Fernando Lugo, el ex obispo católico que tomó recientemente posesión como nuevo Presidente de Paraguay, ha dado un ejemplo notable a nuestros políticos al renunciar a su sueldo y a su residencia presidencial, devolviendo así a la política aquel caracter "amateur" y ejemplar que tuvo la democracia en sus orígenes, ahora desaparecido y que nunca debio perderse.
El ejemplo de Lugo nos lleva a compararlo con los políticos españoles, donde cualquier alcalde de pueblo gana más dinero y se mueve con más boato que la mayoría de los presidentes de América Latina y África.
Voto en Blanco ha criticado sin clemencia los privilegios de la infectada clase política española, una casta de "nuevos amos" adicta al poder que suele autoadjudicarse sueldos inmerecidos si se tiene en cuenta su habitual impericia y torpeza en la gestión pública. Amparados en el malévolo y falso argumento der que los políticos deben estar bien pagados porque si no lo están tienden a corromperse, la clase política española ha dinamitado el concepto de igualdad, sagrado en democracia, y se ha autoadjudicado privilegios que no están al alcance del resto de los ciudadanos, como el derecho a cobrar pensiones máximas con sólo ocho años de empleo político, cuando los demás debemos cotizar varias décadas para tener derecho a pensiones generalmente miserables.
Pero esos privilegios de la "casta" política española van mucho más allá de los sueldos y pensiones de oro y penetran en los ámbitos de los cohes oficiales, las dietas, los gastos de representación, las residencias oficiales, los asesores, las tarjetas de crédito ilimitadas, la seguridad personal y la utilización casi sin límites de espacios y recursos públicos en la vida privada, sin mencionar privilegios ilegales y delictivos, por desgracia frecuentes, como son las comisiones, los cohechos, el amiguismo, la utilización del poder para beneficiar a los amigos y para fustigar al adversario y otras facetas de la corrupción.
El obispo Lugo, miembro de esa Iglesia Católica tan "odiada" por el actual gobierno de Zapatero, ofrece un ejemplo a nuestra infectada élite política no sólo al renunciar a su residencia presidencial y a su sueldo, sino también al emplear toda su fuerza en combatir la corrupción, un mal que en España ya es endémico y frente al cual el sistema ya casi no reacciona.
Aunque existen excepciones dignas de ser destacadas, la clase política española tiene un grave problema de prestigio e imagen porque, según revelan las encuestas del oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aparece ante los ojos de los ciudadanos como una casta corrupta y es percibida como uno de los grandes problemas de la sociedad.
Los políticos no sólo ofrecen un ejemplo denigrante por su comportamiento, sino que ha llegado demasiado lejos en su desprecio a la prudencia y a la justicia al crecer desordenadamente y multiplicarse exponencialmente, como lo hacen las células cancerosas. La España actual tiene una densidad de políticos, cargos de confianza, asesores, enchufados, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asimilados, interinos, sujetos dedocratizados y satélites de los partidos poderosos que causa terror.
El "cancer" del poder político en España ha crecido tanto que cada comunidad posee hoy un gobierno con más funcionarios y servidores que el antiguo gobierno central franquista, sin mencionar los generalmente inútiles parlamentos autonómicos, que legislan innecesariamente y "fabrican" leyes que nadie cumple para justificar su existencia, las diputaciones, auténticos gobiernos en miniatura cargados de presupuesto, y los ayuntamientos, algunos de los cuales mantienen más funcionarios que los que tenía Felipe II en aquel Imperio español del siglo XVI, donde "nunca se ponía el sol".
Hasta ahora, gracias al constante crecimiento de la economía y al despilfarro público, que no ha acumulado reservas para los tiempos malos, como era su deber, el monstruoso sistema político español ha podido mantenerse, pero ¿Qué ocurrirá ahora, cuando la economía en crisis hace del dinero un bien escaso? ¿Incrementarán los impuestos para seguir viviendo a cuerpo de rey o se endeudarán irresponsablemente?
El Estado tiene que "adelgazar" con urgencia y a España le va la vida en ello.
Que nadie malinterprete intencionadamente nuestras críticas. No estamos pidiendo a nuestros políticos que abandonen la corbata o que vivan como indigentes, sino que tengan la suficiente decencia para no hacer de la política una fuente de enriquecimiento personal y para que recuperen aquel carácter ejemplarizante y semiamateur que tuvo el servicio público en los orígenes de la democracia, hoy pulverizado por una "casta" demasiado arrogante y ávida de privilegios y ventajas.
Las aquí vertidas son críticas tan certeras y comprobadas como vergonzosas para los verdaderos demócratas. Cualquier ciudadano español puede citar ejemplos concretos de individuos sin escrúpulos, sin ideología ni méritos que, despues de dedicarse algunos años a la política, se retiran con coches de alta gama, segundas viviendas y atuendos dignos de las pasarelas de Hollywood, sin que la Fiscalía ni Hacienda hagan nada para investigar tan insólita riqueza.
