El sistema autonómico español es una carga descomunal e insostenible; la denuncia del despilfarro autonómico y la necesidad de una revisión a fondo del modelo late en el pensamiento nacional. El PSOE elabora un plan «osado» para racionalizar el sistema vigente, cuyo objetivo es reducir gasto, evitar frenos a la actividad e impulsar el mercado interior, que incluiría la eliminación de organismos redundantes, la supresión de trabas al libre comercio y algunas medidas del control de gasto. El PP plantea un pacto de Estado para suprimir este modelo y devolver las competencias al Gobierno de Madrid de donde no bebieron salir; España no puede sostener diecisiete instituciones autonómicas, que hacen las mismas cosas; el modelo se considera «agotado». Aznar ha afirmado que la actual estructura financiera del Estado «es absolutamente inviable» y alerta del peligro no ya político, sino económico, que entraña la «debilidad» del Estado, que, tiene que ser en alguna medida reformado», no sólo «en cuanto al gasto», sino también a las funciones y duplicidades. La deuda acumulada de las comunidades autónomas ha crecido a un ritmo anual por encima de lo posible, no hace falta ser economista, para darse cuenta de que esta tendencia lleva a la quiebra del Estado Español. Montilla ha dejado Cataluña con una deuda de más de 40.000 millones de €; ello corrobora que la respuesta a la recesión de las entidades territoriales ha sido gastar mucho más dinero de lo posible, incrementando su deuda.
La idea la han expresado también decenas de expertos en el informe de la Fundación Everis que aporta datos demoledores, referentes a la inviabilidad del actual modelo. Se hacen propuestas varias: Agrupar comunidades autónomas para mejorar la efectividad de las administraciones regionales; reducir el número de ayuntamientos, eliminando los pequeños y agrupándolos en localidades grandes; disminuir en las comunidades los gastos, el número de funcionarios a los puestos imprescindibles y las competencias superpuestas entre las administraciones y evitar ineficiencias e inconsistencias. Recuperar la unidad de mercado para favorecer la actividad de las empresas; diecisiete parlamentos legislando producen tal inseguridad jurídica, que «uno no sabe, por muchos servicios jurídicos que tenga, cuál es la normativa aplicable»; el aparato administrativo español está sobredimensionado. Introducir mecanismos de control en las finanzas públicas para evitar que se dispare el déficit es una evidencia que ya nadie puede negar a la luz de las ruinosas cuentas públicas.Es perentorio suscitar el aumento de la productividad española.
Los partidos políticos han de afrontar la realidad sin complejos, están llamados a resolver la crisis económica más honda de nuestra Historia Contemporánea y a corregir la Constitución en ciertos asuntos; es fundamental acabar con el despilfarro público, agravado por el descontrol central y, principalmente, por el Estado de las Autonomías, que ha concluido su misión,«ha tocado ya techo», no se debieron transferir nunca las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Economía y Hacienda. Se trata de una idea razonable, llevada a cabo en Alemania hace pocos años; resulta evidente que España necesita en estos momentos algo más que retoques del modelo, bulle en el Ejecutivo, la conciencia de la extraordinaria gravedad del problema. España no pede mantener la actual maquinaria de gasto de las autonomías a un ritmo frenético.
Mucho más urgente que retrasar la edad de jubilación o modificar la negociación colectiva es acometer la reducción del astronómico despilfarro autonómico que lastra la recuperación de la economía. El diagnóstico está muy claro, pero, ¿cómo y quién lo acomete? «No puede haber una mayoría relativa en las próximas elecciones, dice Aznar, porque el próximo Gobierno de España va a tener que «cambiar las cosas», cosas tan importantes que no puede estar entretenido en negociaciones de menor cuantía, en conflictos territoriales o en pequeñas rencillas de ventajas de pequeños partidos nacionalistas, si quiere afrontar realmente la dimensión política, económica, social e internacional de la crisis de España».
C. Mudarra
La idea la han expresado también decenas de expertos en el informe de la Fundación Everis que aporta datos demoledores, referentes a la inviabilidad del actual modelo. Se hacen propuestas varias: Agrupar comunidades autónomas para mejorar la efectividad de las administraciones regionales; reducir el número de ayuntamientos, eliminando los pequeños y agrupándolos en localidades grandes; disminuir en las comunidades los gastos, el número de funcionarios a los puestos imprescindibles y las competencias superpuestas entre las administraciones y evitar ineficiencias e inconsistencias. Recuperar la unidad de mercado para favorecer la actividad de las empresas; diecisiete parlamentos legislando producen tal inseguridad jurídica, que «uno no sabe, por muchos servicios jurídicos que tenga, cuál es la normativa aplicable»; el aparato administrativo español está sobredimensionado. Introducir mecanismos de control en las finanzas públicas para evitar que se dispare el déficit es una evidencia que ya nadie puede negar a la luz de las ruinosas cuentas públicas.Es perentorio suscitar el aumento de la productividad española.
Los partidos políticos han de afrontar la realidad sin complejos, están llamados a resolver la crisis económica más honda de nuestra Historia Contemporánea y a corregir la Constitución en ciertos asuntos; es fundamental acabar con el despilfarro público, agravado por el descontrol central y, principalmente, por el Estado de las Autonomías, que ha concluido su misión,«ha tocado ya techo», no se debieron transferir nunca las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Economía y Hacienda. Se trata de una idea razonable, llevada a cabo en Alemania hace pocos años; resulta evidente que España necesita en estos momentos algo más que retoques del modelo, bulle en el Ejecutivo, la conciencia de la extraordinaria gravedad del problema. España no pede mantener la actual maquinaria de gasto de las autonomías a un ritmo frenético.
Mucho más urgente que retrasar la edad de jubilación o modificar la negociación colectiva es acometer la reducción del astronómico despilfarro autonómico que lastra la recuperación de la economía. El diagnóstico está muy claro, pero, ¿cómo y quién lo acomete? «No puede haber una mayoría relativa en las próximas elecciones, dice Aznar, porque el próximo Gobierno de España va a tener que «cambiar las cosas», cosas tan importantes que no puede estar entretenido en negociaciones de menor cuantía, en conflictos territoriales o en pequeñas rencillas de ventajas de pequeños partidos nacionalistas, si quiere afrontar realmente la dimensión política, económica, social e internacional de la crisis de España».
C. Mudarra