Tiene tanto miedo el PSOE a que las reformas del Partido Popular terminen por vencer a la crisis que ha optado abiertamente por torpedearlas e impedirles el éxito a cualquier precio, aunque para ello tenga que perjudicar los intereses de España y de sus ciudadanos. Ayer, demostrando su hostilidad y ofuscación irracional, los socialistas votaron en contra de la Ley de Estabilidad, que impone a las administraciones un déficit "cero", pieza clave en la lucha de España contra el despilfarro y la ruina.
La exhibición de egoísmo e irresponsabilidad política ofrecida por el PSOE ayer en el Congreso constituye todo un escándalo y la prueba palpable de que el degradado socialismo español, bajo el mando de Rubalcaba, antepone sus propios intereses al bien común. No existe justificación objetiva alguna del voto negativo socialista porque esa ley es vital para la lucha de España contra la crisis y es la consecuencia natural de la reforma constitucional exprés que pactaron PSOE y PP en los últimos días del gobierno de Zapatero. La excusa socialista de que el "déficit cero" es demasiado rígido es indefendible y en modo alguno justifica un voto en contra de los intereses de la nación.
Es más que probable que el PSOE tenga que arrepentirse en el futuro de su voto contrario a una ley que es claramente positiva para España, un país que se encuentra hoy al borde de la quiebra precisamente porque el anterior gobierno socialista gastó demasiado y no dudó en mentir a sus socios europeos prometiendo un déficit del 6 por ciento en 2011 que después resultó ser del 8.4 por ciento, lo que significa que el gobierno de Zapatero y Rubalcaba gastó el año pasado 90.000 millones de euros mas de lo que el Estado ingresó, toda una locura descerebrada, letal para España.
La estrategia adoptada por Rubalcaba y su equipo, consistente en torpedear cualquier reforma o medida del gobierno de Rajoy para salir de la crisis encierra una inmensa vileza y demuestra hasta más allá de toda duda lo que han advertido a lo largo de la Historia muchos pensadores políticos y expertos en derecho, entre ellos Tomás Jefferson, artífice de la "democracia americana": que algunos partidos se convierten en irrecuperables y en claros adversarios de la democracia cuando atraviesan la linea roja al anteponer sus propios intereses de partido al interés general y el bien común de los ciudadanos.
Si los españoles llegan a asumir la verdad exhibida ayer y descubren que la ofuscación y el odio al adversario se han impuesto a la cordura y que los socialistas ya anteponen, por sistema, sus intereses de partido al bien general, el socialismo español tardará mucho en salir del foso y tal vez siga hundiéndose todavía más ante el electorado.
Cuando España necesita la unión y el esfuerzo común frente a la terrible crisis que amenaza al país con llevarlo hasta la quiebra, el PSOE ha optado abiertamente por boicotear una ley vital para España, una actitud irresponsable y antiespañola que transgrede la lógica, que destila rencor y egoísmo y que merece condena y rechazo cívico.
La nueva ley concuerda con el clamor ciudadano de poner fin a la fiesta del derroche y el despilfarro de los políticos, al imponer un déficit estructural del 0 por ciento al conjunto de las administraciones a partir de 2020. Así que la norma ha salido ya de la Cámara Baja rumbo al Senado con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN. El PNV se abstuvo.
La exhibición de egoísmo e irresponsabilidad política ofrecida por el PSOE ayer en el Congreso constituye todo un escándalo y la prueba palpable de que el degradado socialismo español, bajo el mando de Rubalcaba, antepone sus propios intereses al bien común. No existe justificación objetiva alguna del voto negativo socialista porque esa ley es vital para la lucha de España contra la crisis y es la consecuencia natural de la reforma constitucional exprés que pactaron PSOE y PP en los últimos días del gobierno de Zapatero. La excusa socialista de que el "déficit cero" es demasiado rígido es indefendible y en modo alguno justifica un voto en contra de los intereses de la nación.
Es más que probable que el PSOE tenga que arrepentirse en el futuro de su voto contrario a una ley que es claramente positiva para España, un país que se encuentra hoy al borde de la quiebra precisamente porque el anterior gobierno socialista gastó demasiado y no dudó en mentir a sus socios europeos prometiendo un déficit del 6 por ciento en 2011 que después resultó ser del 8.4 por ciento, lo que significa que el gobierno de Zapatero y Rubalcaba gastó el año pasado 90.000 millones de euros mas de lo que el Estado ingresó, toda una locura descerebrada, letal para España.
La estrategia adoptada por Rubalcaba y su equipo, consistente en torpedear cualquier reforma o medida del gobierno de Rajoy para salir de la crisis encierra una inmensa vileza y demuestra hasta más allá de toda duda lo que han advertido a lo largo de la Historia muchos pensadores políticos y expertos en derecho, entre ellos Tomás Jefferson, artífice de la "democracia americana": que algunos partidos se convierten en irrecuperables y en claros adversarios de la democracia cuando atraviesan la linea roja al anteponer sus propios intereses de partido al interés general y el bien común de los ciudadanos.
Si los españoles llegan a asumir la verdad exhibida ayer y descubren que la ofuscación y el odio al adversario se han impuesto a la cordura y que los socialistas ya anteponen, por sistema, sus intereses de partido al bien general, el socialismo español tardará mucho en salir del foso y tal vez siga hundiéndose todavía más ante el electorado.
Cuando España necesita la unión y el esfuerzo común frente a la terrible crisis que amenaza al país con llevarlo hasta la quiebra, el PSOE ha optado abiertamente por boicotear una ley vital para España, una actitud irresponsable y antiespañola que transgrede la lógica, que destila rencor y egoísmo y que merece condena y rechazo cívico.
La nueva ley concuerda con el clamor ciudadano de poner fin a la fiesta del derroche y el despilfarro de los políticos, al imponer un déficit estructural del 0 por ciento al conjunto de las administraciones a partir de 2020. Así que la norma ha salido ya de la Cámara Baja rumbo al Senado con los votos a favor del PP, CiU, UPyD y UPN. El PNV se abstuvo.