Al otorgar poderes al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAT) para decidir qué es verdad y que no lo es y para sancionar a medios de comunicación, Cataluña se transforma en una anomalía en Europa y su gobierno en un verdadero “divieso” en el ámbito de las democracias avanzadas del mundo.
La decisión de sancionar a los medios que mientan no es criticable, siempre que lo hiciera un tribunal de justicia. Lo que es intolerable es otorgar ese poder a una institución cuyos miembros son nombrados por partidos políticos, que deben su lealtad, obediencia y sueldo a los partidos que les designan.
La experiencia histórica demuestra que decisiones como la catalana son más propias de regímenes como el de la actual China, habiatuados a colocar mordazas a la libertad, que de democracias verdaderas.
Mientras el CAT esté influido por partidos políticos, sus decisiones serán tan fiables y justas como las de las muchas comisiones de investigación parlamentarias constituidas por la democracia española, cuyos miembros se han ocupado más de defender los intereses de sus respectivos partidos que de buscar la verdad y el bien común.
La aberración antidemocrática catalana contrasta con un mundo donde las democracias ganan cada día derechos y libertades y donde la libertad de expresión es considerada como uno de los más sagrados e inamovibles derechos. De hehco, organismos como el CAT ya no existen en el océano democrático. En Estados Unidos existía uno similar, pero fue abolido por Ronald Reagam, que lo consideró como un residuo superviviente del “totalitarismo macartista”.
La creación en Cataluña de una policía mediática cuya misión es colocar bajo vigilancia a la libertad de expresión es la consecuencia del daño que esa libertad ha causado al gobierno catalán (Generalitat), tras denunciar escándalos como el hundimiento del barrio del Carmel, el 3 por ciento cobrado por el gobierno como comisión corrupta, el crédito condonado a los socialistas catalanes y las debilidades y contradicciones de la OPA lanzada contra ENDESA, hechos que la Generalitat habría deseado mantener en secreto.
La única forma en democracia de entender la libertad de expresión es la que establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos (no sólo de los periodistas y de los medios) a dar y a recibir información, sin otras limitaciones que las establecidas en el Código Penal.
Todo lo demás no es democracia.
La decisión de sancionar a los medios que mientan no es criticable, siempre que lo hiciera un tribunal de justicia. Lo que es intolerable es otorgar ese poder a una institución cuyos miembros son nombrados por partidos políticos, que deben su lealtad, obediencia y sueldo a los partidos que les designan.
La experiencia histórica demuestra que decisiones como la catalana son más propias de regímenes como el de la actual China, habiatuados a colocar mordazas a la libertad, que de democracias verdaderas.
Mientras el CAT esté influido por partidos políticos, sus decisiones serán tan fiables y justas como las de las muchas comisiones de investigación parlamentarias constituidas por la democracia española, cuyos miembros se han ocupado más de defender los intereses de sus respectivos partidos que de buscar la verdad y el bien común.
La aberración antidemocrática catalana contrasta con un mundo donde las democracias ganan cada día derechos y libertades y donde la libertad de expresión es considerada como uno de los más sagrados e inamovibles derechos. De hehco, organismos como el CAT ya no existen en el océano democrático. En Estados Unidos existía uno similar, pero fue abolido por Ronald Reagam, que lo consideró como un residuo superviviente del “totalitarismo macartista”.
La creación en Cataluña de una policía mediática cuya misión es colocar bajo vigilancia a la libertad de expresión es la consecuencia del daño que esa libertad ha causado al gobierno catalán (Generalitat), tras denunciar escándalos como el hundimiento del barrio del Carmel, el 3 por ciento cobrado por el gobierno como comisión corrupta, el crédito condonado a los socialistas catalanes y las debilidades y contradicciones de la OPA lanzada contra ENDESA, hechos que la Generalitat habría deseado mantener en secreto.
La única forma en democracia de entender la libertad de expresión es la que establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos (no sólo de los periodistas y de los medios) a dar y a recibir información, sin otras limitaciones que las establecidas en el Código Penal.
Todo lo demás no es democracia.