Estamos asistiendo estos días al destape encadenado de escándalos urbanísticos relacionados con los campos de golf y las macro-promociones de viviendas. Es una historia tristemente repetida donde la corrupción y el ladrillo van de la mano. Una corriente que ha logrado instalarse en todos los rincones del país y que aunque continúa con su avance imparable, ha tropezado con un fenómeno nuevo: la protesta ciudadana. Así hemos podido presenciar distintas movilizaciones contra un tipo de construcción que arrasa incluso con lugares protegidos, pasando, si es necesario, por encima de sentencias judiciales.
Como ciudadano-espectador de este tipo de depredación, aprovecho los medios de difusión a mi alcance para poner en conocimiento general la situación a la que se enfrenta el Bajo Guadiana, un paraje para muchos desconocido y único en su serie. El Bajo Guadiana lo constituyen más de 30 km navegables enclavados en una región que se caracteriza por la ausencia de la invasión urbanística y de la explotación de sus acuíferos, habiéndose mantenido en estado casi natural hasta nuestros días. No sólo en sus orillas sino en muchos kilómetros tierra adentro no se hallan más que pequeñas poblaciones y alguna casa salpicando el paisaje. La conservación de un cauce fluvial en este estado es algo tan extraordinario que no existe ejemplo igual no solo en España y Portugal sino en el resto de Europa. Es decir, que hasta hoy poseemos algo que nadie más ostenta en nuestro continente.
Estas características lo hacen propicio para iniciar un proceso que lo convierta en zona protegida y que certifique su exclusividad. Sin embargo dicha vertiente se viene al traste tras la amenaza inminente de la explotación urbanística de sus orillas y su entorno.
Hasta 12 campos de golf equipados cada uno con miles de plazas entre hoteles y viviendas es el triste balance al que pretendían condenar su recorrido. Y digo pretendían porque dicha ambición ha topado con la oposición, no sabemos si definitiva y total, de la Junta de Andalucía. Y es que mientras se paralizan construcciones que se encontraban en ejecución o en proyecto por carecer de soporte legal, se redactan Planes de Ordenación Urbana tras cuya aprobación podrían llevarse a cabo ese mismo tipo de urbanizaciones a gran escala.
Lugares como el Bajo Guadiana deberían ser patrimonios universales y no quedar en manos de cada municipio. Se ha hablado por ello en las últimas semanas de la conveniencia de mantener o no ciertas atribuciones concedidas a los Ayuntamientos, pero parece que necesitamos varios cientos más de escándalos para cambiar el modo en el que se está gestionando el suelo en nuestro país. Demostrado ha quedado ya que los pequeños municipios con sus alcaldes a la cabeza son presa más que fácil para las grandes promotoras. Algo debe estar funcionando mal en un sistema en el que primero se compran los terrenos y luego se realiza la recalificación de los mismos. Tanto es así que una vez que un gran inversor adquiere una parte de nuestra tierra su recalificación es inminente. Comienza entonces la danza de argumentos repetidos y se escuchan en procesión constante las palabras mágicas: “progreso”, “puestos de trabajo”, “riqueza”. Llega a parecer que estos promotores vengan con los bolsillos llenos a vaciarlos en la puerta de nuestras casas en un arranque de infinita generosidad y se inicia un proceso repetido que además hasta el momento, había carecido prácticamente de oposición política.
Un análisis más profundo de la situación lleva sin embargo a conclusiones diferentes. En primer lugar es un hecho que se están construyendo viviendas y campos de golf por encima de la demanda, lo que nos coloca en una peligrosa situación de cara al futuro. En segundo lugar este tipo de progreso que supone un enriquecimiento fácil a corto plazo, es a la larga una hipoteca que se prevé difícil de cancelar para ayuntamientos de tan pequeñas dimensiones. Y es que aunque en principio se reciben cifras millonarias en forma de licencias de obras, este tipo de viviendas se ocupan apenas 40 o 50 días al año y sin embargo sus municipios tendrán que costear 365 días de mantenimiento y prestación de servicios a unas zonas que son infinitamente más caras de mantener que las poblaciones originales. Conlleva esto como ya sucediera en la mayor parte de la costa española, a una inevitable subida de impuestos y una perdida de poder adquisitivo para los nativos. A cambio se crean puestos de trabajo no tan numerosos y de dudosa calidad con sueldos que suelen rozar los mínimos. Parece este sistema una triste versión contemporánea de los latifundios del pasado donde seguimos siendo los jornaleros de siempre y donde los grandes señores ahora con apellidos S.A. acumulan capitales multimillonarios que con demasiada frecuencia se desvían a países extranjeros.
Existe sin embargo otro tipo de progreso que pasa por la estimulación de la iniciativa privada y la potenciación de un turismo que es cada vez más demandado. Es posible y viable la creación de una red de pequeños negocios gestionados por los habitantes de cada municipio que se traduciría en una oferta sostenible, con una mayor ocupación anual y que atraería al tan anhelado turismo de calidad. Cada año aumenta el número de turistas que rechazan las zonas masificadas en busca de lugares exclusivos. Un área como el Bajo Guadiana es el sueño de este tipo turismo creciente y la protección de la zona no supone su estancamiento sino muy al contrario una garantía de futuro. Se trata de una fórmula que además evita la destrucción sistemática del medio y convierte a los ciudadanos en propietarios del progreso.
Ahora bien ¿están nuestras instituciones dispuestas para trabajar en esta vía desechando la tentación del dinero fácil? ¿Está la clase política al servicio de la mayoría de sus votantes y no de las grandes promotoras? ¿Está el sistema definitivamente preparado para velar por las regiones que por su contenido paisajístico y medioambiental debieran ser patrimonio universal? ¿O debemos los ciudadanos constituirnos constantemente en plataformas de protesta para evitar que se produzca el expolio incontrolado de nuestras riquezas?.
