“Quousque tandem abutere, Catilina,”… Asistimos al deterioro de la instituciones; cuando una nación sufre una gran crisis, todo el sistema entra en descomposición. Hay muchos Catilinas que maniobran para destrozar el Ordenamiento Actual, buscan el derribo del Sitema, implantan la insumisión, la desobediencia, el acoso y la vejación, conculcan las libertades, el derecho personal y la intimidad individual, trantando de imponer el desorden y el libertinaje. Las cosas no marchan, se extiende la putrefacción de la partitocracracia, crece el malestar, el descontento y el disgusto social, se palpa el repudio por la política y el rechazo del status jurídico y politico, la política no puede ya ser la misma y la gente lo sabe, se da cuenta. Ayer lo decía V. Prego: No solo se tambalea la Monarquía, sino que peligra la Constitución. No es admisible que el Estado de Derecho se instale en el continuo callar y ceder. Ello equivale al mismísimo hundimiento del sistema, porque, si se rompe la ley sin sanctión una sola vez, se rompe el ordenamiento entero. El Estado debe cumplir sin titubear su función y razón de ser. El Gobierno tiene la obligación de velar y hacer cumplir las leyes, está para garantizar los derechos elementales de los ciudadanos.
En esa labor de quebranto, están los gobernantes nacionalistas y con ellos los colegios que obedecen sus consignas; con el titulillo de cumplir la voluntad del “poble”, desobedecen y desprecian abiertamente las leyes, acoquinan al poder central y éste, ingenuo, durante décadas, los mantiene y les da dineros, con los que ocultar sus miserias. Al día siguiente de que el TSJ Catalán instara a la Generalidad a equiparar el Castellano y el Catalán, el Parlament rechazó una moción de Ciutadans que solicitaba que ambas lenguas se usen en la escuela de forma “equilibrada y suficiente”. El Govern expresó su rechazo a obedecer a los jueces y el colectivo escolar hizo un llamamiento a la insumisión; todos los grupos politicos menos el autor de la moción se sumaron y escenificaron su estrategia de presentar batalla a Madrid. Es lo mismo que perpetraron ayer los tres palamentarios de ERC en el Congreso de los Diputados, al autoexpulsarse representando la payasada de hablar en catalán en la Tribuna a sabiendas de la prohibición, pues la cooficialidad sólo es vigente en el seno de la Comunidad. A Albert Rivera, CUP le organizó un “escarnio”mayúsculo en un acto que tenía convocado. En estos embates, los sectores de la izquierda radical aspiran a llegar al Parlamento por la presión callejera, las plataforrmas reparten consignas a socaire de la solidaridad, consignas de matiz politico, que se han convertido en un ariete fabuloso contra el Gobierno; agitan la bandera de la dación en pago para recusar el sistema; cargados de su incisiva intención ideológica, se las arreglan para convertir un problema grave en motivo de división, enfrentamiento y agresividad.
La Junta Andaluza, expropiando viviendas, ha aprobado un Decreto-Ley de Medidas, por el que declara la Función Social de la Vivienda; se sustenta en la filosofía totalitaria de que “utilidad individual y function social configuran unitarimente el contenido del derecho de propiedad”. Además de los EREs fraudulentos y de tener el enorme índice de Paro, se ha sacado el invento de la expropiación, que, remedo teológico de la Liberación, es decir, “Apropiación”, consuma un abierto ataque al derecho de propiedad privada de pisos, para ellos darlos en alquiler a inquilinos que no pagan; justifica tal medida en su apreciación de que la popiedad tiene un límite, que es la ”función social”; la Junta Socialcomunista en Sevilla decide la function social adecuada para la propiedad ajena. Esta disposición exhala un alto cariz socializante, más del gusto soviético, que de los cauces económicos de nuestro mundo occidental; trata la sangria de los desahucios, pero se inserta en el discordante modo intervencionista y revolucionario.
