Miles de denuncias e imágenes contra el fraude lectoral en España minan la confianza de los ciudadanos en el sistema
La democracia exige procesos electorales impecables e impolutos, diametralmente opuestos al que se está desarrollando en España en las semanas previas a la cita electoral del 10 de noviembre de 2019, plagado de irregularidades, sospechas y acusaciones de manipulación y fraude descarado.
Aunque el gobierno en funciones de Pedro Sánchez respetara escrupulosamente el escrutinio de papeletas en la noche del próximo 10 de noviembre, ya sería culpable de fraude electoral por haber violado la ética y las normas básicas de la democracia durante las semanas previas a la votación, en descarado beneficio de su candidatura socialista.
Decretos electoralistas, medidas oportunistas, aprovechamiento del cargo, uso de dinero público, ocultar datos y verdades que perjudican al gobierno, mentir y otras muchas actuaciones suyas y de su gobierno son puro fraude electoral y dan suficientes motivos a una Junta Electoral decente e independiente para que precinte y suprima su candidatura. Pero en España, nadie tiene poder para frenar el abuso de los partidos, auténticos dueños del sistema y propietarios del Estado.
ABC publica hoy una información que desvela los métodos y manejos del PSOE para captar votos con dinero público.
El candidato socialista se ha lanzado, sin escrúpulos ni prudencia, hacia una carrera de promesas imposibles, gastos imprudentes, compromisos que no va a cumplir y utilización de todos los medios públicos a su alcance para ganar votos, a pesar de que la provisionalidad de su gobierno exige prudencia y cautela en los gastos y decisiones. Su política, que incluye compra de medios de comunicación y de voluntades, encuestas cocinadas y utilización del juego sucio, hace innecesario el pucherazo electoral porque previamente a la jornada del voto habrá comprado los suficientes para ganar.
España tiene una rica tradición de fraude electoral. Desde 1876 hasta 1923, el turnismo político fue un continuo fraude electoral, basado en el caciquismo y el poder desmesurado de los políticos, que podían entonces y pueden ahora conceder subsidios a voluntad, dar trabajo a los amigos y hasta beneficiar a los suyos con subvenciones y contratos públicos. El fin de toda esa orgía de antidemocracia corrupta es mantenerse en el poder y parece que no existen límites morales que controlen ese objetivo.
Las actuales sospechas de fraude son un asunto gravisimo, crucial para el sistema y para el futuro de España como nación. España podría emerger muy devaluada y cargada de sospechas de estafa y fraude de este proceso electoral de noviembre de 2019 porque casi tan grave es en democracia que exista fraude como que la gente crea que existe. La sospecha invalida la democracia porque elimina el factor confianza, que es imprescindible para que el sistema democrático funcione. Sin la confianza de los ciudadanos en los gestores del poder y en la solvencia moral y legal del Estado, sólo queda tiranía.
A los políticos les indigna que se hable de "pucherazo" porque dicen que eso destruye la confianza en el sistema y en el liderazgo, pero es un argumento falso porque lo que realmente deteriora el sistema y la democracia es no afrontar ni debatir algo que preocupa a los ciudadanos y de lo que se habla ya en bares, restaurantes, puestos de trabajo y hogares. Ellos no deberían ignorar que el argumento que sostiene las sospechas de "pucherazo" es muy sólido y convincente: si la clase política española es capaz de plagiar sus tesis doctorales, de obtener títulos académicos de favor, de pactar para gobernar con los partidos más antiespañoles e indeseables, de mentir, de incumplir sus promesas y de convivir y participar en la orgía de la corrupción, ¿qué les va a impedir realizar un fraude electoral para seguir gobernando? Si eliminamos la ética del sistema, sólo queda un dominio salvaje e ilícito de los fuertes sobre los débiles y la democracia se desmorona.
Pero el fraude en la España del presente no es una amenaza, ni un riesgo, sino una realidad cotidiana, que se está perpetrando delante de nuestras narices cuando el PSOE, dueño del poder con provisionalidad, utiliza todos los recursos públicos para ganar votos, adquiriendo de ese modo ventajas ilícitas sobre sus contrincantes, que no tienen en sus manos esos resortes y poderes.