Inmaculada Montes Martín.
Arquitecto Técnico.
Como ciudadano-espectador de este tipo de depredación, aprovecho los medios de difusión a mi alcance para poner en conocimiento general la situación a la que se enfrenta el Bajo Guadiana, un paraje para muchos desconocido y único en su serie. El Bajo Guadiana lo constituyen más de 30 km navegables enclavados en una región que se caracteriza por la ausencia de la invasión urbanística y de la explotación de sus acuíferos, habiéndose mantenido en estado casi natural hasta nuestros días. No sólo en sus orillas sino en muchos kilómetros tierra adentro no se hallan más que pequeñas poblaciones y alguna casa salpicando el paisaje. La conservación de un cauce fluvial en este estado es algo tan extraordinario que no existe ejemplo igual no solo en España y Portugal sino en el resto de Europa. Es decir, que hasta hoy poseemos algo que nadie más ostenta en nuestro continente.
Estas características lo hacen propicio para iniciar un proceso que lo convierta en zona protegida y que certifique su exclusividad. Sin embargo dicha vertiente se viene al traste tras la amenaza inminente de la explotación urbanística de sus orillas y su entorno.
Hasta 12 campos de golf equipados cada uno con miles de plazas entre hoteles y viviendas es el triste balance al que pretendían condenar su recorrido. Y digo pretendían porque dicha ambición ha topado con la oposición, no sabemos si definitiva y total, de la Junta de Andalucía. Y es que mientras se paralizan construcciones que se encontraban en ejecución o en proyecto por carecer de soporte legal, se redactan Planes de Ordenación Urbana tras cuya aprobación podrían llevarse a cabo ese mismo tipo de urbanizaciones a gran escala.
Lugares como el Bajo Guadiana deberían ser patrimonios universales y no quedar en manos de cada municipio. Se ha hablado por ello en las últimas semanas de la conveniencia de mantener o no ciertas atribuciones concedidas a los Ayuntamientos, pero parece que necesitamos varios cientos más de escándalos para cambiar el modo en el que se está gestionando el suelo en nuestro país. Demostrado ha quedado ya que los pequeños municipios con sus alcaldes a la cabeza son presa más que fácil para las grandes promotoras. Algo debe estar funcionando mal en un sistema en el que primero se compran los terrenos y luego se realiza la recalificación de los mismos. Tanto es así que una vez que un gran inversor adquiere una parte de nuestra tierra su recalificación es inminente. Comienza entonces la danza de argumentos repetidos y se escuchan en procesión constante las palabras mágicas: “progreso”, “puestos de trabajo”, “riqueza”. Llega a parecer que estos promotores vengan con los bolsillos llenos a vaciarlos en la puerta de nuestras casas en un arranque de infinita generosidad y se inicia un proceso repetido que además hasta el momento, había carecido prácticamente de oposición política.
Un análisis más profundo de la situación lleva sin embargo a conclusiones diferentes. En primer lugar es un hecho que se están construyendo viviendas y campos de golf por encima de la demanda, lo que nos coloca en una peligrosa situación de cara al futuro. En segundo lugar este tipo de progreso que supone un enriquecimiento fácil a corto plazo, es a la larga una hipoteca que se prevé difícil de cancelar para ayuntamientos de tan pequeñas dimensiones. Y es que aunque en principio se reciben cifras millonarias en forma de licencias de obras, este tipo de viviendas se ocupan apenas 40 o 50 días al año y sin embargo sus municipios tendrán que costear 365 días de mantenimiento y prestación de servicios a unas zonas que son infinitamente más caras de mantener que las poblaciones originales. Conlleva esto como ya sucediera en la mayor parte de la costa española, a una inevitable subida de impuestos y una perdida de poder adquisitivo para los nativos. A cambio se crean puestos de trabajo no tan numerosos y de dudosa calidad con sueldos que suelen rozar los mínimos. Parece este sistema una triste versión contemporánea de los latifundios del pasado donde seguimos siendo los jornaleros de siempre y donde los grandes señores ahora con apellidos S.A. acumulan capitales multimillonarios que con demasiada frecuencia se desvían a países extranjeros.
Existe sin embargo otro tipo de progreso que pasa por la estimulación de la iniciativa privada y la potenciación de un turismo que es cada vez más demandado. Es posible y viable la creación de una red de pequeños negocios gestionados por los habitantes de cada municipio que se traduciría en una oferta sostenible, con una mayor ocupación anual y que atraería al tan anhelado turismo de calidad. Cada año aumenta el número de turistas que rechazan las zonas masificadas en busca de lugares exclusivos. Un área como el Bajo Guadiana es el sueño de este tipo turismo creciente y la protección de la zona no supone su estancamiento sino muy al contrario una garantía de futuro. Se trata de una fórmula que además evita la destrucción sistemática del medio y convierte a los ciudadanos en propietarios del progreso.
Ahora bien ¿están nuestras instituciones dispuestas para trabajar en esta vía desechando la tentación del dinero fácil? ¿Está la clase política al servicio de la mayoría de sus votantes y no de las grandes promotoras? ¿Está el sistema definitivamente preparado para velar por las regiones que por su contenido paisajístico y medioambiental debieran ser patrimonio universal? ¿O debemos los ciudadanos constituirnos constantemente en plataformas de protesta para evitar que se produzca el expolio incontrolado de nuestras riquezas?.
Inmaculada Montes Martín.
Arquitecto Técnico.