Acabar con los okupas debe ser una prioridad para cualquier partido democrático y decente, obligado a respetar la Constitución, la propiedad privada y a combatir el delito. Los gobiernos que facilitan la ocupación de viviendas y el robo son delincuentes y no tienen derecho a ser respetados. Incluso la inacción e indiferencia ante ese problema es delictiva pues significa dejar de cumplir un deber básico de todo gobierno, que es la defensa del ciudadano y el cumplimiento de la Constitución y los derechos humanos.
Los okupas, a los que la izquierda, de manera irresponsable y frívola, ha adornado con tintes románticos y de víctimas, son auténticos ladrones de viviendas que se aprovechan de que en España las leyes son confusas y defienden escasamente a las víctimas. Los partidos de izquierda están llegando a estimular incluso la okupación, como ocurre con Adelante Andalucía, cuya líder, Teresa Rodríguez, podría ser juzgada por animar públicamente a delinquir.
En realidad hay un comportamiento mafioso del poder en torno a la okupación, lleno de clientelismo y arbitrariedad. Cuando es okupada la vivienda de un poderoso, la policía actúa sin misericordia y expulsa a los ladrones a patadas, como ha ocurrido en una casa okupada propiedad de una reportera de televisión, pero si la vivienda es de un banco, de una promotora o de un ciudadano común, la ley se demora y la vivienda puede tardar meses y años en ser desalojada.
Pero el colmo de estupidez y de injusticia se da cuando el juez obliga al propietario a seguir pagando la luz y otros servicios básicos del inmueble okupado para no perjudicar a los ladrones que les han arrebatado la vivienda, toda una injusticia inconcebible en Europa, donde en todos los países, salvo en España y Portugal, los derechos del propietario son eficazmente defendidos por las leyes y la fuerza policial.
El problema de los okupas en España es reflejo evidente de la situación política degradada: leyes vigentes inicuas e incomprensibles en democracia, arbitrariedad en su aplicación, daños personales y económicos de gran calado, desprotección de la ciudadanía, violación de los derechos humanos y de la Constitución, ineficacia e indiferencia del gobierno, complicidad de algunos partidos y mucha mafia y desvergüenza desplegadas en torno al asunto.
Partidos como VOX, que promete el desalojo inmediato de los okupas, ganan votos a chorros sólo con defender esa ley, ante la que los ciudadanos, cansados de soportar la miseria de sus políticos tradicionales instalados en el poder, están reaccionando de manera peligrosa, con violencia a veces y organizando patrullas ciudadanas que suplen la ausencia de policías que les defiendan.
La okupación en España es un crimen evidente y, ante la complicidad de algunos partidos, sobre todo del bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos, IU, BIldu y otros), se está deslizando hasta convertirse en un crimen de Estado y en un problema acuciante de orden nacional e internacional.
Un país que vive del turismo, de la construcción inmobiliaria y que tiene a cientos de miles de jubilados extranjeros viviendo en su territorio, aprovechando la bondad del clima, no puede ser tan estúpido y frívolo de defender a los ladrones de viviendas e, incluso, protegerlos ante la indignación de una ciudadanía a la que los políticos ni siquiera escuchan. Sólo un país de imbéciles y cobardes dirigido por delincuentes es capaz de soportar semejante estupidez y tamaña injusticia.
Francisco Rubiales
Los okupas, a los que la izquierda, de manera irresponsable y frívola, ha adornado con tintes románticos y de víctimas, son auténticos ladrones de viviendas que se aprovechan de que en España las leyes son confusas y defienden escasamente a las víctimas. Los partidos de izquierda están llegando a estimular incluso la okupación, como ocurre con Adelante Andalucía, cuya líder, Teresa Rodríguez, podría ser juzgada por animar públicamente a delinquir.
En realidad hay un comportamiento mafioso del poder en torno a la okupación, lleno de clientelismo y arbitrariedad. Cuando es okupada la vivienda de un poderoso, la policía actúa sin misericordia y expulsa a los ladrones a patadas, como ha ocurrido en una casa okupada propiedad de una reportera de televisión, pero si la vivienda es de un banco, de una promotora o de un ciudadano común, la ley se demora y la vivienda puede tardar meses y años en ser desalojada.
Pero el colmo de estupidez y de injusticia se da cuando el juez obliga al propietario a seguir pagando la luz y otros servicios básicos del inmueble okupado para no perjudicar a los ladrones que les han arrebatado la vivienda, toda una injusticia inconcebible en Europa, donde en todos los países, salvo en España y Portugal, los derechos del propietario son eficazmente defendidos por las leyes y la fuerza policial.
El problema de los okupas en España es reflejo evidente de la situación política degradada: leyes vigentes inicuas e incomprensibles en democracia, arbitrariedad en su aplicación, daños personales y económicos de gran calado, desprotección de la ciudadanía, violación de los derechos humanos y de la Constitución, ineficacia e indiferencia del gobierno, complicidad de algunos partidos y mucha mafia y desvergüenza desplegadas en torno al asunto.
Partidos como VOX, que promete el desalojo inmediato de los okupas, ganan votos a chorros sólo con defender esa ley, ante la que los ciudadanos, cansados de soportar la miseria de sus políticos tradicionales instalados en el poder, están reaccionando de manera peligrosa, con violencia a veces y organizando patrullas ciudadanas que suplen la ausencia de policías que les defiendan.
La okupación en España es un crimen evidente y, ante la complicidad de algunos partidos, sobre todo del bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos, IU, BIldu y otros), se está deslizando hasta convertirse en un crimen de Estado y en un problema acuciante de orden nacional e internacional.
Un país que vive del turismo, de la construcción inmobiliaria y que tiene a cientos de miles de jubilados extranjeros viviendo en su territorio, aprovechando la bondad del clima, no puede ser tan estúpido y frívolo de defender a los ladrones de viviendas e, incluso, protegerlos ante la indignación de una ciudadanía a la que los políticos ni siquiera escuchan. Sólo un país de imbéciles y cobardes dirigido por delincuentes es capaz de soportar semejante estupidez y tamaña injusticia.
Francisco Rubiales