El desahucio ha venido a hacerse cotidiano, porque los banqueros mandan, sin miramientos, a poner en la intemperie a familias en dificultades y con niños. Las gentes claman misericordia y amparo en la impotencia, la indefensión y desesperación. El desahucio de la vivienda es la muerte civil. La tragedia llega a ser un impulsor de los procesos de cambio histórico.
La severa crisis económica y la proliferación de los desahucios han puesto en consideración el estridente y pavoroso rostro de un hecho delirante que nos atenaza con frecuencia: El suicidio. En los momentos, en que el hipotecado oye los pasos del cortejo judicial que se acerca a la puerta, para echarlo de su casa, transido de temor, en su mente, revolotea el terrible zarpazo del suicidio, viéndose en la calle, sin solución para defender su hogar y sin asidero alguno. Se sienten faltos de comprensión, de piedad, ayuda, afecto y humanidad.
Instituciones de derecho privado tan firmes como la hipoteca pueden verse afectadas por penurias graves de la vida que impiden, a pesar de la buena intención, el cumplimiento del pago contraído. Pero he aquí que la presión social ha obligado a detener los desahucios y a emprender la reforma del derecho hipotecario, que, aquí, adolece de irregularidades y criterios injustos. Al respecto, los hechos han venido a poner de relieve que el derecho ha de ser flexible en el marco de los márgenes de la razón superior. Se han desmoronado todos los arreglos, la moderación, y la salvaguarda jurídica del hipotecado sin recurso ninguno; no es admisible manejar la expropiación del hogar como una diligencia administrativa.
Hoy sentimos abrirse la esperanza cuando el Gobierno se reúne con la Oposición y, a duras penas, han arbitrado una solución, aunque, al parecer, de débil alcance; han respondido así a instancias que habían expresado su preocupación: El sindicato de policía rechazaba la ejecución del desahucio, los jueces españoles se negaban a trabajar con normas y leyes faltas y obsoletas que los reducen a meros ejecutores, no se tienen por hacedores de la inhumanidad de los bancos y ello es alentador, creen que “la justicia ha de encabezar el discurso público contra la crisis.
El ejecutivo estima que el margen para las reformas es reducido, salvo que se entable una crisis en el sistema bancario, piensa paralizar la expulsión de las familias más desprotegidas, ampliar el sector de aplicación del Código de las Buenas Prácticas, detener el proceso en condiciones de alta precariedad y suscita la paralización de los desahucios, mientras entra en vigor la nueva normativa; por su parte, el socialismo propone establecer la reforma del mercado hipotecario, para mejorar a los deudores, limitando así el beneficio de la banca. Debemos añadir aquí, que habría también que aplicar retroactivamente la nueva norma y devolver la casa a los que ya han quedado en la calle.
La Patronal Bancaria ha decidido paralizar las ejecuciones hipotecarias durante dos años para las familias que se encuentren en situación extrema. En todo este asunto, han pecado dos partes, por un lado los bancos y por otro la gente; el banco al ofrecer y casi instar a tomar los prestamos alegremente y la gente que ha puesto la mano sin reparo, firmando hipotecas irreflexivamente, era gente que se creía con derechos, pero no con deberes, que todo era Jauja y vacas gordas, no pensaron que había que pagar y que la prosperidad reside en los propios actos, en vivir con mesura en el marco de las propias posibilidades en el esfuerzo y el trabajo. El Código Civil establece el principio de responsabilidad universal en términos de que del “cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”; es evidente que tanto el dador como el tomador del préstamo, a veces, se condujeron a la ligera, de modo temerario, sin la prudencia que exige la incertidumbre del futuro.
Hay que evitar echar a la calle a familias en circunstancias extremas. No obstante, “actualmente la banca -dice C. García-Abadillo- tiene prestados 800.000 millones para viviendas, si se dejaran de pagar las hipotecas, resulta que todas las medidas, que se han tomado para sanear el sistema financiero, no serviría para nada, sería como una bomba atómica para el sector… Las pérdidas de las entidades serían fatales y afectarían a la financiación, lo que supondría el colapso del sistema”
La reforma requiere la modificación legislativa que asegure la materialización las causas de extrema necesidad que, en el futuro, impidan la ejecución de las deudas hipotecarias y, a la vez, exige precisión y claridad para salvar y defender el mercado hipotecario en el porvenir.