El ejemplo de Lugo nos lleva a compararlo con los políticos españoles, donde cualquier alcalde de pueblo gana más dinero y se mueve con más boato que la mayoría de los presidentes de América Latina y África.
Voto en Blanco ha criticado sin clemencia los privilegios de la infectada clase política española, una casta de "nuevos amos" adicta al poder que suele autoadjudicarse sueldos inmerecidos si se tiene en cuenta su habitual impericia y torpeza en la gestión pública. Amparados en el malévolo y falso argumento der que los políticos deben estar bien pagados porque si no lo están tienden a corromperse, la clase política española ha dinamitado el concepto de igualdad, sagrado en democracia, y se ha autoadjudicado privilegios que no están al alcance del resto de los ciudadanos, como el derecho a cobrar pensiones máximas con sólo ocho años de empleo político, cuando los demás debemos cotizar varias décadas para tener derecho a pensiones generalmente miserables.
Pero esos privilegios de la "casta" política española van mucho más allá de los sueldos y pensiones de oro y penetran en los ámbitos de los cohes oficiales, las dietas, los gastos de representación, las residencias oficiales, los asesores, las tarjetas de crédito ilimitadas, la seguridad personal y la utilización casi sin límites de espacios y recursos públicos en la vida privada, sin mencionar privilegios ilegales y delictivos, por desgracia frecuentes, como son las comisiones, los cohechos, el amiguismo, la utilización del poder para beneficiar a los amigos y para fustigar al adversario y otras facetas de la corrupción.
El obispo Lugo, miembro de esa Iglesia Católica tan "odiada" por el actual gobierno de Zapatero, ofrece un ejemplo a nuestra infectada élite política no sólo al renunciar a su residencia presidencial y a su sueldo, sino también al emplear toda su fuerza en combatir la corrupción, un mal que en España ya es endémico y frente al cual el sistema ya casi no reacciona.
Aunque existen excepciones dignas de ser destacadas, la clase política española tiene un grave problema de prestigio e imagen porque, según revelan las encuestas del oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aparece ante los ojos de los ciudadanos como una casta corrupta y es percibida como uno de los grandes problemas de la sociedad.
Los políticos no sólo ofrecen un ejemplo denigrante por su comportamiento, sino que ha llegado demasiado lejos en su desprecio a la prudencia y a la justicia al crecer desordenadamente y multiplicarse exponencialmente, como lo hacen las células cancerosas. La España actual tiene una densidad de políticos, cargos de confianza, asesores, enchufados, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asimilados, interinos, sujetos dedocratizados y satélites de los partidos poderosos que causa terror.
El "cancer" del poder político en España ha crecido tanto que cada comunidad posee hoy un gobierno con más funcionarios y servidores que el antiguo gobierno central franquista, sin mencionar los generalmente inútiles parlamentos autonómicos, que legislan innecesariamente y "fabrican" leyes que nadie cumple para justificar su existencia, las diputaciones, auténticos gobiernos en miniatura cargados de presupuesto, y los ayuntamientos, algunos de los cuales mantienen más funcionarios que los que tenía Felipe II en aquel Imperio español del siglo XVI, donde "nunca se ponía el sol".
Hasta ahora, gracias al constante crecimiento de la economía y al despilfarro público, que no ha acumulado reservas para los tiempos malos, como era su deber, el monstruoso sistema político español ha podido mantenerse, pero ¿Qué ocurrirá ahora, cuando la economía en crisis hace del dinero un bien escaso? ¿Incrementarán los impuestos para seguir viviendo a cuerpo de rey o se endeudarán irresponsablemente?
El Estado tiene que "adelgazar" con urgencia y a España le va la vida en ello.
Que nadie malinterprete intencionadamente nuestras críticas. No estamos pidiendo a nuestros políticos que abandonen la corbata o que vivan como indigentes, sino que tengan la suficiente decencia para no hacer de la política una fuente de enriquecimiento personal y para que recuperen aquel carácter ejemplarizante y semiamateur que tuvo el servicio público en los orígenes de la democracia, hoy pulverizado por una "casta" demasiado arrogante y ávida de privilegios y ventajas.
Las aquí vertidas son críticas tan certeras y comprobadas como vergonzosas para los verdaderos demócratas. Cualquier ciudadano español puede citar ejemplos concretos de individuos sin escrúpulos, sin ideología ni méritos que, despues de dedicarse algunos años a la política, se retiran con coches de alta gama, segundas viviendas y atuendos dignos de las pasarelas de Hollywood, sin que la Fiscalía ni Hacienda hagan nada para investigar tan insólita riqueza.