Así que, ocurra lo que ocurra y gane quien gane, España saldrá llena de excremento antidemocrático y de oprobio del actual proceso electoral.
Francisco Rubiales
Aunque el gobierno en funciones de Pedro Sánchez respetara escrupulosamente el escrutinio de papeletas en la noche del próximo 10 de noviembre, ya sería culpable de fraude electoral por haber violado la ética y las normas básicas de la democracia durante las semanas previas a la votación, en descarado beneficio de su candidatura socialista.
Decretos electoralistas, medidas oportunistas, aprovechamiento del cargo, uso de dinero público, ocultar datos y verdades que perjudican al gobierno, mentir y otras muchas actuaciones suyas y de su gobierno son puro fraude electoral y dan suficientes motivos a una Junta Electoral decente e independiente para que precinte y suprima su candidatura. Pero en España, nadie tiene poder para frenar el abuso de los partidos, auténticos dueños del sistema y propietarios del Estado.
ABC publica hoy una información que desvela los métodos y manejos del PSOE para captar votos con dinero público.
El candidato socialista se ha lanzado, sin escrúpulos ni prudencia, hacia una carrera de promesas imposibles, gastos imprudentes, compromisos que no va a cumplir y utilización de todos los medios públicos a su alcance para ganar votos, a pesar de que la provisionalidad de su gobierno exige prudencia y cautela en los gastos y decisiones. Su política, que incluye compra de medios de comunicación y de voluntades, encuestas cocinadas y utilización del juego sucio, hace innecesario el pucherazo electoral porque previamente a la jornada del voto habrá comprado los suficientes para ganar.
España tiene una rica tradición de fraude electoral. Desde 1876 hasta 1923, el turnismo político fue un continuo fraude electoral, basado en el caciquismo y el poder desmesurado de los políticos, que podían entonces y pueden ahora conceder subsidios a voluntad, dar trabajo a los amigos y hasta beneficiar a los suyos con subvenciones y contratos públicos. El fin de toda esa orgía de antidemocracia corrupta es mantenerse en el poder y parece que no existen límites morales que controlen ese objetivo.
Las actuales sospechas de fraude son un asunto gravisimo, crucial para el sistema y para el futuro de España como nación. España podría emerger muy devaluada y cargada de sospechas de estafa y fraude de este proceso electoral de noviembre de 2019 porque casi tan grave es en democracia que exista fraude como que la gente crea que existe. La sospecha invalida la democracia porque elimina el factor confianza, que es imprescindible para que el sistema democrático funcione. Sin la confianza de los ciudadanos en los gestores del poder y en la solvencia moral y legal del Estado, sólo queda tiranía.
A los políticos les indigna que se hable de "pucherazo" porque dicen que eso destruye la confianza en el sistema y en el liderazgo, pero es un argumento falso porque lo que realmente deteriora el sistema y la democracia es no afrontar ni debatir algo que preocupa a los ciudadanos y de lo que se habla ya en bares, restaurantes, puestos de trabajo y hogares. Ellos no deberían ignorar que el argumento que sostiene las sospechas de "pucherazo" es muy sólido y convincente: si la clase política española es capaz de plagiar sus tesis doctorales, de obtener títulos académicos de favor, de pactar para gobernar con los partidos más antiespañoles e indeseables, de mentir, de incumplir sus promesas y de convivir y participar en la orgía de la corrupción, ¿qué les va a impedir realizar un fraude electoral para seguir gobernando? Si eliminamos la ética del sistema, sólo queda un dominio salvaje e ilícito de los fuertes sobre los débiles y la democracia se desmorona.
Pero el fraude en la España del presente no es una amenaza, ni un riesgo, sino una realidad cotidiana, que se está perpetrando delante de nuestras narices cuando el PSOE, dueño del poder con provisionalidad, utiliza todos los recursos públicos para ganar votos, adquiriendo de ese modo ventajas ilícitas sobre sus contrincantes, que no tienen en sus manos esos resortes y poderes.
Así que, ocurra lo que ocurra y gane quien gane, España saldrá llena de excremento antidemocrático y de oprobio del actual proceso electoral.
Francisco Rubiales