Es terrible esa angustia acongojante de unos padres, que, de repente, sienten el zarpazo de la desaparición de su hija de cinco añitos y, al poco tiempo, en la herida de ese corazón ya destrozado, viene a clavarse la noticia de su muerte a mano de un vecino, miserable energúmeno, que decide disfrutarla y asesinarla. Todos los padres, hemos sufrido la congoja insostenible, bajo el interrogante de cómo se puede sufrir tamaño dolor, sin morir con ella, inerte, tan blanca y pequeñita.
El padre de Mari Luz, modelo de entereza, mesura y sensatez encomiables, afirmando que el Estado es responsable indirecto del asesinato, pide explicaciones a Zapatero por la muerte de su hija; "No es un derecho mío es una obligación de él". El Presidente del Gobierno, prometiéndole que se “depurarán las responsabilidades” y que se "llegará al fondo de la investigación", le dijo que un país como España "no se pueden permitir errores como éstos" y que el Gobierno no descarta establecer un registro de pederastas. Juan, padre de la pequeña, añadía, que hay que pensar en la “perpetua”, no “como castigo, sino con sentido preventivo”. Algo en lo que coincide Enrique López, portavoz del CGPJ, que aboga por el “establecimiento de la cadena perpetua con un régimen de revisiones judiciales cada cierto tiempo”.
Los ánimos están encendidos en el barrio, El Torrejón de Huelva. La tensión sube, se palpa su rugido por las esquinas de la capital onubense. El abuelo de la pequeña, Juan Cortés, ha advertido que no se hace “responsable de lo que pueda pasarle a la familia de esa alimaña", el ya detenido. La gente no comprende, cómo se dejó salir a la niña sola, pero, sobre todo, la causa de los clamorosos errores judiciales que mantuvieron en la calle al psicópata pederasta y le permitieron eludir la cárcel durante seis años, a pesar de estar condenado en varias ocasiones por abusos a menores y de presentarse dos veces al mes en un juzgado, mientras otro lo buscaba, para ordenar su ingreso en presión. La Justicia Española está quedando en entredicho.
El sistema judicial no funciona con soltura, ha fallado de forma trágica. Necesita una reforma urgente que le sustraiga la vieja pátina del pasado, dotarlo de los medios humanos y técnicos de una empresa moderna, con una red informática provista de base de datos interconectada entre los juzgados y de una efectiva independencia, propia y ajena a los tejemanejes de los partidos políticos. Errores siempre se cometen; pero, este cúmulo de incurias judiciales, rayanas en el desatino, no se pueden permitir. No es cuestión de buscar un chivo expiatorio para calmar la alarma social, ni de andar cargando de modo infantil las culpas en espaldas ajenas, ni mucho menos zafarse y sacudirse el polvo, como hace la Junta Andaluza y el ministro de Justicia, Bermejo, a quien, en boca de la Vicepresidenta De la Vega, 'esto, para nada, afecta al tal ministro'.
Es hora de entrar en conveniente y profunda reflexión, corregir trabas y errores, renovar el ordenamiento legal y entablar los cauces precisos, para evitar estas tragedias sucesivas de niños, así como el grito sangriento de mujeres que a diario son asesinadas o violadas. Los pederastas, violadores, maltratadotes y fanáticos del tiro en la nuca, ya se sabe, no tienen reinserción, está probada la reincidencia. La sociedad exige prevención y defensión; se pregunta por la razón del enredo de este sistema judicial transferido a las autonomías, del fallo del principio de reinserción en determinados casos, del desajuste entre las garantías del delincuente y el derecho de las víctimas y del sentido de las penas impuestas. Todo ello es de una capital importancia, superior a la estricta purga de la culpabilidad. Hay cuestiones de principal primacía que no se deben diluir en el entramado autonómico; la administración de Justicia, de Educación y Sanidad han de estar centralizadas, bajo la batuta del Estado; las consecuencias desastrosas están a la vista y frecuentemente denunciadas por los medios sociales y sufridas por la ciudadanía.
Camilo Valverde
El padre de Mari Luz, modelo de entereza, mesura y sensatez encomiables, afirmando que el Estado es responsable indirecto del asesinato, pide explicaciones a Zapatero por la muerte de su hija; "No es un derecho mío es una obligación de él". El Presidente del Gobierno, prometiéndole que se “depurarán las responsabilidades” y que se "llegará al fondo de la investigación", le dijo que un país como España "no se pueden permitir errores como éstos" y que el Gobierno no descarta establecer un registro de pederastas. Juan, padre de la pequeña, añadía, que hay que pensar en la “perpetua”, no “como castigo, sino con sentido preventivo”. Algo en lo que coincide Enrique López, portavoz del CGPJ, que aboga por el “establecimiento de la cadena perpetua con un régimen de revisiones judiciales cada cierto tiempo”.
Los ánimos están encendidos en el barrio, El Torrejón de Huelva. La tensión sube, se palpa su rugido por las esquinas de la capital onubense. El abuelo de la pequeña, Juan Cortés, ha advertido que no se hace “responsable de lo que pueda pasarle a la familia de esa alimaña", el ya detenido. La gente no comprende, cómo se dejó salir a la niña sola, pero, sobre todo, la causa de los clamorosos errores judiciales que mantuvieron en la calle al psicópata pederasta y le permitieron eludir la cárcel durante seis años, a pesar de estar condenado en varias ocasiones por abusos a menores y de presentarse dos veces al mes en un juzgado, mientras otro lo buscaba, para ordenar su ingreso en presión. La Justicia Española está quedando en entredicho.
El sistema judicial no funciona con soltura, ha fallado de forma trágica. Necesita una reforma urgente que le sustraiga la vieja pátina del pasado, dotarlo de los medios humanos y técnicos de una empresa moderna, con una red informática provista de base de datos interconectada entre los juzgados y de una efectiva independencia, propia y ajena a los tejemanejes de los partidos políticos. Errores siempre se cometen; pero, este cúmulo de incurias judiciales, rayanas en el desatino, no se pueden permitir. No es cuestión de buscar un chivo expiatorio para calmar la alarma social, ni de andar cargando de modo infantil las culpas en espaldas ajenas, ni mucho menos zafarse y sacudirse el polvo, como hace la Junta Andaluza y el ministro de Justicia, Bermejo, a quien, en boca de la Vicepresidenta De la Vega, 'esto, para nada, afecta al tal ministro'.
Es hora de entrar en conveniente y profunda reflexión, corregir trabas y errores, renovar el ordenamiento legal y entablar los cauces precisos, para evitar estas tragedias sucesivas de niños, así como el grito sangriento de mujeres que a diario son asesinadas o violadas. Los pederastas, violadores, maltratadotes y fanáticos del tiro en la nuca, ya se sabe, no tienen reinserción, está probada la reincidencia. La sociedad exige prevención y defensión; se pregunta por la razón del enredo de este sistema judicial transferido a las autonomías, del fallo del principio de reinserción en determinados casos, del desajuste entre las garantías del delincuente y el derecho de las víctimas y del sentido de las penas impuestas. Todo ello es de una capital importancia, superior a la estricta purga de la culpabilidad. Hay cuestiones de principal primacía que no se deben diluir en el entramado autonómico; la administración de Justicia, de Educación y Sanidad han de estar centralizadas, bajo la batuta del Estado; las consecuencias desastrosas están a la vista y frecuentemente denunciadas por los medios sociales y sufridas por la ciudadanía.
Camilo Valverde