El documento no tiene desperdicio. De hecho, es el ataque más demoledor contra el funcionamiento de la Hacienda pública que se recuerda. Lo firman 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario reunidos este viernes en Granada para aprobar un manifiesto en el que se dice, entre otras cosas, que la Administración tributaria “no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”.
Es más, según la llamada 'Declaración de Granada', en España no solo no se garantiza la presunción de inocencia a efectos fiscales sino que, además, es el propio Estado el que favorece la desigualdad tributaria porque se incumple el mandato constitucional que obliga a contribuir en función de la capacidad económica de los contribuyentes.
Para los firmantes de la declaración, la separación de los procedimientos de liquidación y sancionador es más formal que real, mientras que se está produciendo un inquietante deterioro del principio de seguridad jurídica. Máxime cuando la estructura territorial del Estado favorece, según los autores del manifiesto, la existencia de un cantonalismo fiscal. Lo cual es más preocupante, sostienen, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen amplia capacidad para gastar, pero sus competencias para recaudar son muy limitadas, lo que ha generado enormes deficiencias desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos. Hasta el punto de que la deuda pública roza ya el 100% del PIB.
Este ataque demoledor contra una Hacienda española, a la que se le señala como una organización sin piedad ni respeto al ciudadano y a los valores democráticos, coincide con lo que nosotros hemos denunciado desde hace años en nuestra lucha contra injusticias y abusos. Las consecuencia de esa política errónea están a la vista: endeudamiento, expolio al ciudadano y un gobierno insensible, que renuncia al ahorro y prefiere meter las manos en los bolsillos del contribuyente, sin piedad.
El miedo al castigo es lo único que hace que paguemos y el cobro de tributos injustos, odiosos y dudosamente constitucionales, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, rodeado de injusticias e irregularidades, es uno de esos abusos inadmisibles en democracia.
Nos entristece que nuestros políticos sean así de desalmados, pero nos alegra que personas con criterio, como esos 35 catedráticos, se sumen a la crítica contra el mal gobierno en España.
Son los mismos argumentos que muchos demócratas utilizamos desde hace años y un respaldo de gran valor para la lucha contra la España injusta que construyen desde sus gobiernos el PSOE y el PP. El documento demuestra también que cada vez son mas las voces que se alzan desde todos los ámbitos contra tanto abuso de poder, lanzadas por personas indignadas por la insensibilidad y el abuso de los que se preocupan, sobre todo, de sus prebendas y del mantenimiento del poder a toda costa.
Es más, según la llamada 'Declaración de Granada', en España no solo no se garantiza la presunción de inocencia a efectos fiscales sino que, además, es el propio Estado el que favorece la desigualdad tributaria porque se incumple el mandato constitucional que obliga a contribuir en función de la capacidad económica de los contribuyentes.
Para los firmantes de la declaración, la separación de los procedimientos de liquidación y sancionador es más formal que real, mientras que se está produciendo un inquietante deterioro del principio de seguridad jurídica. Máxime cuando la estructura territorial del Estado favorece, según los autores del manifiesto, la existencia de un cantonalismo fiscal. Lo cual es más preocupante, sostienen, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen amplia capacidad para gastar, pero sus competencias para recaudar son muy limitadas, lo que ha generado enormes deficiencias desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos. Hasta el punto de que la deuda pública roza ya el 100% del PIB.
Este ataque demoledor contra una Hacienda española, a la que se le señala como una organización sin piedad ni respeto al ciudadano y a los valores democráticos, coincide con lo que nosotros hemos denunciado desde hace años en nuestra lucha contra injusticias y abusos. Las consecuencia de esa política errónea están a la vista: endeudamiento, expolio al ciudadano y un gobierno insensible, que renuncia al ahorro y prefiere meter las manos en los bolsillos del contribuyente, sin piedad.
El miedo al castigo es lo único que hace que paguemos y el cobro de tributos injustos, odiosos y dudosamente constitucionales, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, rodeado de injusticias e irregularidades, es uno de esos abusos inadmisibles en democracia.
Nos entristece que nuestros políticos sean así de desalmados, pero nos alegra que personas con criterio, como esos 35 catedráticos, se sumen a la crítica contra el mal gobierno en España.
Son los mismos argumentos que muchos demócratas utilizamos desde hace años y un respaldo de gran valor para la lucha contra la España injusta que construyen desde sus gobiernos el PSOE y el PP. El documento demuestra también que cada vez son mas las voces que se alzan desde todos los ámbitos contra tanto abuso de poder, lanzadas por personas indignadas por la insensibilidad y el abuso de los que se preocupan, sobre todo, de sus prebendas y del mantenimiento del poder a toda costa.