El boicot ciudadano a los productos catalanes es una sólida defensa de la democracia

El gobierno de Sánchez está contra las cuerdas, presionado por Puigdemont, que exige para aprobar los decretos del gobierno que las empresas que se fugaron de Cataluña en 2017 sean castigadas si no regresan a territorio catalán, una exigencia ilegal y abusiva, típicamente estalinista, que indignará a los españoles, a los defensores del Estado de Derecho y a la Unión Europea.

El boicot a los productos catalanes, que siempre ha sido una represalia, un acto de castigo de los demócratas y españoles decentes por los abusos y agresiones del nacionalismo catalán, hoy, en la España de Pedro Sánchez, se convertiría en un acto de justicia y en una democrática defensa de la libertad, la Constitución y la justicia.

Los golpistas catalanes en el poder están presionando al gobierno de Sánchez para que castigue a las empresas que no regresen a Cataluña y premie a las que se establezcan en territorio catalán, después de que se fugaran en masa, en 2017, cuando los partidos independentistas forzaron el golpe de Estado y llenaron las calles catalanas de manifestaciones y violencia exigiendo la independencia.

El gobierno de Sánchez, a pesar de sus concesiones vergonzosas ya realizadas a los golpistas, que incluyen indultos, repartos de dinero y privilegios, cesión de competencias y preparación de una amnistía y un referendo soberanista, rechazados por la Justicia y por muchos millones de españoles, se resiste a aprobar el castigo a las empresas que no regresen a Cataluña, como exigen los políticos delincuentes catalanes.

Si el gobierno de Sánchez accediera a ese deseo independentista violaría la libertad de empresas, la igualdad que establece la Constitución y marginaría de forma delictiva al resto de las comunidades autónomas españolas, que se preguntarían con razón ¿Por qué no premia el gobierno a las empresas que se establezcan en Extremadura o Andalucía y sí a las que se trasladen a Cataluña?

Ante esa situación de injusticia y violación de las libertades y derechos constitucionales, el pueblo contempla un nuevo boicot masivo, esta vez cargado de justicia y de razón, para convencer a las empresas y a la sociedad catalana de que la ruta emprendida por sus políticos es suicida y les conduce a la ruina económica.

El boicot dejaría de ser un castigo o una revancha para convertirse en un acto de defensa de la Constitución y de la democracia, en un acto revolucionario destinado a preservar la igualdad que establece la Constitución, amenazada por la voracidad de los golpistas catalanes y la debilidad pervertida del sanchismo, si llegara a ceder.

No cabe duda de que si el gobierno cede a las presiones catalanas y acepta incentivar el establecimiento de empresas en Cataluña provocará un boicot masivo y descomunal de los productos catalanes y un castigo a las empresas que regresen, forzadas por las medidas estalinistas que exigen los independentistas.

Hay un problema suplementario que está frenando que el sanchismo diga "SI" a las sucias, ilegales e indecentes pretensiones del golpismo catalán: el premio a las empresas que se establezcan en Cataluña y el castigo a las que se resistan a regresar es contrario a la legislación de la Unión Europea, que no permanecería indiferente si se culminara ese tremendo abuso de poder delictivo.

La experiencia demuestra que al nacionalismo catalán sólo se le combate con el rigor de la ley y la fuerza de la democracia y la libertad. Del mismo modo que el 2017 la presión popular y del gobierno forzó la salida de miles de empresas, que huían de los tumultos y de la indignación que la rebelión catalana provocaba en los españoles, ahora sentirían miedo al nuevo boicot democrático y de defensa de España frente al corrupto y mafioso asalto del independentismo catalán.

Empresas como Gas Natural, los bancos de Sabadell y la Caixa, además de otras muchas, verían como sus cuentas de resultados quedarían seriamente dañadas por la retirada de contratos, depósitos y otras acciones de represalia lanzadas por el pueblo español indignado como defensa ante el abuso catalanista.

La ruta de Puigdemont y de otras fuerzas independentistas catalanas es errónea y conduce al conflicto y a la ruina de los catalanes, que corren el riesgo de provocar una nueva huida de empresas y otra fuga de riqueza y capitales, que se agregarían a la ya muy dañada economía de los catalanes, victima del odio y de los abusos del independentismo.

Francisco Rubiales