Guardia Civil en Valverde
Lo acontecido en la localidad onubense de Valverde del Camino, donde la policía judicial tuvo que intervenir en el Ayuntamiento para evitar que los socialistas, derrotados en las recientes elecciones municipales, siguieran quemando documentos, no es un caso aislado ni un accidente, sino el anticipo de lo que sucederá en muchos despachos, empresas públicas, municipios, diputaciones y gobiernos de España, donde se quemarán millones de documentos y desaparecerán miles de pistas antes del trasvase de poder y en previsión a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones.
La noticia reciente de que el gobierno socialista derrotado en Castilla la Mancha, presidido por Barreda, está triturando documentos a marchas forzadas confirma que muchos socialistas, conscientes de que han utilizado el Estado como si fuera un cortijo propio, tienen ahora que borrar pistas y eliminar indicios para que no se conozcan ni castiguen sus abusos.
"Las hogueras españolas van a verse hasta desde el satélite", me decía hace días un compañero, profesor universitario de derecho, según el cual "los socialistas saben ya que perderán en 2011 y esa es la razon principal de que Zapatero permanezca en el poder. Necesitan tiempo para borrar pistas y huellas de lo que han hecho durante su larga hegemonía".
Su argumento central es que los socialistas, aunque disimulen, saben perfectamente que los deseos de venganza de la ciudadanía española contra ellos, por su mal gobierno y la prostitución de la democracia, es imparable y han entendido quer tienen apenas un año para que desaparezcan los papeles y las pistas que reflejan sus abusos y podredumbres. Después de las elecciones generales, el desalojo socialista será masivo y ya no habra tiempo ni oportunidad para borrar los rastros de la indecencia.
Hay varios estudios en Andalucía que cuantifican lo que costará, en términos reales, el trasvase del poder autonómico del PSOE al PP, si algún día se produce. Uno de ellos, el único que tengo en mi poder, calcula que el cambio político costará al erario público andaluz nada menos que 2.200 millones de euros. La mayoría de ese dinero se irá en liquidaciones de finiquitos, indemnizaciones, sabotajes de los que se marchan, nuevas contrataciones y gastos de establecimiento de los nuevos dueños del poder. A esos gastos habrá que añadir el valor del combustible para las hogueras y las teneladas de papel que se quemen.
Algunos aseguran que aflorarán deudas y déficits nunca contabilizados ni declarados, por una cantidad que podría superar los 5.000 millones de euros, pero nadie parece tener prueba alguna al respecto.
Lo que está fuera de toda duda es que en lugares como Andalucía el poder socialista se ha sentido tan seguro y propietario del sistema que ha cometido errores tan graves como los falsos EREs descubiertos, a los que habría que añadir concursos públicos otorgados a dedo, utilización arbitraria de las subvenciones, marginación de ciudadanos y de empresas por pensar diferente que el poder, oposiciones irregulares, sueldos que se cobran sin trabajar, facturas trucadas, comisiones ilegales, gastos sin justificar, miles de expedientes irregulares y otros muchos abusos y desmanes.
Hacer desaparecer el rastro de todo eso es ya una tarea prioritaria de gobierno en muchas ciudades y pueblos de España.
La noticia reciente de que el gobierno socialista derrotado en Castilla la Mancha, presidido por Barreda, está triturando documentos a marchas forzadas confirma que muchos socialistas, conscientes de que han utilizado el Estado como si fuera un cortijo propio, tienen ahora que borrar pistas y eliminar indicios para que no se conozcan ni castiguen sus abusos.
"Las hogueras españolas van a verse hasta desde el satélite", me decía hace días un compañero, profesor universitario de derecho, según el cual "los socialistas saben ya que perderán en 2011 y esa es la razon principal de que Zapatero permanezca en el poder. Necesitan tiempo para borrar pistas y huellas de lo que han hecho durante su larga hegemonía".
Su argumento central es que los socialistas, aunque disimulen, saben perfectamente que los deseos de venganza de la ciudadanía española contra ellos, por su mal gobierno y la prostitución de la democracia, es imparable y han entendido quer tienen apenas un año para que desaparezcan los papeles y las pistas que reflejan sus abusos y podredumbres. Después de las elecciones generales, el desalojo socialista será masivo y ya no habra tiempo ni oportunidad para borrar los rastros de la indecencia.
Hay varios estudios en Andalucía que cuantifican lo que costará, en términos reales, el trasvase del poder autonómico del PSOE al PP, si algún día se produce. Uno de ellos, el único que tengo en mi poder, calcula que el cambio político costará al erario público andaluz nada menos que 2.200 millones de euros. La mayoría de ese dinero se irá en liquidaciones de finiquitos, indemnizaciones, sabotajes de los que se marchan, nuevas contrataciones y gastos de establecimiento de los nuevos dueños del poder. A esos gastos habrá que añadir el valor del combustible para las hogueras y las teneladas de papel que se quemen.
Algunos aseguran que aflorarán deudas y déficits nunca contabilizados ni declarados, por una cantidad que podría superar los 5.000 millones de euros, pero nadie parece tener prueba alguna al respecto.
Lo que está fuera de toda duda es que en lugares como Andalucía el poder socialista se ha sentido tan seguro y propietario del sistema que ha cometido errores tan graves como los falsos EREs descubiertos, a los que habría que añadir concursos públicos otorgados a dedo, utilización arbitraria de las subvenciones, marginación de ciudadanos y de empresas por pensar diferente que el poder, oposiciones irregulares, sueldos que se cobran sin trabajar, facturas trucadas, comisiones ilegales, gastos sin justificar, miles de expedientes irregulares y otros muchos abusos y desmanes.
Hacer desaparecer el rastro de todo eso es ya una tarea prioritaria de gobierno en muchas ciudades y pueblos de España.