Algún experto en derecho debería explicar a la presidenta de los andaluces que la protesta ciudadana contra el Impuesto de Sucesiones, no lo ha deslegitimado sino que únicamente ha desvelado y resaltado su pestilencia, injusticia y el abuso de poder que conlleva. Lo que ha ocurrido es que el clamor de los andaluces contra el impuesto lo ha desnudado ante la opinión pública, dañando y desprestigiando al gobierno socialista que lo ha aplicado sin piedad y con el máximo rigor.
Gracias a la protesta popular contra ese impuesto, ha quedado al descubierto una verdad que hace daño al poder: muchos profesionales, empresarios y familias enteras están huyendo de la Andalucía socialista porque se ha convertido en un infierno fiscal.
Lo que ella llama "deslegitimación" es sólo una "protesta cívica". Si, como ella parece sugerir, la legitimidad depende de la opinión pública, habría en la España actual decenas de actuaciones, leyes, normas y costumbres políticas ilegítimas e indecentes. Los ciudadanos, por ejemplo, están mayoritariamente en contra de la financiación de los partidos políticos con dinero de los impuestos, lo que, según Susana, convierte el ilegítima esa finaciación pública. Lo mismo ocurre con el castigo a los corruptos, que el pueblo quiere que sea mayor y que los ladrones no abandonen la cárcel hasta que no devuelvan el botín. Tampoco sería legítima la enorme deuda contraída por los gobiernos y rechazada por la mayoría del pueblo, como tampoco tendrían legitimidad el despilfarro, el amiguismo, el nepotismo, el enorme tamaño del Estado, la politización de la Justicia y el comportamiento de los políticos y de los partidos, a los que los ciudadanos, con mayoría abrumadora, rechazan y condenan en las encuestas.
El subconsciente parece haberle jugado una mala pasada a Susana porque declarar que algo queda "deslegitimado" porque la población lo rechace abre un camino nuevo en la inexistente democracia española, donde los políticos, de manera habitual, gobiernan y toman decisiones en contra de la voluntad popular. Lo que Susana ha querido decir es que ella y su partido sólo responden ante la protesta y el clamor del pueblo porque temen perder los votos necesarios para conservar el poder.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de cuya vigencia el máximo responsable no es Susana, sino Rajoy, porque es un impuesto nacional, es todo un ejemplo que revela la bajeza y la suciedad de la política española: es claramente contrario a la Constitución e injusto porque tributa por lo que ya ha tributado. Los expertos aconsejaron a Rajoy que lo eliminara y hasta Enrique Múgica, defensor del pueblo, lanzó contra ese tributo un demoledor ataque, pero Rajoy, sibilino y politicastro, lo cedió a las comunidades autónomas para que el desgaste de aplicar ese "Tributo a los Muertos" lo sufrieran los gobiernos socialistas, ya que los de derecha o lo suprimieron o lo redujeron.
Ese impuesto era ya ilegítimo desde que nació y lo fue más cuando se comprobó que violaba la Constitución y que causaba a las familias y a los negocios daños terribles. Muchos herederos renunciaban a sus herencias porque no podían pagar lo que los voraces y codiciosos gobiernos les exigían, mientras numerosos negocios familiares cerraban y familias enteras se arruinaban como consecuencia de ese impuesto.
La Junta de Andalucía, ante el ataque del pueblo, al que no está acostumbrado porque cree haber aborregado y sometido a la ciudadanía, mintió y engañó, lo que situó a esos políticos todavía más en la picota. Dijeron que ese impuesto sólo lo pagaban los ricos, cuando las estadísticas afirman que los ricos suelen eludirlo y que son las clases medias, los autónomos y los trabajadores que han sido capaces de ahorrar algo los que son demolidos y aplastados por ese tributo. La Junta gastó mucho dinero en campañas para defender el impuesto y colocó en sus páginas de internet un simulador que, para colmo, hacía trampas al calcular lo que los ciudadanos tenían que pagar. Por último, jamás aceptó algo que convertía en más sucio y vil ese impuesto, ya de por si miserable y cruel: que las valoraciones aplicadas a los bienes heredados elevaban artificialmente su valor sin otro fin que conseguir mas dinero para la Junta.
La "deslegitimación" del Impuesto de Sucesiones y su prometida supresión es todavía una "promesa" dudosa, que hasta la Asociación Stop Impuesto Sucesiones", cuyo liderazgo en la protesta ha sido ejemplar y brillante, no se cree porque, como dice, son muchas ya las promesas incumplidas por los políticos y los engaños perpetrados.
Tienen razón los incrédulos porque la lucha debe continuar hasta que esa vulgar y sucia injusticia quede eliminada. Tributar por los ahorros de nuestros mayores o porque ellos, creyéndo la propaganda oficial, compraron en su día un piso en la playa, es de una vileza que sólo es imaginable en la políica española y en algunos estados del mundo desprestigiados y cercanos a la opresión.
Lo que sí ha quedado demostrado con este asunto del Impuesto de Sucesiones, que se ha convertido en clamor y que ha logrado más de 150.000 firmas en cuatro meses, además de una intensa repercusión mediática, sobre todo por los casos de injusticias, dolor y abusos publicados de familias destrozadas y de personas "tocadas" por el abuso de poder, es que nuestra clase política española no está a la altura y que su déficit de conocimientos, sensatez, humanidad, democracia y decencia es terrible, casi insoportable para un país miembro de la Unión Europea y de ese Occidente que se hizo grande porque los sueños del pueblo se hicieron realidad en el pasado, sin papeleos, egoísmos, burocracias, corrupción e interferencias políticas.