C. Mudarra
La severa crisis económica y la proliferación de los desahucios han puesto en consideración el estridente y pavoroso rostro de un hecho delirante que nos atenaza con frecuencia: El suicidio. En los momentos, en que el hipotecado oye los pasos del cortejo judicial que se acerca a la puerta, para echarlo de su casa, transido de temor, en su mente, revolotea el terrible zarpazo del suicidio, viéndose en la calle, sin solución para defender su hogar y sin asidero alguno. Se sienten faltos de comprensión, de piedad, ayuda, afecto y humanidad.
Instituciones de derecho privado tan firmes como la hipoteca pueden verse afectadas por penurias graves de la vida que impiden, a pesar de la buena intención, el cumplimiento del pago contraído. Pero he aquí que la presión social ha obligado a detener los desahucios y a emprender la reforma del derecho hipotecario, que, aquí, adolece de irregularidades y criterios injustos. Al respecto, los hechos han venido a poner de relieve que el derecho ha de ser flexible en el marco de los márgenes de la razón superior. Se han desmoronado todos los arreglos, la moderación, y la salvaguarda jurídica del hipotecado sin recurso ninguno; no es admisible manejar la expropiación del hogar como una diligencia administrativa.
Hoy sentimos abrirse la esperanza cuando el Gobierno se reúne con la Oposición y, a duras penas, han arbitrado una solución, aunque, al parecer, de débil alcance; han respondido así a instancias que habían expresado su preocupación: El sindicato de policía rechazaba la ejecución del desahucio, los jueces españoles se negaban a trabajar con normas y leyes faltas y obsoletas que los reducen a meros ejecutores, no se tienen por hacedores de la inhumanidad de los bancos y ello es alentador, creen que “la justicia ha de encabezar el discurso público contra la crisis.
El ejecutivo estima que el margen para las reformas es reducido, salvo que se entable una crisis en el sistema bancario, piensa paralizar la expulsión de las familias más desprotegidas, ampliar el sector de aplicación del Código de las Buenas Prácticas, detener el proceso en condiciones de alta precariedad y suscita la paralización de los desahucios, mientras entra en vigor la nueva normativa; por su parte, el socialismo propone establecer la reforma del mercado hipotecario, para mejorar a los deudores, limitando así el beneficio de la banca. Debemos añadir aquí, que habría también que aplicar retroactivamente la nueva norma y devolver la casa a los que ya han quedado en la calle.
La Patronal Bancaria ha decidido paralizar las ejecuciones hipotecarias durante dos años para las familias que se encuentren en situación extrema. En todo este asunto, han pecado dos partes, por un lado los bancos y por otro la gente; el banco al ofrecer y casi instar a tomar los prestamos alegremente y la gente que ha puesto la mano sin reparo, firmando hipotecas irreflexivamente, era gente que se creía con derechos, pero no con deberes, que todo era Jauja y vacas gordas, no pensaron que había que pagar y que la prosperidad reside en los propios actos, en vivir con mesura en el marco de las propias posibilidades en el esfuerzo y el trabajo. El Código Civil establece el principio de responsabilidad universal en términos de que del “cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”; es evidente que tanto el dador como el tomador del préstamo, a veces, se condujeron a la ligera, de modo temerario, sin la prudencia que exige la incertidumbre del futuro.
Hay que evitar echar a la calle a familias en circunstancias extremas. No obstante, “actualmente la banca -dice C. García-Abadillo- tiene prestados 800.000 millones para viviendas, si se dejaran de pagar las hipotecas, resulta que todas las medidas, que se han tomado para sanear el sistema financiero, no serviría para nada, sería como una bomba atómica para el sector… Las pérdidas de las entidades serían fatales y afectarían a la financiación, lo que supondría el colapso del sistema”
La reforma requiere la modificación legislativa que asegure la materialización las causas de extrema necesidad que, en el futuro, impidan la ejecución de las deudas hipotecarias y, a la vez, exige precisión y claridad para salvar y defender el mercado hipotecario en el porvenir.
C. Mudarra