El gobierno español, consciente de que el miedo del dinero es su aliado, aprobará hoy, en Consejo de Ministros, un decreto que facilita el traslado de las sedes de las grandes empresas. Es una medida ideada para facilitar la fuga empresarial de la Cataluña independentista, una gran escapada que se convertirá en un torrente si Puigdemont declarase unilareralmente la independencia.
Los anuncios de Eurona, Oryzon Genomics y Proclinc de trasladar su sede social abrieron la espita del miedo independentista, pero la fuga cobra cada día mayores dimensiones. Grandes empresas como Abertis, Gas Natural, Catalana Occidente y hasta la Seat, cuya factoría de Martorell es uno de los grandes símbolos de la pujanza industrial catalana, preparan también sus traslados para conservar sus mercados. Son empresas que venden en torno al 80 por ciento de su producción en España y no son tan imbéciles como los políticos independentistas para tirarlo todo por la borda.
La fuga afecta ahora a las grandes empresas, pero el río de salidas lleva más de un año funcionando y tan solo Madrid ha acogido ya a más de un millar de instituciones y empresas catalanas emigradas.
El mercado ha enviado a los grandes bancos catalanes, Caixabank y Sabedell, claros mensajes, traducidos no sólo en fuga de depósitos, sino en decenas de miles de llamadas de clientes asustados y amenazantes a los directivos de esas entidades, anunciando que retirarán sus fondos y venderán sus acciones si sus empresas no se colocan del lado de la ley y la Constitución.
Al parecer, los independentistas han minusvalorado la rabia de los españoles ante sus desprecios y desafíos. No tienen ni idea de lo que puede significar un boicot en serio y organizado a los productos catalanes, una oleada de compra selectiva que podría de rodillas a miles de empresas catalanas y a cadenas de distribución que, como Mercadona, están plagadas de productos fabricados en Cataluña.
El acuerdo para facilitar las deslocalizaciones de empresas catalanas ha sido negociado con el PSOE y cuenta también con el apoyo de Ciudadanos. El PSOE ha asegurado que "apoyaremos y defenderemos los intereses de los trabajadores y consumidores catalanes en caso de deslocalizaciones por la huida insensata hacia adelante que supone una DUI".
Los expertos hablan claramente de un "efecto dominó" que se produce, con fuerza arrolladora, cuando los grandes huyen. Los pequeños van siempre detrás.
Con la fuga, la gran perdedora es Cataluña, porque la salida de estas empresas reducirá ostensiblemente su PIB, que podría pasar a representar menos de la mitad del actual 19% que representa del total de la riqueza de España. Hay, además, grandes pérdidas fiscales por el cese de la tributación de esas empresas en suelo catalán.
Tal vez Rajoy pueda cantar victoria al final y la rebelión ilegal y mafiosa del independentismo se derrumbe, pero la victoria será más del dinero miedoso que del acierto político de un gobierno que, pase lo que pase, tendrá que pagar la factura de la inacción, la cobardía y la falta de brío y solvencia política demostrados en esta crisis.
Francisco Rubiales
Los anuncios de Eurona, Oryzon Genomics y Proclinc de trasladar su sede social abrieron la espita del miedo independentista, pero la fuga cobra cada día mayores dimensiones. Grandes empresas como Abertis, Gas Natural, Catalana Occidente y hasta la Seat, cuya factoría de Martorell es uno de los grandes símbolos de la pujanza industrial catalana, preparan también sus traslados para conservar sus mercados. Son empresas que venden en torno al 80 por ciento de su producción en España y no son tan imbéciles como los políticos independentistas para tirarlo todo por la borda.
La fuga afecta ahora a las grandes empresas, pero el río de salidas lleva más de un año funcionando y tan solo Madrid ha acogido ya a más de un millar de instituciones y empresas catalanas emigradas.
El mercado ha enviado a los grandes bancos catalanes, Caixabank y Sabedell, claros mensajes, traducidos no sólo en fuga de depósitos, sino en decenas de miles de llamadas de clientes asustados y amenazantes a los directivos de esas entidades, anunciando que retirarán sus fondos y venderán sus acciones si sus empresas no se colocan del lado de la ley y la Constitución.
Al parecer, los independentistas han minusvalorado la rabia de los españoles ante sus desprecios y desafíos. No tienen ni idea de lo que puede significar un boicot en serio y organizado a los productos catalanes, una oleada de compra selectiva que podría de rodillas a miles de empresas catalanas y a cadenas de distribución que, como Mercadona, están plagadas de productos fabricados en Cataluña.
El acuerdo para facilitar las deslocalizaciones de empresas catalanas ha sido negociado con el PSOE y cuenta también con el apoyo de Ciudadanos. El PSOE ha asegurado que "apoyaremos y defenderemos los intereses de los trabajadores y consumidores catalanes en caso de deslocalizaciones por la huida insensata hacia adelante que supone una DUI".
Los expertos hablan claramente de un "efecto dominó" que se produce, con fuerza arrolladora, cuando los grandes huyen. Los pequeños van siempre detrás.
Con la fuga, la gran perdedora es Cataluña, porque la salida de estas empresas reducirá ostensiblemente su PIB, que podría pasar a representar menos de la mitad del actual 19% que representa del total de la riqueza de España. Hay, además, grandes pérdidas fiscales por el cese de la tributación de esas empresas en suelo catalán.
Tal vez Rajoy pueda cantar victoria al final y la rebelión ilegal y mafiosa del independentismo se derrumbe, pero la victoria será más del dinero miedoso que del acierto político de un gobierno que, pase lo que pase, tendrá que pagar la factura de la inacción, la cobardía y la falta de brío y solvencia política demostrados en esta crisis.
Francisco Rubiales