Se equivocan los que creen que todos los esfuerzos por recuperar la memoria histórica que despliegan el gobierno de Zapatero, el PSOE, IU y sus aliados nacionalistas tienen sólo motivaciones políticas y sentimentales. No hay tanto revanchismo como parece, porque detrás de esa mirada al pasado se esconde, sobre todo, dinero abundante y la insaciable avaricia de los partidos políticos.
En realidad, más que romper el consenso alcanzado en la Transición o restituir el orgullo de los que perdieron la Guerra Civil, lo que se pretende con la ley de memoria histórica es seguir recuperando patrimonio histórico y llenando las arcas de los partidos políticos perdedores, que ya han recuperado más de 27 millones de euros como compensación por el patrimonio incautado.
El reciente acuerdo alcanzado con IU para declarar ilegítimos los tribunales y juicios franquistas, en realidad un acuerdo de mínimos que no satisface a los más revanchistas de la izquierda aliada de Zapatero, se ha logrado gracias a un acuedo económico paralelo. El pasado mes de marzo, a propuesta de Ezquerra y con el apoyo de IU y los grupos nacionalistas, el PSOE reabrió otra ley, la de "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939", una via que fue abierta en 1998 para que los partidos recibieran compensaciones económicas, pero que había quedado agotada porque era demasiado exigente, después de que los partidos recuperasen más de 27 millones de euros.
La ley no daba más de si porque exigia a los partidos pruebas fehacientes del patrimonio incautado, como escrituras, contratos, anotaciones en los registros o pruebas de la incautación. Pero esa ley será "suavizada" para que los partidos sigan recibiendo compensaciones y ahora bastará con presentar "testimonios actuales o de la época", "presunciones de titularidad de derechos" o simple "material gráfico" (fotos), una vía que permitirá a los partidos de izquierda existentes en la guerra cobrar millones de euros más.
Hasta hoy, por la vía jurídica normal de aportar pruebas documentales, el PSOE había logrado 10.8 millones de euros, el PNV 10.4, Izquierda Republicana 3 millones, ERC 1.76, los comunistas 1 millón y el PSUC poco más de 500.000 euros.
Nadie sabe hasta que punto será exigente el Estado en ese ámbito tan confuso de los "testimonios" ¿Bastara con jurar que se tenían 20 locales alquilados cuando terminó la guerra? ¿Será suficiente presentar la foto de un dirigente entrando en un edificio para que sea abonada la compensación?.
Los partidos políticos, cada día más poderosos y con burocracias y estructuras cada vez más pesadas y costosas, son maquinarias insaciables en materia de dinero. Recientemente han conseguido aprobar un incremento del 20 por ciento en las subvenciones que reciben, pero eso les resulta insuficiente. Como les da vergüenza aprobar más privilegios y ventajas para la "partitocracia" en los parlamentos, ante la vista de una ciudadanía a la que cada mes le cuesta más vivir con el sueldo, recurren a otras vías, como la de la recuperación del patrimonio incautado por los vencedores de la guerra civil o la de permitir legalmente a las cajas de ahorro la condonación de las deudas de los partidos polítiicos.
Izquierda Unida, por ejemplo, con tres diputados en el Congreso, tiene una deuda "visible" con las cajas de 8.4 millones de euros. Pero las deudas reales de los partidos, seguramente imposibles de cuantificar con precisión, deben ser monstruosas.
Ahora tal vez pruedan reducirlas con la ayuda de testimonios y fotos.
En realidad, más que romper el consenso alcanzado en la Transición o restituir el orgullo de los que perdieron la Guerra Civil, lo que se pretende con la ley de memoria histórica es seguir recuperando patrimonio histórico y llenando las arcas de los partidos políticos perdedores, que ya han recuperado más de 27 millones de euros como compensación por el patrimonio incautado.
El reciente acuerdo alcanzado con IU para declarar ilegítimos los tribunales y juicios franquistas, en realidad un acuerdo de mínimos que no satisface a los más revanchistas de la izquierda aliada de Zapatero, se ha logrado gracias a un acuedo económico paralelo. El pasado mes de marzo, a propuesta de Ezquerra y con el apoyo de IU y los grupos nacionalistas, el PSOE reabrió otra ley, la de "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939", una via que fue abierta en 1998 para que los partidos recibieran compensaciones económicas, pero que había quedado agotada porque era demasiado exigente, después de que los partidos recuperasen más de 27 millones de euros.
La ley no daba más de si porque exigia a los partidos pruebas fehacientes del patrimonio incautado, como escrituras, contratos, anotaciones en los registros o pruebas de la incautación. Pero esa ley será "suavizada" para que los partidos sigan recibiendo compensaciones y ahora bastará con presentar "testimonios actuales o de la época", "presunciones de titularidad de derechos" o simple "material gráfico" (fotos), una vía que permitirá a los partidos de izquierda existentes en la guerra cobrar millones de euros más.
Hasta hoy, por la vía jurídica normal de aportar pruebas documentales, el PSOE había logrado 10.8 millones de euros, el PNV 10.4, Izquierda Republicana 3 millones, ERC 1.76, los comunistas 1 millón y el PSUC poco más de 500.000 euros.
Nadie sabe hasta que punto será exigente el Estado en ese ámbito tan confuso de los "testimonios" ¿Bastara con jurar que se tenían 20 locales alquilados cuando terminó la guerra? ¿Será suficiente presentar la foto de un dirigente entrando en un edificio para que sea abonada la compensación?.
Los partidos políticos, cada día más poderosos y con burocracias y estructuras cada vez más pesadas y costosas, son maquinarias insaciables en materia de dinero. Recientemente han conseguido aprobar un incremento del 20 por ciento en las subvenciones que reciben, pero eso les resulta insuficiente. Como les da vergüenza aprobar más privilegios y ventajas para la "partitocracia" en los parlamentos, ante la vista de una ciudadanía a la que cada mes le cuesta más vivir con el sueldo, recurren a otras vías, como la de la recuperación del patrimonio incautado por los vencedores de la guerra civil o la de permitir legalmente a las cajas de ahorro la condonación de las deudas de los partidos polítiicos.
Izquierda Unida, por ejemplo, con tres diputados en el Congreso, tiene una deuda "visible" con las cajas de 8.4 millones de euros. Pero las deudas reales de los partidos, seguramente imposibles de cuantificar con precisión, deben ser monstruosas.
Ahora tal vez pruedan reducirlas con la ayuda de testimonios y fotos.