El primer ministro de Bélgica, el democristiano flamenco Yves Leterme, se ha convertido en el primer líder europeo que pierde el poder por causa de la crisis económica en Europa. Y lo hizo no por gestionar mal la crisis en general, sino por presionar al Tribunal de Apelaciones de Bruselas para evitar la paralización de la venta de Fortis.
Si en España se aplicasen las mismas normas éticas y democráticas vigentes en la política belga, el gobierno español, que no necesita presionar a los altos tribunales porque nombra, incluso, a sus miembros, debería haber dimitido hace mucho tiempo.
El Tribunal de Casación belga, similar al Supremo español, concluyó en informe de gran dureza, que hay "indicios serios" de la intervención del Gobierno para presionar a los jueces, lo que provocó un escándalo político que no dejó a Leterme más salida que presentar la dimisión de todo el Ejecutivo ante el rey.
Para países como España, donde las democracias han sido desarboladas y degradadas, lo que convierte a los gobiernos en prácticamente blindados e impunes, lo ocurrido en Bélgica es todo un ejemplo a considerar.
Si la causa de la caída del gobierno belga ha sido su intervención ante una Justicia que debe ser independiente en democracia, los gobiernos españoles, desde el socialista de Felipe González, que decretó la "muerte" de Montesquieu y tuvo la osadía de someter a control los altos tribunales de Justicia, hasta el actual, sin olvidar al de José María Aznar, que reforzó, incluso, el intervencionismo del gobierno, deberían haber dimitido no sólo por interferir, sino por algo todavía más grave: por intervenir hasta el extremo de nombrar a los magistrados y tal vez hasta por controlar la cúspide del sistema español de Justicia.
El intervencionismo del gobierno en los demás poderes, un "pecado" insoportable en cualquier democracia avanzada del mundo, es en España un rasgo habitual que degrada y deslegitima la democracia. Las intervenciones no sólo afectan a los altos tribunales, sino que son especialmente intolerables en el Parlamento, donde los diputados y senadores no pueden votar en conciencia, ni tomar la palabra por iniciativa propia, demostrando así que están sometidos y representan a sus respectivos partidos, no a los ciudadanos, con los que ni siquiera se relacionan.
Pero el "intervencionismo" antidemocrático español va más lejos: el gobierno se atreve a intervenir en la vida interna de las empresas y a interferir en su composición accionarial, como quedó demostrado en casos como el fallido asalto al BBVA y a la exitosa compraventa de ENDESA, ambos con apoyo directo de la Moncloa, mientras que los partidos políticos controlan los tres poderes del Estado y han invadido hasta espacios vitales de la sociedad civil que les están vetados en democracia, como las universidades, las cajas de ahorro y otras instituciones y organizaciones que deberían mantenerse independientes y libres por razones de salud pública, sin mencionar que esos partidos también controlan y dominan a miles de instituciones y empresas, en teoría libres e independientes, por medio de los concursos públicos, subvenciones y otros privilegios que se administran desde el poder político.
La dimisión del gobierno belga ha puesto de manifiesto, una vez más, la baja catadura moral y política de la inexistente y mal llamada "democracia" española.
Si en España se aplicasen las mismas normas éticas y democráticas vigentes en la política belga, el gobierno español, que no necesita presionar a los altos tribunales porque nombra, incluso, a sus miembros, debería haber dimitido hace mucho tiempo.
El Tribunal de Casación belga, similar al Supremo español, concluyó en informe de gran dureza, que hay "indicios serios" de la intervención del Gobierno para presionar a los jueces, lo que provocó un escándalo político que no dejó a Leterme más salida que presentar la dimisión de todo el Ejecutivo ante el rey.
Para países como España, donde las democracias han sido desarboladas y degradadas, lo que convierte a los gobiernos en prácticamente blindados e impunes, lo ocurrido en Bélgica es todo un ejemplo a considerar.
Si la causa de la caída del gobierno belga ha sido su intervención ante una Justicia que debe ser independiente en democracia, los gobiernos españoles, desde el socialista de Felipe González, que decretó la "muerte" de Montesquieu y tuvo la osadía de someter a control los altos tribunales de Justicia, hasta el actual, sin olvidar al de José María Aznar, que reforzó, incluso, el intervencionismo del gobierno, deberían haber dimitido no sólo por interferir, sino por algo todavía más grave: por intervenir hasta el extremo de nombrar a los magistrados y tal vez hasta por controlar la cúspide del sistema español de Justicia.
El intervencionismo del gobierno en los demás poderes, un "pecado" insoportable en cualquier democracia avanzada del mundo, es en España un rasgo habitual que degrada y deslegitima la democracia. Las intervenciones no sólo afectan a los altos tribunales, sino que son especialmente intolerables en el Parlamento, donde los diputados y senadores no pueden votar en conciencia, ni tomar la palabra por iniciativa propia, demostrando así que están sometidos y representan a sus respectivos partidos, no a los ciudadanos, con los que ni siquiera se relacionan.
Pero el "intervencionismo" antidemocrático español va más lejos: el gobierno se atreve a intervenir en la vida interna de las empresas y a interferir en su composición accionarial, como quedó demostrado en casos como el fallido asalto al BBVA y a la exitosa compraventa de ENDESA, ambos con apoyo directo de la Moncloa, mientras que los partidos políticos controlan los tres poderes del Estado y han invadido hasta espacios vitales de la sociedad civil que les están vetados en democracia, como las universidades, las cajas de ahorro y otras instituciones y organizaciones que deberían mantenerse independientes y libres por razones de salud pública, sin mencionar que esos partidos también controlan y dominan a miles de instituciones y empresas, en teoría libres e independientes, por medio de los concursos públicos, subvenciones y otros privilegios que se administran desde el poder político.
La dimisión del gobierno belga ha puesto de manifiesto, una vez más, la baja catadura moral y política de la inexistente y mal llamada "democracia" española.
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