Mientras tanto los gobiernos, este y los anteriores, asisten en riguroso silencio al pertinaz ataque al sistema y a los derechos, no en el uso de las lenguas, sino en el cuplimiento de la legalidad. Ese amilanamiento de años es el que ha hecho posible que el Castellano se haya expulsado de la enseñanza catalana, que se dé el espectáculo de la confrontación, la escenificación de la ofensa, esa que claman recibir, para sacar dinero y ocultar sus errores y mangoneo y que se acose y denigre a gente del PP en su fuero interno. Hay que detener los acosos e inhabilitar a todo responsable que se niegue al cumplimiento de la resoluciones judiciales. Según F. González, tenemos una “crisis institucional que galopa hacia la anarquía”. Anarquía y caos es lo que se está respirando en medio de este barullo y cabreo de tanta gente en su sufrimiento. El Estado de Derecho tiene unas posiblidades máximas de defensa del ordenamiento jurídico y no tolera a nadie que trate de volar los cimientos de la legalidad. Los ciudadanos han de plegarse y cumplir el mandato judicial, no pueden declararse insumisos a los tribunales ni saltarse la ley y las sentencias a voluntad.
C. Mudarra
En esa labor de quebranto, están los gobernantes nacionalistas y con ellos los colegios que obedecen sus consignas; con el titulillo de cumplir la voluntad del “poble”, desobedecen y desprecian abiertamente las leyes, acoquinan al poder central y éste, ingenuo, durante décadas, los mantiene y les da dineros, con los que ocultar sus miserias. Al día siguiente de que el TSJ Catalán instara a la Generalidad a equiparar el Castellano y el Catalán, el Parlament rechazó una moción de Ciutadans que solicitaba que ambas lenguas se usen en la escuela de forma “equilibrada y suficiente”. El Govern expresó su rechazo a obedecer a los jueces y el colectivo escolar hizo un llamamiento a la insumisión; todos los grupos politicos menos el autor de la moción se sumaron y escenificaron su estrategia de presentar batalla a Madrid. Es lo mismo que perpetraron ayer los tres palamentarios de ERC en el Congreso de los Diputados, al autoexpulsarse representando la payasada de hablar en catalán en la Tribuna a sabiendas de la prohibición, pues la cooficialidad sólo es vigente en el seno de la Comunidad. A Albert Rivera, CUP le organizó un “escarnio”mayúsculo en un acto que tenía convocado. En estos embates, los sectores de la izquierda radical aspiran a llegar al Parlamento por la presión callejera, las plataforrmas reparten consignas a socaire de la solidaridad, consignas de matiz politico, que se han convertido en un ariete fabuloso contra el Gobierno; agitan la bandera de la dación en pago para recusar el sistema; cargados de su incisiva intención ideológica, se las arreglan para convertir un problema grave en motivo de división, enfrentamiento y agresividad.
La Junta Andaluza, expropiando viviendas, ha aprobado un Decreto-Ley de Medidas, por el que declara la Función Social de la Vivienda; se sustenta en la filosofía totalitaria de que “utilidad individual y function social configuran unitarimente el contenido del derecho de propiedad”. Además de los EREs fraudulentos y de tener el enorme índice de Paro, se ha sacado el invento de la expropiación, que, remedo teológico de la Liberación, es decir, “Apropiación”, consuma un abierto ataque al derecho de propiedad privada de pisos, para ellos darlos en alquiler a inquilinos que no pagan; justifica tal medida en su apreciación de que la popiedad tiene un límite, que es la ”función social”; la Junta Socialcomunista en Sevilla decide la function social adecuada para la propiedad ajena. Esta disposición exhala un alto cariz socializante, más del gusto soviético, que de los cauces económicos de nuestro mundo occidental; trata la sangria de los desahucios, pero se inserta en el discordante modo intervencionista y revolucionario.
Mientras tanto los gobiernos, este y los anteriores, asisten en riguroso silencio al pertinaz ataque al sistema y a los derechos, no en el uso de las lenguas, sino en el cuplimiento de la legalidad. Ese amilanamiento de años es el que ha hecho posible que el Castellano se haya expulsado de la enseñanza catalana, que se dé el espectáculo de la confrontación, la escenificación de la ofensa, esa que claman recibir, para sacar dinero y ocultar sus errores y mangoneo y que se acose y denigre a gente del PP en su fuero interno. Hay que detener los acosos e inhabilitar a todo responsable que se niegue al cumplimiento de la resoluciones judiciales. Según F. González, tenemos una “crisis institucional que galopa hacia la anarquía”. Anarquía y caos es lo que se está respirando en medio de este barullo y cabreo de tanta gente en su sufrimiento. El Estado de Derecho tiene unas posiblidades máximas de defensa del ordenamiento jurídico y no tolera a nadie que trate de volar los cimientos de la legalidad. Los ciudadanos han de plegarse y cumplir el mandato judicial, no pueden declararse insumisos a los tribunales ni saltarse la ley y las sentencias a voluntad.
C. Mudarra