El PP rechazó el pasado jueves, en el Pleno del Congreso, la propuesta de UPyD de abolir de golpe más de 9.000 aforados, aprovechando la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) que va a dar protección jurídica a Juan Carlos y parte de la familia real. La iniciativa del partido que lidera Rosa Díez contó con el apoyo de Izquierda Plural y BNG, mientras que el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos se abstuvieron.
Fue una votación importante porque desveló ante los ciudadanos los verdaderos sentimientos de los distintos partidos, unos, como el PP, empeñados en convertir el Estado en una trinchera desde la que los políticos ejerzan el poder con la máxima impunidad y sin obstáculos, otros, como el PSOE, debatiéndose entre el autoritarismo, el desprecio a la democracia y la necesidad de cambiar para recuperar la confianza ciudadana que ha perdido, y otros muchos con miedo a perder los enormes privilegios que conlleva el ejercicio de la política en España, un país alejado de la verdadera democracia y dominado por una casta política que realmente practica una dictadura encubierta de partidos políticos.
Aprovechando esa reforma puntual de la Ley del Poder Judicial para adaptar a los profesionales de la Justicia a la racionalización del sector público, la misma que el PP ha usado para aforar a Don Juan Carlos y parte de la familia real tras su abdicación, UPyD registró dos enmiendas destinadas a empezar la supresión de aforados, de manera que sólo se quedaran, por el momento, los miembros del Gobierno y los diputados y senadores que, como están «blindados» por la Constitución, no se pueden eliminar de golpe.
Unión Progreso y Democracia sostiene que el aforamiento es un «privilegio» poco compatible con la democracia, que, ademá, provoca importantes disfunciones en la labor de la Justicia y obstaculiza la lucha contra la corrupción política, dos verdades sin discusión, como lo demuestra el hecho de que en la mayoría de los países de nuestro entorno esa figura ya no existe o ha sido erradicada.
En concreto, proponía suprimir de la Ley del Poder Judicial las menciones a los aforamientos que corresponde tramitar al Tribunal Supremo, principalmente jueces y fiscales. Sólo quedarían, por tanto, los aforados que recoge la Constitución, que son los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, y ello es así porque no se puede cambiar su estatus «en tanto no se acometa la oportuna reforma constitucional».
UPyD aseguraba en la justificación de sus enmiendas que, en un Estado democrático, no tienen cabida «los privilegios», como ocurre con el caso de la figura del aforamiento. «No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país --añadía--. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros nuevos».
La existencia en España de mas aforados que en el resto de las grandes democracias del mundo es claramente una vergüenza que revela la verdadera naturaleza del sistema español, profundamente alejado de la democracia real y convertido en un refugio de políticos protegidos y con práctica impunidad, que ejercen el poder sin rendir cuentas a los ciudadanos y sin pagar por sus abusos, corrupciones y errores, un verdadero abuso intolerable que ha conducido al país hasta la ruina económica, al desprestigio internacional y a un escandaloso divorcio entre ciudadanos y políticos, separados por el rechazo y hasta por un odio creciente y altamente peligroso.
Fue una votación importante porque desveló ante los ciudadanos los verdaderos sentimientos de los distintos partidos, unos, como el PP, empeñados en convertir el Estado en una trinchera desde la que los políticos ejerzan el poder con la máxima impunidad y sin obstáculos, otros, como el PSOE, debatiéndose entre el autoritarismo, el desprecio a la democracia y la necesidad de cambiar para recuperar la confianza ciudadana que ha perdido, y otros muchos con miedo a perder los enormes privilegios que conlleva el ejercicio de la política en España, un país alejado de la verdadera democracia y dominado por una casta política que realmente practica una dictadura encubierta de partidos políticos.
Aprovechando esa reforma puntual de la Ley del Poder Judicial para adaptar a los profesionales de la Justicia a la racionalización del sector público, la misma que el PP ha usado para aforar a Don Juan Carlos y parte de la familia real tras su abdicación, UPyD registró dos enmiendas destinadas a empezar la supresión de aforados, de manera que sólo se quedaran, por el momento, los miembros del Gobierno y los diputados y senadores que, como están «blindados» por la Constitución, no se pueden eliminar de golpe.
Unión Progreso y Democracia sostiene que el aforamiento es un «privilegio» poco compatible con la democracia, que, ademá, provoca importantes disfunciones en la labor de la Justicia y obstaculiza la lucha contra la corrupción política, dos verdades sin discusión, como lo demuestra el hecho de que en la mayoría de los países de nuestro entorno esa figura ya no existe o ha sido erradicada.
En concreto, proponía suprimir de la Ley del Poder Judicial las menciones a los aforamientos que corresponde tramitar al Tribunal Supremo, principalmente jueces y fiscales. Sólo quedarían, por tanto, los aforados que recoge la Constitución, que son los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, y ello es así porque no se puede cambiar su estatus «en tanto no se acometa la oportuna reforma constitucional».
UPyD aseguraba en la justificación de sus enmiendas que, en un Estado democrático, no tienen cabida «los privilegios», como ocurre con el caso de la figura del aforamiento. «No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país --añadía--. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros nuevos».
La existencia en España de mas aforados que en el resto de las grandes democracias del mundo es claramente una vergüenza que revela la verdadera naturaleza del sistema español, profundamente alejado de la democracia real y convertido en un refugio de políticos protegidos y con práctica impunidad, que ejercen el poder sin rendir cuentas a los ciudadanos y sin pagar por sus abusos, corrupciones y errores, un verdadero abuso intolerable que ha conducido al país hasta la ruina económica, al desprestigio internacional y a un escandaloso divorcio entre ciudadanos y políticos, separados por el rechazo y hasta por un odio creciente y altamente peligroso.