España no tiene flota, como Inglaterra, para hacerse respetar por los piratas, pero si puede tener determinación y dignidad. Las empresas españolas deben abandonar Argentina de manera masiva y coordinada. Es la única respuesta eficaz al abuso de poder y al "asalto" de la viuda Kirchner. Cualquier otra medida alimentará la "venganza" nacionalista de la presidente Argentina contra los intereses de España y convertirá a las otras empresas españolas allí establecidas en rehenes y víctimas. Cualquier medida española de represalia y reciprocidad debe realizarse una vez que los nuestros hayan abandonado el campo adversario.
Palalelamente, con la solvencia, la constancia y la dignidad que el asunto requiere, España debe reclamar jurídicamente, exigir apoyo a los aliados y promover boicots a los productos argentinos. Cualquier cosa menos dejar impune el delito, algo tan habitual en la política española, donde los expoliadores "colegas" de Cristina han saqueado las cajas de ahorros y el mismo Estado español sin que ni siquiera hayan sido castigados.
Y siempre preparados para tender el brazo y dispensar amistad al pueblo de Argentina, pero una vez que se haya liberado de la caterva de piratas que hoy lo gobierna.
COMUNICADO:
En el día de hoy se ha anunciado el inicio de la tramitación parlamentaria en Argentina de un proyecto de ley para el cambio de control en YPF, S.A., en el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones Clase D de dicha compañía, todas ellas pertenecientes a Repsol, y se ha aprobado por el Gobierno argentino un Decreto de Necesidad y Urgencia, efectivo desde esta misma fecha, que dispone la intervención de YPF, S.A. por un plazo de 30 días, por el que se nombra como Interventor de esa Compañía a un Ministro del Gobierno, con todas las facultades de su Consejo de Administración. Repsol considera que la medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional, por lo que se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España. Repsol llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas. El Grupo Repsol tiene una participación del 57,43% en el capital de YPF, con un valor contable en sus estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2011 de 4.122 millones de euros. Adicionalmente, Repsol YPF mantiene un préstamo con el Grupo Petersen valorado en esa fecha en 1.542 millones de euros. YPF representó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del Grupo y un 21% del resultado neto. En ese ejercicio, las inversiones de explotación de YPF supusieron el 33,7% de las totales del Grupo. Por otra parte, como consecuencia de la medida anunciada hoy por el Gobierno argentino, la deuda neta del Grupo se reducirá en aproximadamente 1.600 millones de euros.
Palalelamente, con la solvencia, la constancia y la dignidad que el asunto requiere, España debe reclamar jurídicamente, exigir apoyo a los aliados y promover boicots a los productos argentinos. Cualquier cosa menos dejar impune el delito, algo tan habitual en la política española, donde los expoliadores "colegas" de Cristina han saqueado las cajas de ahorros y el mismo Estado español sin que ni siquiera hayan sido castigados.
Y siempre preparados para tender el brazo y dispensar amistad al pueblo de Argentina, pero una vez que se haya liberado de la caterva de piratas que hoy lo gobierna.
COMUNICADO:
En el día de hoy se ha anunciado el inicio de la tramitación parlamentaria en Argentina de un proyecto de ley para el cambio de control en YPF, S.A., en el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones Clase D de dicha compañía, todas ellas pertenecientes a Repsol, y se ha aprobado por el Gobierno argentino un Decreto de Necesidad y Urgencia, efectivo desde esta misma fecha, que dispone la intervención de YPF, S.A. por un plazo de 30 días, por el que se nombra como Interventor de esa Compañía a un Ministro del Gobierno, con todas las facultades de su Consejo de Administración. Repsol considera que la medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional, por lo que se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España. Repsol llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas. El Grupo Repsol tiene una participación del 57,43% en el capital de YPF, con un valor contable en sus estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2011 de 4.122 millones de euros. Adicionalmente, Repsol YPF mantiene un préstamo con el Grupo Petersen valorado en esa fecha en 1.542 millones de euros. YPF representó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del Grupo y un 21% del resultado neto. En ese ejercicio, las inversiones de explotación de YPF supusieron el 33,7% de las totales del Grupo. Por otra parte, como consecuencia de la medida anunciada hoy por el Gobierno argentino, la deuda neta del Grupo se reducirá en aproximadamente 1.600 millones de euros.