muchas corrupciones e irregularidades.
En tiempos no muy lejanos, pagar impuestos era un urgullo para los demócratas españoles porque, como ciudadano consciente y sensible, creias que contribuias al bienestar colectivo, dotabas al Estado de recursos y sufragabas actuaciones orientadas a eliminar el sufrimiento y las hirienntes diferencias entre ricos y pobres. Pero si hoy se hiciera una encuesta seria sobre la fiscalidad en España, descubririamos con terror que la gente paga ahora los impuestos solo porque teme ser sancionado, sin ilusión alguna, sin la más mínima fe de que los recursos que el Estado reclama sean gestionados con justicia, temiendo que sean utilizados por sátrapas sin ética en comprar coches de lujo, en cualquier tipo de despilfarro o en colocar y premiar a sus familiares, correligionarios y amigos.
Estos sentimientos y opinienes genran enormes cantidades de ciudadanos que se convierten en objetores fiscales y en potenciales evasores de impuestos.
El gobierno, exhibiendo una falta de sensibilidad que roza la insensatez, está aprovechando la crisis económica para hacer dos cosas que nadie recomienda en estos casos: subir los impuestos y endurecer las leyes que castigan el delito fiscal, justo lo contrario de lo que los expertos recomiendan para estimular una economía que está casi en estado de coma.
Entre otras medidas, pretende duplicar el tiempo de prescripción del delito fiscal, elevándolo de 5 a 10 años, algo que, segçun los expertos, crea inseguridad jurídica.
Juan Carlos López Hermoso, presidente de los asesores fiscales de España, afirma que la Administración tiene todos los derechos y que los ciudadanos solo tienen obligaciones.
Pero el gobierno de Zapatero no suelta la presa, obsesionado por cobrar dinero para mantener su poder y costear el monstruoso Estado que gestionan, donde los funcionarios son ya tres millones, el triple de los que había hace dos décadas, mientras que el número de asesores, enchufados y familiares y amigos del poder con cargos públicos se ha multiplicado por veinte, alcanzando la aterradora cifra de más de 300.000.
Desesperado porque la recaudación ha caido más de un 15 por ciento en los primeros meses del presente año 2008, el poder político no se limita a incrementar la presión fiscal y a endurecer la represión, justo lo contrario de lo que están haciendo otros gobiernos democráticos, sino que, además, está lanzando contra los ciudadanos y las empresas a enjambres de inspectores para que descubran fallos y los sancionen con multas. La misma orden ha recibido la policía, que acosa a los conductores con sanciones, mientras que los ayuntamientos revisan obras y comercios para sancionar y conseguir dinero como sea.
La conseuencia de todos estos desatinos es que en España se pierden más puestos de trabajo y se cierran más pequeñas empresas que en cualquier otro país de Europa o que en Estados Unidos, no tanto como consecuencia de la crisis sino como resultado de la insensatez de un poder público voraz, incapaz de apretarse el cinturón y de ayudar a los ciudadanos y empresarios en la difícil coyuntura actual.
Las últimas encuestas revelan el rechazo creciente de los españoles a los impuestos que les cobran, aunque todavía no se han publicado detalles sobre la intensidad de ese rechazo, que sorprende a los técnicos y observadores. Una de las últimas, publicada por el periódico La Razón, refleja que casi el 58 por ciento de los ciudadanos creen que en España se pagan demasiados impuestos, mientras que el 31.4 por ciento cree que se paga lo justo. Un 55.8 cree que es posible pagar mucho menos sin dañar las prestaciones. Otro dato destacable es que el 49.1 de los contribuyentes creen que pagan mucho más de lo que reciben del Estado a cambio de sus impuestos, lo que equivale a pensar que son injustos y desproporcionados. Lo que no dice la prensa es que la proporción de los que rechazan los impuestos crece cada mes, a medida que los ciudadanos conocen comportamientos arbitrarios y antidemocráticos del poder político como el despilfarro generalizado en las administraciones, las subidas semiclandestinas de los sueldos de los políticos, incluso en tiempos de crisis, la compra con dinero público de coches de lujo o la ayuda con fondos del erario a empresas de "amiguetes" de Zapatero, entre otros muchas corrupciones e irregularidades.
En tiempos no muy lejanos, pagar impuestos era un urgullo para los demócratas españoles porque, como ciudadano consciente y sensible, creias que contribuias al bienestar colectivo, dotabas al Estado de recursos y sufragabas actuaciones orientadas a eliminar el sufrimiento y las hirienntes diferencias entre ricos y pobres. Pero si hoy se hiciera una encuesta seria sobre la fiscalidad en España, descubririamos con terror que la gente paga ahora los impuestos solo porque teme ser sancionado, sin ilusión alguna, sin la más mínima fe de que los recursos que el Estado reclama sean gestionados con justicia, temiendo que sean utilizados por sátrapas sin ética en comprar coches de lujo, en cualquier tipo de despilfarro o en colocar y premiar a sus familiares, correligionarios y amigos.
Estos sentimientos y opinienes genran enormes cantidades de ciudadanos que se convierten en objetores fiscales y en potenciales evasores de impuestos.
El gobierno, exhibiendo una falta de sensibilidad que roza la insensatez, está aprovechando la crisis económica para hacer dos cosas que nadie recomienda en estos casos: subir los impuestos y endurecer las leyes que castigan el delito fiscal, justo lo contrario de lo que los expertos recomiendan para estimular una economía que está casi en estado de coma.
Entre otras medidas, pretende duplicar el tiempo de prescripción del delito fiscal, elevándolo de 5 a 10 años, algo que, segçun los expertos, crea inseguridad jurídica.
Juan Carlos López Hermoso, presidente de los asesores fiscales de España, afirma que la Administración tiene todos los derechos y que los ciudadanos solo tienen obligaciones.
Pero el gobierno de Zapatero no suelta la presa, obsesionado por cobrar dinero para mantener su poder y costear el monstruoso Estado que gestionan, donde los funcionarios son ya tres millones, el triple de los que había hace dos décadas, mientras que el número de asesores, enchufados y familiares y amigos del poder con cargos públicos se ha multiplicado por veinte, alcanzando la aterradora cifra de más de 300.000.
Desesperado porque la recaudación ha caido más de un 15 por ciento en los primeros meses del presente año 2008, el poder político no se limita a incrementar la presión fiscal y a endurecer la represión, justo lo contrario de lo que están haciendo otros gobiernos democráticos, sino que, además, está lanzando contra los ciudadanos y las empresas a enjambres de inspectores para que descubran fallos y los sancionen con multas. La misma orden ha recibido la policía, que acosa a los conductores con sanciones, mientras que los ayuntamientos revisan obras y comercios para sancionar y conseguir dinero como sea.
La conseuencia de todos estos desatinos es que en España se pierden más puestos de trabajo y se cierran más pequeñas empresas que en cualquier otro país de Europa o que en Estados Unidos, no tanto como consecuencia de la crisis sino como resultado de la insensatez de un poder público voraz, incapaz de apretarse el cinturón y de ayudar a los ciudadanos y empresarios en la difícil coyuntura actual.
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