Francisco Rubiales
Gracias a la protesta popular contra ese impuesto, ha quedado al descubierto una verdad que hace daño al poder: muchos profesionales, empresarios y familias enteras están huyendo de la Andalucía socialista porque se ha convertido en un infierno fiscal.
Lo que ella llama "deslegitimación" es sólo una "protesta cívica". Si, como ella parece sugerir, la legitimidad depende de la opinión pública, habría en la España actual decenas de actuaciones, leyes, normas y costumbres políticas ilegítimas e indecentes. Los ciudadanos, por ejemplo, están mayoritariamente en contra de la financiación de los partidos políticos con dinero de los impuestos, lo que, según Susana, convierte el ilegítima esa finaciación pública. Lo mismo ocurre con el castigo a los corruptos, que el pueblo quiere que sea mayor y que los ladrones no abandonen la cárcel hasta que no devuelvan el botín. Tampoco sería legítima la enorme deuda contraída por los gobiernos y rechazada por la mayoría del pueblo, como tampoco tendrían legitimidad el despilfarro, el amiguismo, el nepotismo, el enorme tamaño del Estado, la politización de la Justicia y el comportamiento de los políticos y de los partidos, a los que los ciudadanos, con mayoría abrumadora, rechazan y condenan en las encuestas.
El subconsciente parece haberle jugado una mala pasada a Susana porque declarar que algo queda "deslegitimado" porque la población lo rechace abre un camino nuevo en la inexistente democracia española, donde los políticos, de manera habitual, gobiernan y toman decisiones en contra de la voluntad popular. Lo que Susana ha querido decir es que ella y su partido sólo responden ante la protesta y el clamor del pueblo porque temen perder los votos necesarios para conservar el poder.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de cuya vigencia el máximo responsable no es Susana, sino Rajoy, porque es un impuesto nacional, es todo un ejemplo que revela la bajeza y la suciedad de la política española: es claramente contrario a la Constitución e injusto porque tributa por lo que ya ha tributado. Los expertos aconsejaron a Rajoy que lo eliminara y hasta Enrique Múgica, defensor del pueblo, lanzó contra ese tributo un demoledor ataque, pero Rajoy, sibilino y politicastro, lo cedió a las comunidades autónomas para que el desgaste de aplicar ese "Tributo a los Muertos" lo sufrieran los gobiernos socialistas, ya que los de derecha o lo suprimieron o lo redujeron.
Ese impuesto era ya ilegítimo desde que nació y lo fue más cuando se comprobó que violaba la Constitución y que causaba a las familias y a los negocios daños terribles. Muchos herederos renunciaban a sus herencias porque no podían pagar lo que los voraces y codiciosos gobiernos les exigían, mientras numerosos negocios familiares cerraban y familias enteras se arruinaban como consecuencia de ese impuesto.
La Junta de Andalucía, ante el ataque del pueblo, al que no está acostumbrado porque cree haber aborregado y sometido a la ciudadanía, mintió y engañó, lo que situó a esos políticos todavía más en la picota. Dijeron que ese impuesto sólo lo pagaban los ricos, cuando las estadísticas afirman que los ricos suelen eludirlo y que son las clases medias, los autónomos y los trabajadores que han sido capaces de ahorrar algo los que son demolidos y aplastados por ese tributo. La Junta gastó mucho dinero en campañas para defender el impuesto y colocó en sus páginas de internet un simulador que, para colmo, hacía trampas al calcular lo que los ciudadanos tenían que pagar. Por último, jamás aceptó algo que convertía en más sucio y vil ese impuesto, ya de por si miserable y cruel: que las valoraciones aplicadas a los bienes heredados elevaban artificialmente su valor sin otro fin que conseguir mas dinero para la Junta.
La "deslegitimación" del Impuesto de Sucesiones y su prometida supresión es todavía una "promesa" dudosa, que hasta la Asociación Stop Impuesto Sucesiones", cuyo liderazgo en la protesta ha sido ejemplar y brillante, no se cree porque, como dice, son muchas ya las promesas incumplidas por los políticos y los engaños perpetrados.
Tienen razón los incrédulos porque la lucha debe continuar hasta que esa vulgar y sucia injusticia quede eliminada. Tributar por los ahorros de nuestros mayores o porque ellos, creyéndo la propaganda oficial, compraron en su día un piso en la playa, es de una vileza que sólo es imaginable en la políica española y en algunos estados del mundo desprestigiados y cercanos a la opresión.
Lo que sí ha quedado demostrado con este asunto del Impuesto de Sucesiones, que se ha convertido en clamor y que ha logrado más de 150.000 firmas en cuatro meses, además de una intensa repercusión mediática, sobre todo por los casos de injusticias, dolor y abusos publicados de familias destrozadas y de personas "tocadas" por el abuso de poder, es que nuestra clase política española no está a la altura y que su déficit de conocimientos, sensatez, humanidad, democracia y decencia es terrible, casi insoportable para un país miembro de la Unión Europea y de ese Occidente que se hizo grande porque los sueños del pueblo se hicieron realidad en el pasado, sin papeleos, egoísmos, burocracias, corrupción e interferencias políticas.
Francisco Rubiales