La Hacienda Pública española nunca ha tenido menos prestigio que hoy
España no sólo es uno de los países del mundo que peor ha gestionado la pandemia del coronavirus, sino que es también el que más daños ha sufrido por el virus, tanto en muertos por habitante como en retroceso económico y cese de actividades fundamentales en la sociedad.
No existen estadísticas comparativas, ni estudios fiables que midan la eficacia de los distintos gobiernos europeos durante la pandemia, pero a juzgar por las quejas y casos denunciados, España debe estar también en los primeros puestos del ranking del desastre administrativo público.
Pero, a pesar de que ningún otro Estado de Europa funciona peor que el de España, como consecuencia del COVID, el español es también el gobierno que más alardea de su inexistente éxito, desplegando una propaganda llena de mentiras y engaños.
Es un hecho que la pandemia ha afectado intensamente a los gobiernos y sus organizaciones. También es cierto que el Estado ha aumentado su visibilidad con la pandemia y que sus defectos, errores y carencias son ahora más patentes. La suspensión de las consultas médicas presenciales, por ejemplo, ha sido la medida más criticada y dañina. Esa carencia tenía sentido en la primera etapa, cuando el miedo al contagio era obsesivo, pero no tiene sentido ahora, con más del 70 por ciento de la población vacunada.
Millones de españoles están decepcionados con el sistema de salud y siguen teniendo graves problemas para sentarse delante de un médico y explicarle en que consisten sus males.
Otro sector donde los daños han sido enormes es el de la Justicia, con parálisis y retrasos de miles de juicios, expedientes y sentencias.
Pero en general el fallo lo ha experimentado la administración entera, que ni siquiera ha sido capaz de expedir certificados y justificantes que el ciudadano necesita y que están causando perjuicios en los procesos comerciales, de contratación y en otros muchos sectores.
Lo único que ha funcionado como un reloj ha sido el cobro de impuestos y la recaudación anual de Hacienda, demostrándose que ese ministerio es el único que el gobierno cuida con mimo y diligencia, únicamente por codicia, para obtener dinero de los contribuyentes.
Otro servicios que encierra gran dramatismo es el de las consultas. Millones de ciudadanos se han sentido frustrados porque n siquiera han podido consultar asuntos con las administraciones, sobre contratación, seguridad social y numerosos otros trámites.
Se han observado retrasos hasta en la tramitación de pensiones y ayudas.
El gobierno nacional y los autonómicos tienen que realizar un esfuerzo para recuperar la normalidad. No tiene sentido que sean el sector público y los funcionarios los que peor han funcionado durante la pandemia, infinitamente peor que el sector privado, al que el sector público sólo ha puesto trabas, como los retrasos en los pagos y ayudas comprometidos, que han causado irreparables daños a las familias y a las empresas.
Francisco Rubiales
No existen estadísticas comparativas, ni estudios fiables que midan la eficacia de los distintos gobiernos europeos durante la pandemia, pero a juzgar por las quejas y casos denunciados, España debe estar también en los primeros puestos del ranking del desastre administrativo público.
Pero, a pesar de que ningún otro Estado de Europa funciona peor que el de España, como consecuencia del COVID, el español es también el gobierno que más alardea de su inexistente éxito, desplegando una propaganda llena de mentiras y engaños.
Es un hecho que la pandemia ha afectado intensamente a los gobiernos y sus organizaciones. También es cierto que el Estado ha aumentado su visibilidad con la pandemia y que sus defectos, errores y carencias son ahora más patentes. La suspensión de las consultas médicas presenciales, por ejemplo, ha sido la medida más criticada y dañina. Esa carencia tenía sentido en la primera etapa, cuando el miedo al contagio era obsesivo, pero no tiene sentido ahora, con más del 70 por ciento de la población vacunada.
Millones de españoles están decepcionados con el sistema de salud y siguen teniendo graves problemas para sentarse delante de un médico y explicarle en que consisten sus males.
Otro sector donde los daños han sido enormes es el de la Justicia, con parálisis y retrasos de miles de juicios, expedientes y sentencias.
Pero en general el fallo lo ha experimentado la administración entera, que ni siquiera ha sido capaz de expedir certificados y justificantes que el ciudadano necesita y que están causando perjuicios en los procesos comerciales, de contratación y en otros muchos sectores.
Lo único que ha funcionado como un reloj ha sido el cobro de impuestos y la recaudación anual de Hacienda, demostrándose que ese ministerio es el único que el gobierno cuida con mimo y diligencia, únicamente por codicia, para obtener dinero de los contribuyentes.
Otro servicios que encierra gran dramatismo es el de las consultas. Millones de ciudadanos se han sentido frustrados porque n siquiera han podido consultar asuntos con las administraciones, sobre contratación, seguridad social y numerosos otros trámites.
Se han observado retrasos hasta en la tramitación de pensiones y ayudas.
El gobierno nacional y los autonómicos tienen que realizar un esfuerzo para recuperar la normalidad. No tiene sentido que sean el sector público y los funcionarios los que peor han funcionado durante la pandemia, infinitamente peor que el sector privado, al que el sector público sólo ha puesto trabas, como los retrasos en los pagos y ayudas comprometidos, que han causado irreparables daños a las familias y a las empresas.
Francisco Rubiales